Revisión de designaciones: cruce entre Bahl y el varisquismo

La decisión del intendente de Paraná Adán Bahl de revisar designaciones y recategorizaciones efectuadas por Sergio Varisco, avanzó con la declaración de actos lesivos para la Municipalidad, de las resoluciones tomadas por el radical. Esta decisión, llevó a que se atacara la medida por parte del varisquismo.

Se conoció en las últimas horas, que Bahl revisó los nombramientos y recategorizaciones de unas 40 personas que mejoraron su situación dentro de la Municipalidad de Paraná, en la gestión de Sergio Varisco.

El intendente actual consideró lesivos tales actos administrativos, ya que "fueron realizados sin los recaudos que den sustento a dicha designación, careciendo de autorización presupuestaria o delegación legislativa que autorice el gasto a generarse para esta administración municipal"

Bahl marcó en el decreto en cuestión que las recategorizaciones o designaciones fueron a personas ligadas políticamente con el anterior intendente, quienes repentinamente gozaron de los ascensos o mejoras administrativas, sin tener justificación o el tiempo suficiente.

Tales actos administrativos se dispusieron en la parte final de la gestión de Varisco, por lo que luego del estudio legal, los decretos en cuestión fueron revocados.

De esta manera, el ascenso de categoría o bien la designación como empleado de planta, se retrotraerán a su anterior situación de revista.

Uno de los casos considerados paradigmáticos en la decisión de nombrar a "amigos" en cargos "muy llamativos", fue el de dar marcha atrás con la designación del nuevo director de bajada de lanchas.

Tambien se observó las designaciones como:

Jefe de Sección Desratización

Jefe de Sección Desinsectación

jefe de la Dirección Municipal de Bajada de Lanchas

Directora de Escobería

Persecución política

La que salió al cruce de la decisión de Bahl, fue la concejal radical Claudia Acevedo. "Considero que esta decisión violenta la estabilidad del empleado municipal que ve como sus derechos adquiridos -muchos ellos desde 2016- hoy se ven vulnerados, siendo una medida anticonstitucional la que toma el intendente", alertó la edil, para luego agregar: "Desde la vuelta a la democracia, todas las gestiones municipales han utilizado los mismos mecanismos de contratación, por lo tanto, resulta llamativo que el actual intendente observe ahora esta modalidad de atacar los nombramientos de otra gestión con signo político diferente, sin que importen demasiado los derechos de los trabajadores".

Acevedo consideró que "los nombramientos de la gestión anterior fueron legítimos ya que -como en toda gestión municipal- hay organismos internos de control financiero y patrimonial, como lo son la Contaduría y la Tesorería municipal, quienes tienen el deber de observar y efectuar las oposiciones correspondientes".

"Esos organismo de control, son llevados adelante por personal de carrera del municipio y que de ningún modo podrían verse teñidos por el color político de la gestión de turno", clarificó la edil.

La actual vicepresidente del Comité Capital de la UCR, señaló que para que "el Presidente Municipal imparta una orden de pago ilegítima, el Contador que no la observe, y el tesorero que cumpla sin el previo visto bueno del contador, son civil, administrativa y penalmente responsables de la ilegalidad del acto. Por ende, resulta sospechoso que tantos decretos supuestamente ilegítimos hayan sido cumplimentados sin que hubiera ningún tipo de observación".

Acevedo reiteró que que resulta "una evidente persecución política hacia dichos nombramientos, siendo inaceptables que luego de más de un año y medio de su gestión los considere ahora lesivos a los intereses municipales y no cuando asumió, cuando se jactó de acusar a la gestión anterior de dejar un municipio vaciado. Ahora podemos observar que continuó con las obras de la administración precedente, e incluso licitando obras nuevas, siendo evidente que no hay falta de recursos en las arcas municipales".

Finalmente, Acevedo se solidarizó con los empleados y manifestó que se encuentran a disposición los letrados de la UCR para la defensa de los afectados.