Un proyecto legislativo pretende garantizar la continuidad laboral de los empleados de la tarjeta Sidecreer, una sociedad anónima creada el 11 de mayo de 2000 cuyo principal accionario es el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (Iapser), con un 67,33%, mientras que el 32% restante es del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas).
Reclaman que el Estado asegure el trabajo de agentes de Sidecreer
El diputado Ruberto pidió que se apruebe el proyecto que busca resguardar la fuente laboral de 80 familias
10 de julio 2017 · 13:42hs
Frente a la incertidumbre del sector por un supuesto intento privatista de la empresa, que incluso motivó un pronunciamiento del gobernador Bordet, la dirigencia política y organizaciones sindicales llamaron a proteger la fuente laboral de 80 familias.
El momento de mayor zozobra se produjo a fines del año pasado cuando se hablaba de la relanzar la firma con la llegada de un socio financiero, pero más allá de que el proyecto en cuestión nunca prosperó, los trabajadores se mantuvieron en alerta.
"De la misma manera que el Estado se hizo cargo en algún momento de trabajadores de entes estatales que desaparecieron, presenté un proyecto para decir que se debe garantizar a los trabajadores que el Estado entrerriano se hace cargo de su relación laboral. Acá hubo una secretaría que se encargó de un gasoducto, que después desapareció y los empleados fueron absorbidos. Lo mismo pasó con Laer, con quienes eran azafatas y hasta los pilotos fueron absorbidos por el Estado. Algo parecido ocurrió con los trabajadores del hotel Mayorazgo", comparó el diputado provincial y dirigente sindical, Daniel Ruberto.
En su artículo 1° la iniciativa declara al Estado provincial como "responsable subsidiario ante los empleados de Sidecreer SA. Y por su carácter de únicos accionistas, al Iafas y al Iapser". El segundo artículo, a fin de cuentas el más importante, considera que "dicha responsabilidad subsidiaria incluye la obligación de reconocer a los empleados de Sidecreer SA efectivos al 30 de septiembre de 2016, conforme anexo I, conservando en todos los casos y sin excepción su antigüedad laboral, remuneración normal y habitual, situación de revista, categoría en el escalafón de empleados públicos de la provincia equivalente a la que actualmente poseen en Sidecreer y demás derechos adquiridos, otorgando así a los trabajadores una garantía de ocupación".
Se añade, en el artículo 3°, que "la presente comenzará a regir en caso de liquidación, concurso preventivo, fusión, cese de actividades, reducción por efecto de los cuales se produjesen despidos del personal de Sidecreer".
Ruberto repasó los términos de este proyecto y a la vez reconoció que la idea surgió después de varias asambleas en la que consiguió legitimidad a partir de un mandato otorgado en su carácter de secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de Paraná. El dirigente explicó que todos los trabajadores son afiliados al gremio y que en esta coyuntura se unieron "para proteger el empleo".
"El Estado auxilia; en ese momento se quería 'privatizar' pero no se explicó bien a los trabajadores. Ellos querían saber qué iba a suceder con su fuente laboral, después se podía discutir. Por eso hicimos este proyecto de ley, que todavía está en comisiones y aún no ha sido aprobado. Esta es una aparición pública para reclamar a quien tenga que hacerlo", reflexionó en una visita a UNO.
El diputado describió como "normal" la situación actual en materia laboral de la tarjeta estatal, pero se mantiene la alerta "ante el embate de organismos crediticios, de gente que se quiere quedar con este negocio. En algún momento la tarjeta estuvo totalmente desfinanciada y recurrió a financiarse en mutuales porque tenía atrasos en el sistema de pagos. Y eso hizo que la gente temiera. En algún momento hubo un manejo no profesional: manejar una tarjeta comercial requiere capacidad, porque si me quedo retrocedo y pierdo ante otros competidores. En la medida que no crezca tiendo a desaparecer. Sería bueno que además de darle esta tranquilidad a los trabajadores, las manejemos con más profesionalidad", remarcó.
"De la misma manera que el Estado se hizo cargo en algún momento de trabajadores de entes estatales que desaparecieron, presenté un proyecto para decir que se debe garantizar a los trabajadores que el Estado entrerriano se hace cargo de su relación laboral. Acá hubo una secretaría que se encargó de un gasoducto, que después desapareció y los empleados fueron absorbidos. Lo mismo pasó con Laer, con quienes eran azafatas y hasta los pilotos fueron absorbidos por el Estado. Algo parecido ocurrió con los trabajadores del hotel Mayorazgo", comparó el diputado provincial y dirigente sindical, Daniel Ruberto.
En su artículo 1° la iniciativa declara al Estado provincial como "responsable subsidiario ante los empleados de Sidecreer SA. Y por su carácter de únicos accionistas, al Iafas y al Iapser". El segundo artículo, a fin de cuentas el más importante, considera que "dicha responsabilidad subsidiaria incluye la obligación de reconocer a los empleados de Sidecreer SA efectivos al 30 de septiembre de 2016, conforme anexo I, conservando en todos los casos y sin excepción su antigüedad laboral, remuneración normal y habitual, situación de revista, categoría en el escalafón de empleados públicos de la provincia equivalente a la que actualmente poseen en Sidecreer y demás derechos adquiridos, otorgando así a los trabajadores una garantía de ocupación".
Se añade, en el artículo 3°, que "la presente comenzará a regir en caso de liquidación, concurso preventivo, fusión, cese de actividades, reducción por efecto de los cuales se produjesen despidos del personal de Sidecreer".
Ruberto repasó los términos de este proyecto y a la vez reconoció que la idea surgió después de varias asambleas en la que consiguió legitimidad a partir de un mandato otorgado en su carácter de secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de Paraná. El dirigente explicó que todos los trabajadores son afiliados al gremio y que en esta coyuntura se unieron "para proteger el empleo".
"El Estado auxilia; en ese momento se quería 'privatizar' pero no se explicó bien a los trabajadores. Ellos querían saber qué iba a suceder con su fuente laboral, después se podía discutir. Por eso hicimos este proyecto de ley, que todavía está en comisiones y aún no ha sido aprobado. Esta es una aparición pública para reclamar a quien tenga que hacerlo", reflexionó en una visita a UNO.
El diputado describió como "normal" la situación actual en materia laboral de la tarjeta estatal, pero se mantiene la alerta "ante el embate de organismos crediticios, de gente que se quiere quedar con este negocio. En algún momento la tarjeta estuvo totalmente desfinanciada y recurrió a financiarse en mutuales porque tenía atrasos en el sistema de pagos. Y eso hizo que la gente temiera. En algún momento hubo un manejo no profesional: manejar una tarjeta comercial requiere capacidad, porque si me quedo retrocedo y pierdo ante otros competidores. En la medida que no crezca tiendo a desaparecer. Sería bueno que además de darle esta tranquilidad a los trabajadores, las manejemos con más profesionalidad", remarcó.