Quedó firme el veto a la ley de contrataciones de alta significación

La Asamblea Legislativa dejó firme ayer el veto del Poder Ejecutivo provincial a una ley recientemente sancionada que establecía un control previo del Tribunal de Cuentas a las contrataciones de alta significación económica en todas aquellas licitaciones públicas comprendidas en el Régimen de Contrataciones del Estado provincial, cuyo presupuesto oficial superara tres veces el monto tope ministerial establecido para efectuar las licitaciones públicas comprendidas en el Régimen de Contrataciones del Estado; y de 10 o 20 veces según se trate de obras públicas de arquitectura o de ingeniería.

El de ayer fue el tercer y último llamado para que la Asamblea se pronuncie al respecto. El resultado de la votación fue 28 a 17 a favor de dejar firme el veto. El fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes, había explicado la decisión del gobernador, Gustavo Bordet, de vetar la ley señalando que desde el punto de vista administrativo “al control previo lo ejerce la Contaduría General de la Provincia, tanto sobre los aspectos presupuestarios contables y de cumplimiento de la ley de contrataciones (...)”.

Igualmente dijo: “Al control de legalidad lo tiene que tener la Fiscalía de Estado, más allá de que no hay una ley nueva actual que regule, que reglamente el funcionamiento de la Fiscalía de Estado, estamos con una ley vieja”.

El senador justicialista Ángel Giano (Concordia) fue el encargado de explicar los motivos por los que el bloque peronista respaldó el veto total a la ley: “Se trata de un principio básico republicano. Se promulgan leyes y también se vetan”, explicó, y destacó el accionar del gobernador en cuanto a la transparencia que guían sus actos administrativos. Recordó el derrotero del proyecto de ley que se refiere a una manda constitucional, como son las contrataciones de alta significación económica.

Reconoció que, más allá del esfuerzo de las cámaras, se omitió parte de lo establecido en la carta magna cuando dispone el marco para la ley. Indicó que tal como fue redactado, el artículo 1 del proyecto vetado podría invadir atribuciones propias de la Contaduría. Otra omisión fue no hacer referencia expresa, al momento de definir grandes contrataciones, a las regidas por la Ley de Obras Públicas, y solo se hizo referencia a las reguladas por la Ley de Administración Financiera. Los legisladores de Juntos por el Cambio criticaron: “Sigue en pie esta cuestionable tradición del peronismo entrerriano de evitar controles”.