¿Qué iba a pasar el 7D?

Para entender exactamente que es la "Ley de Medios" debemos remontarnos a agosto de 2009 cuando la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, envió un proyecto de ley a la Cámara de Diputados para reemplazar la Ley Nacional de Telecomunicaciones n°.19.798 sancionada el 22 de agosto de 1972, durante la presidencia de Agustín Lanusse. El principal objetivo de esta ley era permitir la apertura del mercado audiovisual, dando lugar a la descentralización de licencias.

El enfrentamiento más explícito entre el Grupo Clarín, el grupo económico que mayor concentración de medios tiene en la Argentina, no se da por la Ley en si, sino por algunos de sus artículos, específicamente el 161, que obliga, tanto al Grupo Clarín, como al resto de los grupos multimedios de nuestro país, a adecuarse y cumplir con los límites que se imponen respecto de la cantidad máxima de medios que cada uno de ellos puede tener, dando lugar, a la famosa "pluralidad de voces".

Luego de que la ley fuera sancionada, en octubre de 2009, el Grupo Clarín presentó una medida cautelar para frenar los artículos 41 y 161, que tienen que ver, justamente, con la obligación de los grupos periodísticos, de deshacerse de algunas de sus licencias. Fueron varios los fallos que se fueron sucediendo, hasta que finalmente la Corte Suprema de Justicia, dictaminó, el 23 de mayo de este año, que la medida cautelar vencía, efectivamente, el 7 de diciembre, considerando además como "razonable" el período de tres años, aunque lo acortó un año por considerar como fecha inicial octubre de 2009, es decir, cuando el Grupo Clarín presentó la medida cautelar.

A partir del 7 de diciembre, desde la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), presidida por Martín Sabatella, sostuvieron que ese día, si el multimedios no se adecuaba de manera voluntaria, el organismo estatal podía licitar de oficio las licencias excedidas, lo cual finalmente y por el momento no ocurrirá hasta que haya sentencia definitiva de la justicia sobre los planteos de inconstitucionalidad de los artículos cuestionados.