Procesaron por robo de bebés a los médicos Vainstub y Rossi

La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná procesó a los médicos y dueños del Instituto Privado de Pediatría (IPP) David Vainstub y Jorge Rossi, acusados por sustracción de bebés y supresión de identidad durante la dictadura, en el caso de los hijos mellizos de los detenidos-desaparecidos Ángela Raquel Carolina Negro y Edgar Tulio Valenzuela.
La Cámara hizo lugar a los recursos de apelación de los querellantes y la Fiscalía y revocó la falta de mérito que había sido dispuesta oportunamente por el juez Leandro Ríos. En consecuencia, procesó a ambos médicos por su intervención en los hechos ocurridos en marzo de 1978, cuando estuvieron internados en el IPP los mellizos de Raquel Negro, provenientes del Hospital Militar. Ambos niños fueron entregados a personas ajenas a la familia biológica. La beba mujer restituyó su verdadera identidad en 2008, mientras que el niño continúa desaparecido. 
Anteriormente, la Cámara había revocado también la falta de mérito que Ríos había dispuesto para el director de la clínica, Miguel Torrealday, a quien también procesó.
La Cámara desestimó los argumentos de la defensa acerca de que los médicos no tuvieron conocimiento de la internación en Neonatología del IPP de los bebés, ya que se trataba de un nosocomio de puertas biertas, que desconocen quién fue el médico tratante y que tampoco saben quién los retiró, se informó a UNO.
Los bebés fueron internados en el IPP con nombres falsos: la niña como Soledad López y el niño como NN López, ambos provenientes del Hospital Militar. Así quedó asentado en el libro de ingresos y egresos que con los años se convirtió en prueba documental para el caso.
“Sostenemos que los médicos conocían el origen de los mellizos y que a pesar de ello no dieron aviso al juez de menores, y en vez de entregarlos a las personas legitimadas para hacerlo, padres o tutores, se los entregaron a sus apropiadores. En el caso de Sabrina está probado que la entregaron a (Juan Daniel) Amelong y (Walter) Pagano”, señaló Sofía Uranga, coordinadora de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Entre Ríos y abogada querellante por H.I.J.O.S. Regional Paraná.
“Se les imputa la supresión de la identidad de dos menores de diez años y la retención y ocultamiento de los dos niños”, indicó. “Esto se suma al procesamiento que se realizó el año pasado con Miguel Torrealday, otro de los socios, a quien también se había dictado falta de mérito, luego vino la apelación y el procesamiento”, señaló.
Desde la Subsecretaría de Derechos Humanos celebraron lo resuelto por la Cámara: “Estamos muy contentos porque significa un avance en el objetivo de poder encontrar al Melli. En ese camino buscamos que se haga justicia y establecer las responsabilidades penales. La Cámara ya había dicho en una resolución anterior que había que investigar a toda la institución”, sostuvo Uranga, quien consideró que “el juez Ríos tomó una decisión política cuando señaló que no había que procesar a los médicos y dictar falta de mérito, porque la prueba era suficiente. En este caso se ve claro como actuó la complicidad civil en el marco de un plan sistemático de apropiación de niños. Era necesaria para que se perpetúe esa apropiación; aunque los jueces ahora señalan que esa participación es secundaria”.