Leonardo Fornerón nunca se rindió. Fue padre en junio de 2000 cuando su expareja dio a luz a una beba en Victoria, Entre Ríos. Pero su hija, sin su consentimiento, fue entregada por la madre biológica a un matrimonio de Buenos Aires con fines de adopción. Él lucho por su paternidad y por la restitución de la niña, y después de tanto esfuerzo tuvo una buena noticia desde los tribunales porteños: un juez procesó a diez personas por el delito de sustracción de un menor de diez años.
Procesan a ex juez y funcionarios judiciales entrerrianos por adopción ilegal
En 2000, una mujer dio a luz a una beba y la entregó a una pareja sin el consentimiento del padre biológico. Ahora, procesaron a 9 personas, entre ellos: abogados, funcionarios judiciales y un ex juez. Además, hay millonarios embargos.
25 de febrero 2018 · 13:46hs
Así lo informaron a La Nación calificadas fuentes judiciales. La decisión fue tomada por el juez criminal y correccional Marcos Fernández.
Los procesamientos
El magistrado procesó a la madre biológica, identificada como D.E.E.; al matrimonio adoptivo integrado por B. y Z., y a Raúl del Valle, que hace 17 años, cuando nació la beba, era juez en lo Civil y Comercial de la ciudad de Victoria.
El juez Fernández también procesó por el mismo delito a los funcionarios judiciales que en junio de 2000 cumplían las funciones de defensores de pobres y menores, Julio Guaita y Marcelo Balbi; la perito psicóloga Daniela Kairuz, y el abogado que en su momento representó a los "padres adoptivos", Salvador Espona, y a dos hombres que hicieron las veces de intermediarios entre las partes.
El magistrado, además de procesar sin prisión preventiva a los acusados, les trabó un embargo sobre sus bienes hasta cubrir sumas de entre 500.000 y 2.200.000 pesos. La menor siempre vivió con los padres adoptivos en Buenos Aires.
El delito de sustracción de un menor tiene prevista una pena de entre 5 y 15 años de prisión. Todos los acusados continuarán el proceso en libertad.
Revinculación
El caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en 2012 sentenció que el Estado argentino había violado los derechos esenciales de padre e hija a convivir en familia, además de negar el derecho a la identidad, y obligó a garantizar un proceso que culmine en la revinculación entre Fornerón y la menor.
"La ilegítima entrega de XX [tal como se define a la menor en el expediente judicial], en el que asumieron un rol protagónico la madre biológica, el matrimonio integrado por B. y Z. [como se identifica a la pareja], y el defensor Guaita, constituye un rol neurálgico de la imputación, al que luego le va a seguir una extensa cadena de ilegalidades que, bajo ropajes formales, se opondría entre Fornerón y su hija", afirmó el fiscal Ignacio Mahiques, en un dictamen firmado en septiembre pasado donde solicitó la declaración indagatoria de los diez imputados.
La Nación