La Superintendencia de Servicios de Salud autorizó un nuevo aumento de las tarifas de las prepagas a partir de diciembre: se aplicará un incremento de un 13,8%, para totalizar una suba del 113,8% en 12 meses, un porcentaje que supera notablemente a la inflación. Previamente hubo un ajuste este mes (11,53%), que se sumó al de agosto (11,34%), julio (4%), junio (10%), mayo (8%), abril (6%), marzo (6%) y enero (9%).

Ante esta medida, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner mostró su disconformidad y manifestó: “Resulta francamente inaceptable el nuevo aumento, esta vez de dos dígitos (13,8%), que el Gobierno autorizó a las empresas de medicina prepaga, y que de esta manera suman el 114% anual de aumento otorgado. O sea, más de un 20% sobre la inflación anualizada”.

También hizo alusión al tema la ministra de Salud de Entre Ríos, Sonia Velázquez, quien abrió el interrogante acerca de si el nuevo aumento autorizado a la medicina privada supondrá “mayor cobertura y calidad de atención para los afiliados”, recordando que durante las primeras etapas de la pandemia del coronavirus la mayor demanda fue absorbida por el sistema público.

Sucede que en los últimos meses se incrementaron las quejas de los usuarios en torno a la atención de numerosas prepagas y obras sociales por demoras o falta de cobertura en diferentes prestaciones que están incluidas en el Programa Médico Obligatorio (PMO), lo que acrecienta la angustia de muchos pacientes que están atravesando una enfermedad que requiere atención inmediata o en el corto plazo. Y muchos de ellos deben interponer un recurso de amparo para que las prepagas cumplan con su obligación.

El abogado Nicolás Arias Gambaro (matrícula profesional 9265), referente de un estudio jurídico especializado en temas vinculados a salud, señaló a UNO: “Hoy en día es lamentable la actuación tanto de las obras sociales como de las prepagas. Parecería que la modalidad para que se brinde la cobertura es mediante la presentación de una acción de amparo, porque la mayoría de las personas van a la obra social y se la niegan, dilatan o demoran. Muchas veces, ante la necesidad y ante la desesperación, hay afiliados que salen en búsqueda de un préstamo para pagarla, o recurren de los pocos ahorros que tienen para comprar medicación o afrontar el tratamiento, cuando en realidad es una obligación de la obra social o de la prepaga brindar esa cobertura”.

A su vez, comentó: “También sucede mucho que le dan la cobertura en forma parcial, en vez de cumplirla el 100% como establece la norma. Solamente suelen cumplir un 30% o un 40% del tratamiento cuando corresponde que sea el total. Hay un abuso de parte de las prepagas y las obras sociales, que juegan con la desesperación. Por ejemplo, hay casos de gente que tiene a su pareja con cáncer, necesita atención inmediata, va a la obra social o prepaga y le demoran las autorizaciones, y en esa desesperación uno hasta vende el auto para comprar la medicación”.

Con respecto a los tiempos en que se resuelven los casos, precisó: “Desde que se interpone la acción de amparo hasta que se dicta sentencia, pasan aproximadamente, como mucho, entre 10 y 15 días. Es una acción sumamente expedita y la más rápida que tenemos dentro del sistema judicial”.

El estudio jurídico al que pertenece Arias Gambaro fue el que el año pasado presentó un amparo y logró que una prepaga cumpliera con su obligación de cubrirle la medicación que necesitaba en forma urgente una paciente de 30 años en tratamiento oncológico en Paraná. Cada ampolla tenía un costo de 600.000 pesos y la prepaga solo pretendía cubrir el 50%, por lo que los familiares y allegados organizaron cruzadas solidarias que le dieron visibilidad al caso. La joven finalmente falleció.

Según mencionó el abogado, se trata de una prepaga que registra incumplimientos de manera constante, por lo que es recurrente que haya usuarios que tengan que exigir en la justicia la cobertura que les corresponde. Pero no es la única y refirió: “Hoy muchas obras sociales o prepagas piden presentaciones de formularios o de estudios previos que antes no requerían, para dilatar los tiempos. Pasó ahora con una clienta que su marido sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) y necesitaba que le hicieran un estudio puntual, pero desde la obra social le exigían estudios previos que no existen, porque se trató de una emergencia. Así que lamentablemente, ante la necesidad y la urgencia, lo tuvo que abonar en forma particular para hacerlo. Pasa con diferentes cuestiones, desde tratamientos oncológicos hasta cobertura de medicamentos”.

Asimismo, mencionó: “Actualmente hay muchos amparos por el tema de discapacidad, por falta de cobertura en los tratamientos o del pago a los prestadores. Es una acción que estamos realizando nosotros porque la falta de pago a los prestadores, como psicopedagogos y demás, que genera que se vea vulnerado el derecho de las personas con discapacidad. Entonces se interpone un recurso de amparo para que se pague en forma rápida, sin que tenga que esperar varios meses, para que se pueda continuar con el tratamiento. Esto se ha implementado en el último año, antes no se daba, y lo hemos logrado tanto en primera instancia como el Superior Tribunal de Justicia”.

Fernán Poidomani, director general de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de Entre Ríos, indicó a UNO que si bien “la gente recurre al amparo porque significa una herramienta que brinda mayor inmediatez en cuestiones de salud que requieren atención inmediata”, también en el organismo reciben consultas, quejas o denuncias sobre incumplimientos de prepagas: “Que se presente un recurso de amparo, que en Entre Ríos es muy usado y con buenos resultados, y que después cumplan con la prestación, no quita que se pueda hacer luego una acción por incumplimiento de la ley por no prestar el servicio en debida forma”, explicó.

En este marco, mencionó: “Nosotros recibimos denuncias e inclusive hace unos días aplicamos una multa de 5 millones de pesos contra una empresa prestadora de servicio de medicina que fue sancionada porque no dio cumplimiento a una prestación oncológica, que está en el PMO”.

También Cecilia Pautaso, defensora del Pueblo adjunta en Paraná, se refirió al tema y subrayó que llegan al organismo consultas o quejas hacia obras sociales o prepagas “por falta de cumplimiento de prestaciones o por la tardanza en autorizar algunas cuestiones”, y sostuvo: “Hemos visto que hay un reclamo que ha aumentado pasado el primer tiempo de la pandemia, en el que mucha gente había suspendido cirugías o postergado cuestiones médicas que eran ajenas al covid. Ahora que volvieron a atenderse, en las obras sociales se encontraron con que tenían recortes de cápita o donde no les contemplaban algunas coberturas, o se demoraban en autorizaciones de cirugías. También observamos que hay obras sociales que quieren cambiar de plan a alguien para darle el aporte por celiaquía, por ejemplo, cuando no corresponde”.

Por último, observó que esto impacta en el sistema de salud público, y recordó la preocupación de autoridades del hospital San Martín respecto a que más gente que tiene obra social o prepaga asiste al nosocomio para atenderse debido a los retrasos de parte de las mismas en las autorizaciones para una cirugía o tratamiento, o por cortes en las prestaciones, como ocurre en odontología y otras especialidades.

uncias sobre incumplimientos de prepagas: “Que se presente un recurso de amparo y de que cumplan después con la prestación no quita que a pesar que se pueda hacer después una acción por incumplimiento de la ley por no prestar el servicio en debida forma”, explicó.

En este marco, mencionó: “Nosotros recibimos denuncias y inclusive hace unos días aplicamos una multa de 5 millones de pesos contra una empresa prestadora de servicio de medicina que fue sancionada porque no dio cumplimiento a una prestación oncológica, que está en el PMO”.

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Por su parte, Cecilia Pautaso, defensora del Pueblo adjunta en Paraná, indicó que también le llegan al organismo consultas o quejas hacia obras sociales o prepagas “por falta de cumplimientos de prestaciones o por la tardanza en el cumplimiento de algunas cuestiones”, y sostuvo: “Hemos visto que hay un reclamo que ha aumentado pasado el primer tiempo de la pandemia, en el que mucha gente había suspendido cirugías o postergado cuestiones médicas que eran ajenas al covid y ahora que volvieron a atenderse y en las obras sociales se encontraron con que tenían recortes de cápita o donde no les contemplaba algunas cuestiones, o se dan tardanzan en autorizaciones de cirugías. También observamos que hay obras sociales que quieren cambiar de plan a alguien para darle el aporte por celiaquía, por ejemplo, cuando no corresponde”.

Por último, recordó la reciente preocupación de autoridades del hospital San Martín respecto a que más gente que tiene obra social o prepaga asiste al nosocomio para atenderse debido a los retrasos de parte de las mismas en las autorizaciones para una cirugía o tratamiento, o por cortes en las prestaciones, como ocurre en odontología y otras especialidades.