El gobierno nacional publicó el lunes en el Boletín Oficial, el Decreto Nº 604/2019 que reglamentó la Ley N° 27.507 de emergencia económica, productiva, financiera y social por 365 días a la cadena de producción de cítricos en las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Jujuy y Salta.
Postergan pagos impositivos y de la seguridad social a citricultores
Se disponen regímenes especiales en la prórroga de vencimientos que operen hasta el fin de la vigencia del decreto, y también para deudas.
3 de septiembre 2019 · 18:59hs
La reglamentación formalizada luego de más de tres meses de haberse sancionado la ley en el Congreso nacional es motivo de análisis en estos días de los productores y federaciones, aunque se hizo saber a UNO que no hay conformidad en el sector, teniendo en cuenta que lo que finalmente salió es una emergencia básica. Ello es, la prórroga de impuestos e implementación de regímenes especiales de pago tanto para deudas como para las obligaciones correspondientes a la vigencia de la emergencia, que podrán ser canceladas dentro de un año.
El Decreto Nº 604/2019 alcanza a los actores directos de la cadena de producción de cítricos, que abarca a productores, empacadores, comercializadores, industrializadores, contratistas y viveristas.
Para gozar de los beneficios corresponderá solicitar la adhesión al régimen en la forma, plazo y condiciones que fijará la Administración Federal De Ingresos Públicos (AFIP).
Entre los detalles, figuran regímenes especiales de prórroga que comprenden los vencimientos generales para el pago de las obligaciones impositivas y de la seguridad social operados o que operen desde el 21 de junio hasta el fin de la emergencia.
La nueva fecha de vencimiento para el pago de las obligaciones prorrogadas será el último día del mes siguiente al vencimiento de la emergencia.
Además, para la consolidación de la deuda correspondiente a las obligaciones, con vencimientos generales operados entre el 1º de marzo de 2018 y el 21 de junio de 2019, se les aplicará la tasa de interés del 1% mensual.
Para la cancelación de la deuda, la AFIP deberá disponer planes de facilidades de pago que no podrán superar las 90 cuotas mensuales, se estableció en la normativa