Con un acampe reclaman por las viviendas del excampo de Yedro

Cooperativistas se encadenaron en el acceso a la estancia del Departamento Tala para que se cumpla la promesa del gobierno anterior
10 de octubre 2017 · 22:46hs
Un grupo de hombres que representan a la Cooperativa Agropecuaria Aldea La Esperanza iniciaron el fin de semana un acampe en el camino de acceso al campo que le fuera confiscado al exsenador peronista Mario Yedro, en 2005, en una causa por corrupción. Los cooperativistas le reclaman al gobierno provincial la entrega de las 50 viviendas que forman parte de un plan habitacional construido con fondos nacionales, pero que hoy siguen deshabitadas. Después que la estancia pasara a manos del Estado en 2011 -se calcula que la propiedad tiene 2.164 hectáreas, en Raíces Norte, en el Departamento Tala- y en la última gestión de Sergio Urribarri se impulsó un ambicioso proyecto que consistía en la instalación de un aldea productiva, con la radicación de 100 familias, que desarrollarían actividades vinculadas a la agricultura familiar.

En ese momento había sido designado para desarrollar el proyecto el exministro de la Producción, Roberto Schunk, pero con el tiempo solamente se avanzó en la capacitación de los futuros trabajadores y en dotar a las viviendas de una infraestructura adecuada. "Estamos reclamando la entrega de las viviendas que nos prometieron en 2012 cuando se inició la Cooperativa armada por el gobierno. Quien debería tomar una resolución es el gobernador", explicó Pedro Farías, uno de los cooperativistas que permanece encadenado a la espera de una respuesta. Lo que en un principio se perfilaba como un proyecto productivo y social, quedó desactivado por una decisión política, más allá de que este año en la Legislatura se debatieron varias ideas para la explotación de inmueble.

Fuerte custodia Los cooperativistas habían convocado a una asamblea el sábado para debatir el cambio de estatuto, pero se encontraron con el despliegue de un fuerte operativo policial que impedía el acceso a la estancia, según denunció Farías en diálogo con UNO. "Estaba la policía de todos los grupos, como si fuéramos delincuentes. Nadie venía con ánimo de usurpar, nosotros habíamos cumplido con nuestra palabra; les avisamos a la Brigada que íbamos a tener una asamblea y después nos retirábamos", lamentó. Farías recordó que desde hace dos años vienen reclamando respuestas ante el gobernador Gustavo Bordet, el ministro de la Producción, Carlos Schepens, y diferentes funcionarios, aunque reconoció que nunca fueron escuchados. Sostuvo que el dolor más grande se produjo cuando fueron desalojados y perdieron 12.000 plantas de repollo, 10.000 plantas de coliflor, además de 360 colmenas y 5.000 pescados, que desaparecieron con el ingreso de la hacienda perteneciente a la Federación Agraria.

El nuevo proyecto Al quedar trunco el proyecto inicial, la gestión Bordet convocó a un concurso público de proyectos integrales para la explotación de ese campo, que actualmente atraviesa un proceso administrativo en diferentes organismos estatales. "Una vez elaborado el proyecto se elevó a Fiscalía de Estado, que lo aprobó, hizo un borrador de ese decreto, y es el que se está tramitando por diferentes reparticiones oficiales", confirmó a UNO Mario Acuña, subsecretario de Industria del gobierno provincial. El funcionario indicó que dentro del predio la producción está paralizada, y se excusó de brindar mayores detalles porque la competencia dentro del territorio y del reclamo de la Cooperativa es de la Fiscalía de Estado.

Sobre las características del concurso público y si estos tienen algún grado de relación con el proyecto encarado en el gobierno anterior respondió: "Es más amplio básicamente y está destinado a actividades productivas, pero desde una perspectiva de la investigación. La idea es que quienes presenten un proyecto, cualquiera sea la actividad que propongan hacer, además debe tener una fase investigativa de laboratorio, en una Unión Transitoria de Empresas (UTE) con cualquier universidad del ámbito de la provincia", consignó el funcionario. "Todo el conjunto que se desarrolló inicialmente se preserva y queda a disposición de la mano de obra que se vaya a incorporar, dándole prioridad a las personas de la zona. Una de las exigencias que tiene el contrato es que las viviendas sean para el uso de las personas
que vayan a trabajar", finalizó

Proyectos en danza que quedaron truncos

En marzo la Comisión de Legislación General abordó la cuestión a propósito de una petición del diputado provincial, Alberto Rotman (Cambiemos), quien en 2016 presentó un proyecto que planteaba la creación en el lugar de un centro de rehabilitación y tratamiento de adicciones. La diputada Rosario Romero (PJ-FPV), a cargo de la Comisión, había propuesto que se convoque al ministro de la Producción, Carlos Schepens, para que informara acerca de los proyectos productivos para la explotación de ese campo. "No es para un proyecto de ley, sino para una decisión política, donde realmente haya una fuerte inversión", opinó el diputado Juan Navarro (PJ-FPV).

Para el legislador de Tala, la única manera de poder concretar este emprendimiento era que a las 50 viviendas construidas en el lugar se le sumara una importante inversión en infraestructura y que se crearan las condiciones adecuadas para que los profesionales de la salud puedan trabajar en la recuperación de adictos. "Las casas están terminadas hace más de dos años, están muy bien hechas. Se trata de un plan de vivienda nacional destinado a zonas rurales.

Cada vivienda tiene un sistema de pozos independiente de agua, servicios y el acceso de ripio está casi terminado. Tiene muchas condiciones, y en ese predio tiene destinada cada casa alrededor de tres hectáreas. Es decir, es una propiedad en el que se pueden hacer varias cosas", le dijo a UNO en aquel momento. Al parecer, la iniciativa legislativa quedó en stand by en un año con una fuerte impronta electoral.
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