Violento intento de desalojo: Los heridos fueron a Tribunales a denunciar la represión

Tras el violento intento de desalojo producido este martes, en el predio de calle Churruarín y López Jordán de Paraná, algunas de las personas que resultaron heridas con postas de goma y gases lacrimógenos se presentaron en Tribunales para radicar una denuncia.

Esta mañana, a las 6, mediante una orden judicial del doctor Carlos Coglionesse, el Grupo de Inteligencia Armada (GIA), intentó desalojar violentamente a tres familias que viven en un predio en Churruarín y López Jordán de Paraná, desde hace 30 años.

En el procedimiento, personal del GIA utilizó gases lacrimógenos y balas de goma a las personas que viven en el lugar, vecinos e integrantes de la agrupación Movimiento Evita, que estaban apoyando a la familia.

La operación dejó 15 heridos, entre ellos tres menores de edad; un bebé de 8 meses, y dos niños de 5 y 9. Además, Emiliano Gómez Tutau, coordinador de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación, quedó demorado en la Comisaría 12º.

El director de Operaciones de la Policía de Entre Ríos, comisario Gustavo Maslein, se hizo presente en el lugar y suspendió el desalojo ordenado por el juez, a cargo del Juzgado Civil Nº 1.

Griselda Chávez, integrante de una de las tres familias, dijo a UNO: “Nunca pensamos que estas cosas podrían pasar. Esto es una pesadilla, un sueño horrible. Nosotros no hemos lastimado a nadie”.

La mujer, con lagrimas en los ojos explicó que “de la nada se aparecieron los de la GIA y nos empezaron a atacar. Mi esposo, José Ángel Petrechelli, está herido en el hospital San Martín con un hijo, amigos y vecinos. Además tengo tres nietos que están en el hospital San Roque”, dijo la mujer.

“Nosotros pensamos que el Estado se iba a hacer presente, iba a brindarnos una solución, nos iban a venir a ayudar. Pero no, nos han dado la espalda y fue la policía, quien apareció a la hora de empezado el intento de desalojo, que levantó el procedimiento”, apuntó Chévez.

“Hace 30 años que estoy acá con mi familia. Pagamos impuestos y, desde la Dirección de Catastro dicen que el terreno pertenece a mi esposo”, explicó la mujer y lamentó la situación que vivió con su familia esta mañana: “No puede ser que vengan con violencia, con represión, como si estuviéramos en 1976, a agredirnos”.

Ángela Petrechelli, hija de Griselda expresó: “Esto es horrible. Tengo mi hijo de 5 años en el hospital San Roque y, también, mis sobrinos de 8 meses y 9 años, quienes salieron heridos por los ataques de esta mañana. Es una vergüenza que estas cosas pasen. Nunca nos avisaron nada, de un día para otro vinieron a sacarnos. La GIA entró a nuestra casa sin importarle que hubieran menores o una joven discapacitada”, indicó Ángela y explicó que se trata de su hermana Carina Paola, de 30 años, quien tiene que someterse a un trasplante de riñón.

El apoyo

Jimena Franco, del Movimiento Evita resumió a UNO: "Esto empezó semana pasada donde hubo un intento de desalojo a raíz del fallo del juez Coglionesse, quien está a favor del desalojo; pero nunca hubo una instancia de diálogo, las familias jamás pudieron apelar”. "Sabíamos que iban a venir este martes a desalojarnos, por eso hicimos una vigilia desde anoche para evitar que esto ocurriera. Pero nunca nos imaginamos que iban a llegar temprano a querer desalojarnos con agresión”, indicó.

Asimismo aseveró que el GIA "llegó con la orden del juez que defiende intereses inmobiliarios. Atacaron a todos los que estaban presentes, tanto niños como mujeres. Tiraron gases lacrimógenos y balas de goma, fue una locura lo que se vivió. Se trata de un pedido de desalojo de manera ilegal, nosotros pedimos que el Estado intervenga y ayude a estas tres familias que viven acá, que les den una solución habitacional.Estamos hablando de tres familias que están integradas por cinco menores y 10 mayores y, una de ellas es una joven que debe recibir un trasplante de riñón".

El Inadi presente

Lucy Grimalt, titular del Instituto Nacional contra Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) en Entre Ríos, indicó que su presencia en el lugar es para interiorizarse sobre el problema y pedirle al juez Coglionesse que se haga presente en el lugar. "Esto no es cualquier trámite de desalojo, se trata de una situación delicada en la que hay una persona discapacitada implicada al igual que niños”, dijo Grimalt y aseguró que debe haber una instancia de diálogo, de mediación. “Si se va a dar paso a la orden de desalojo que no sea con represión. El juez tiene herramientas para sentarse a negociar con la familia para que todo termine de la mejor manera”, opinó.

El Defensor del Pueblo presente

Luis Garay, Defensor del Pueblo de Paraná acompañó a las tres familias que viven en Churruarín y López Jordán. Al resepcto indicó: “Había una orden judicial para que el GIA actúe con moderación y en este caso no actúo con moderación. Sino que vino esta mañana y llevó a cabo un procedimiento violento”.

Respecto a la situación legal del terreno, el Defensor del Pueblo detalló que “sabemos que el propietario original vendió a un tercero el terreno, se trata de un rosarino que se llama Raúl Alejandro Prodocismo, quien parece que tiene un arreglo con una empresa de calle San Juan de Paraná para construir algo en el lugar que se quiere desalojar”, especificó.

Por último Garay señaló que es necesario que el juez Coglionesse habrá una instancia de diálogo para que todo termine bien. “Nosotros tomamos intervención a partir del pedido de la presidenta de la vecina López Jordán, Graciela Zimmermann, para que Coglionesse escuche a las dos partes, para que haya un diálogo. Sabemos que la sentencia es firme, pero como hay menores y una persona discapacitada, se tiene que reveer la situación y buscar una solución positiva para todos, para que así nadie termine en la calle. Habíamos pedido que no vuelva a repetirse la situación de violencia que se suscitó en el desalojo del martes pasado, pero evidentemente no fue escuchado nuestro pedido, lo ignoraron”.