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Mala praxis judicial

Tres policías absueltos luego de estar presos sin pruebas

Por una interna entre policías acusaron injustamente por narcotráfico a Víctor Ferreyra, Félix Luggren, y Ricardo Rohor. En el juicio la Fiscalía no acusó

Martes 09 de Marzo de 2021

A fines de octubre de 2018 se produjeron múltiples allanamientos en Villaguay, Raíces, Villa Clara y en Buenos Aires, y detuvieron a 17 personas, entre ellas tres efectivos policiales. Se presentó el caso como una “megacausa de narcopolicías” y las máximas autoridades respaldaron al personal de Toxicología y al Juzgado Federal de Concepción del Uruguay por la investigación realizada. Ahora resultó ser que los policías eran inocentes, ante la absoluta falta de pruebas que los comprometieran en el comercio de drogas. Incluso se mencionó una interna policial entre Toxicología y la comisaría primera de Villaguay. Llegado el juicio, la Fiscalía desistió de acusarlos.

El subcomisario Víctor Andrés Ferreyra, el sargento Félix Luggren y el suboficial Ricardo Rohor estuvieron presos dos años, cuatro meses y nueve días, y ahora recuperaron la libertad.

Las 17 personas involucradas en la causa estuvieron procesadas y con prisión preventiva por Comercio de estupefacientes agravado por tratarse de una organización. Así lo entendió el juez federal de Concepción, Pablo Seró, y también lo confirmó la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná. Sin embargo, al momento de llegar el juicio el lunes ante el Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay, en un procedimiento abreviado se acordaron distintas penas, y solo cuatro de ellos admitieron ese delito con dicho agravante. El resto acordó penas menores, incluso de cumplimiento condicional, ya sea por tener un rol accesorio en las actividades ilícitas o por ser consumidores y ocasionales vendedores a sus conocidos.

El policía y el carpintero

En la causa se apuntó a un grupo de personas de Villaguay que traficaba cocaína. Juan Sebastián Segovia era quien viajaba al Bajo Flores y a Moreno, en Buenos Aires, para aprovisionarse de la droga que le compraba al peruano Iván Enrique Gómez Pereda y su pareja Bienvenida Leguizamón Zavala. Segovia, a veces asistido por Ezequiel Hugo Romero, distribuía la droga que otros vendían al menudeo, como Gustavo Javier Pinto y su pareja Verónica Griselda Cuder, Eduardo Ariel Binsak y Franco Regalado.

Resulta que un carpintero, A.S.N., le compraba sustancias a Bisnak para consumo, y por ese vínculo también cayó en la acusación por narcotráfico. Ahora bien, un día el carpintero sufrió un robo y el hecho fue esclarecido por la comisaría primera, a cargo de Ferreyra, que le recuperó un motor fuera de borda, una motosierra y una motoguadaña. Desde entonces el carpintero quedó agradecido y a disposición de la dependencia.

Por esto, cuando acondicionaron un despacho de la comisaría, el hombre donó unos tirantes para el techo; luego, cuando hicieron una cancha de fútbol 5 al lado, el carpintero hizo los bancos de suplentes; y cuando acondicionaron un espacio para juegos de niños, donó unas maderas para hacer un mangrullo. Por esta razón, cada tanto estuvo en contacto con Ferreyra. Y se trata de una práctica muy habitual que los encargados de distintas dependencias reciban ayuda de personas agradecidas por haberse resuelto un caso, para mejoras en las instalaciones públicas.

Los testimonios de otros policías corroboraron estas circunstancias. Incluso Ferreyra explicó respecto del carpintero: “Siempre andaba sucio, con una camioneta Ford vieja prestada, se quedaba sin gasoil. Yo no pude sospechar que anduviera en alguna actividad ilícita”.

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Policías juzgados por narcotráfico no tenían pruebas en contra (Archivo)

Policías juzgados por narcotráfico no tenían pruebas en contra (Archivo)

“Sin sustento”

En la audiencia del lunes, donde se presentó el acuerdo de juicio abreviado, la defensora oficial Julieta Elizalde aseguró: “No existe prueba a lo largo de toda la investigación que acredite algún tipo de relación o nexo con el comercio de estupefacientes entre estas personas”. Y agregó: “Tampoco surge de las intervenciones telefónicas llevadas a cabo por la Delegación de Toxicología de la Policía de Villaguay, algún indicio o prueba de cargo”. De hecho, a Ferreyra ni siquiera le intervinieron su línea.

Lo mismo sostuvo el abogado Rafael Briseño, defensor de Luggren y de Rohor. El letrado en la audiencia cuestionó duramente al Juzgado Federal de Concepción del Uruguay por la acusación sin pruebas.

La fiscal general María de los Ángeles Squivo, en la audiencia del lunes, afirmó: “No se encuentra mérito a la tesis que fuera sostenida en la etapa anterior”.

“Las probanzas que se introducirían a un debate –testimonios de personal de la Policía e informes/notas-, son interpretaciones y valoraciones que no tienen el sustento suficiente, advirtiéndose incluso que parte de las mismas tienen que ver con hechos no imputados y también con una serie de conflictos funcionales/personales entre algunos de los integrantes de la Delegación de Tóxicos de Villaguay e integrantes –su jefe entre ellos- de la comisaría primera, conflictos o desavenencias que la Justicia Penal no puede considerar en modo alguno”, aseguró.

Además, sostuvo: “Como tampoco puede castigar la relación con el consumo de estupefacientes de un funcionario policial –los casos de los imputados Luggren y de Rohor-, más allá de que ello implicara tener relaciones con otro de los imputados para que le proveyera de los mismos, lo cual por sí sólo no es condenable penalmente”. Incluso, aclaró que “Lugreen sigue un tratamiento para su adicción provisto por la propia fuerza”.

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Por último, Squivo subrayó que en las distintas instancias judiciales previas ni siquiera analizaron las explicaciones que dieron los policías en su defensa: “Tampoco existen motivos para descreer de las versiones que brindaran oportunamente –y que no fueran valoradas de ningún modo-”.

Inmediatamente después de la audiencia, Ferreyra, Luggren y Rohor quedaron en libertad. Pasaron más de dos años en unidades penales y las últimas semanas con prisión domiciliaria. Ahora el TOF de Concepción deberá dictar la sentencia que podría homologar el acuerdo, y se espera por saber si habrá alguna reflexión al respecto. O al menos un pedido de disculpas.

Según refirió el defensor Briceño, en esta causa se violaron todos los pactos internacionales a los que adhirió Argentina, y se evaluará presentar una demanda ante la Convención Interamericana de Derechos Humanos, aunque previamente se deberán agotar las instancias en el país. Algunos precedentes avizoran que este caso podría derivar en una condena para el Estado y la correspondiente indemnización para sus víctimas.

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