A Antonio María Daniel Vitale lo juzgan por robar armas incautadas en Tribunales para su alquiler o venta en el ambiente delictivo. Pero ayer, para sorpresa de los fiscales, surgió una posible nueva irregularidad en el marco de las funciones que cumplía como perito balístico del Superior Tribunal de Justicia. Dos empleados judiciales que trabajaban con él declararon como testigos en el juicio y refirieron que observaron conductas extrañas y presuntamente ilegales en el marco de pericias que debía hacer para determinadas causas.

Por ejemplo, uno afirmó que inutilizó un arma que debía ser analizada para aportar a una causa, y otro sostuvo que se negaba a hacer funcionar una picana que había sido secuestrada en la investigación de un hecho delictivo. Se trata de la linterna modificada para generar descarga eléctrica en detenidos, secuestrada en el marco de la investigación por apremios ilegales y torturas contra jóvenes arrestados ilegalmente por policías de la comisaría de Villa Urquiza. En este caso, fue un empleado judicial el que la tuvo que accionar para corroborar su funcionamiento.

Tales conductas podrían exceder ampliamente una negligencia, ya que se vislumbra una presunta intencionalidad en incidir en las causas que se sustanciaban y para las cuales sus pericias eran fundamentales. Por ejemplo, en el caso de la picana, podría ser para favorecer a los policías implicados.

Los fiscales Ignacio Aramberry y Juan Malvasio estudiarán si instruirán una nueva investigación por esta información que resulta novedosa. Lo que muchos se preguntan es si, ante semejante revelación, el defensor general de la Provincia, Maximiliano Benítez, pedirá que se llegue hasta las últimas consecuencias, o no.

Por otro lado, declararon ayer como testigos los peritos informáticos que analizaron los celulares secuestrados durante los allanamientos, tanto de Vitale como de Maximiliano Bertoni, quien ya fue condenado como partícipe de la organización delictiva.

Los mismos, si bien tenían cierta codificación, referían a precios, encargues, falta de dinero para alguna transacción, pedido de 2.500 pesos para otra, por ejemplo. Se trata de una de las pruebas objetivas que la acusación pública utilizará, junto a otras como las escuchas telefónicas y una lista de puño y letra de Vitale con nombres y precios de armas.

Hoy será otra jornada de tensión en la audiencia del juicio, ya que van a declarar Eduardo Borgogno y Mario López Alonso, dos condenados a prisión condicional por haber declarado en calidad de arrepentidos, colaborando con la investigación. Lo mismo sucedió la semana pasada cuando declaró Bertoni, que además se enfrentó en un careo al imputado.

También está prevista, entre otras, la testimonial de Elena Salomón, secretaria del STJ, para referir las funciones que Vitale cumplía o debía cumplir en su trabajo.

La situación del licenciado en Criminalística es muy complicada. La primera jornada del juicio se defendió por alrededor de una hora, respondiendo preguntas y dando su versión de los hechos con solidez, al apuntar al descontrol que había por parte del Poder Judicial con el sector de Efectos Secuestrados, y mencionando que ya habían habido otros episodios de faltantes de armas que nunca fueron esclarecidos. Sin embargo, con el transcurso de las declaraciones de testigos, su hipótesis se fue desmoronando, en particular durante el careo con Bertoni, quien no titubeó al señalarlo como el jefe de la banda que operaba desde en interior del edificio de Laprida 250, con detalles sobre el negocio que se extendió unos cuatro años.