La lentitud con la que investigan algunos fiscales comenzó a jugarles en contra. Este miércoles, Alejandro Cánepa, vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones, dictó el sobreseimiento de Luis Erbes, funcionario del área de Economía del gobierno provincial en la causa por el supuesto cobro de sobornos a empresarios de la construcción. La resolución se basó en el artículo N° 397 inciso sexto del Código Procesal Penal provincial, que determina la extinción de la acción penal por prescripción.

La causa se abrió en 2016, pero desde ese momento la Fiscalía no avanzó. No logró determinar quién pagó los supuestos sobornos. Es más, el juez sostuvo que la investigación no ha sido buena y que solamente se avanzó cuando los defensores fueron ante el juez de Garantías.

Recién a principio de abril, la fiscalía citó como testigos a tres empresarios, que supuestamente habían pagado sobornos, algo que los hombres no habrían confirmado.

Además el fallo de Apelación le fijó un plazo de 30 días a Ignacio Aramberry para que resuelva la situación procesal de los acusados en la otra causa que es por enriquecimiento ilícito. Ahí Erbes está junto a su pareja Lucrecia Zuttión, funcionaria del Tribunal de Cuentas.

En esa investigación tampoco han sido imputados. En agosto se cumplirán seis años del inicio de la causa. Supuestamente Aramberry dice que le falta una pericia contable.

Las demoras en las investigaciones penales preparatorias (IPP) vienen siendo cuestionadas por los defensores en varias causas, en especial en las de supuestos casos de corrupción.

Es más, el Superior Tribunal de Justicia ya ha dictaminado sobre los plazos razonables.

Sin embargo, la Fiscalía sostiene que los tiempos dispuestos en el Código de Procedimientos Penales son ordenatorios, no perentorios.

Erbes está acusado desde el 18 de agosto de 2016, cuando los abogados Guillermo Mulet y Rubén Pagliotto lo denunciaron por supuesto enriquecimiento ilícito.

El contador tenía dos acusaciones concretas sobre sus espaldas, pero ni siquiera fue imputado por la Fiscalía. El hombre hizo dos declaraciones informativas, una en 2016 y otra en 2021, y ahora reclamó por su situación procesal obteniendo a través de sus abogados Franco Azziani Cánepa y Ladislado Uzín Olleros un sobreseimiento.

Supuestamente la Fiscalía no avanza en la causa porque le estaría faltando una pericia, que según sostiene sería la última.

Las otras realizadas no serían contundentes para probar el supuesto delito que le endilgan a la pareja de contadores.

La primera acusación contra Erbes, que se cayó este miércoles, era porque supuestamente durante su desempeño como secretario de Presupuesto y Finanzas del Superior Gobierno de Entre Ríos –período 2014/2015–, sacó provecho de ese cargo y habría exigido dinero a empresarios del rubro de la construcción a cambio de facilitar el cobro de acreencias que estos tenían a su favor como contratistas del Estado provincial.

Parte del dinero cobrado, decían los denunciantes, habría ido a parar a manos de Erbes y otra parte para solventar la campaña de Sergio Urribarri, gobernador en ese entonces de la provincia, a presidente de la Nación. Nada de esto pudo probar la Fiscalía en seis años de investigación.

El segundo ilícito que le endilgan al profesional lo habría cometido junto a su pareja, la fiscal ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia, Lucrecia Zuttión.

Para el Ministerio Público Fiscal (MPF) Erbes y Zuttión habrían incrementado desproporcionadamente su patrimonio a partir de la realización de numerosos viajes al exterior y la incorporación de distintos bienes inmuebles en la ciudad de Paraná y en Punta del Este.

Pero ahora con este sobreseimiento la causa que queda en pie se podría caer, ya que para los fiscales era la fuente de ingresos para enriquecerse.

Azziani Cánepa pidió el sobreseimiento o archivo del caso porque no hay una imputación formal hacia su defendido.

La defensa hizo hincapié en los seis años que lleva el proceso y profundizó sobre el cumplimento de los plazos razonables. Pero además en forma subsidiaria, los defensores le pidieron al juez que inste a la Fiscalía a que proceda a culminar con la investigación.

El fiscal manifestó que no se haga lugar al pedido de sobreseimiento. Aclaró que falta una pericia y también precisó que no era de su agrado mantener a dos personas en situación de incertidumbre