El juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Alejandro Grippo, resolverá en el plazo de ley sobre los seis acuerdos de juicio abreviado presentados este jueves en la causa que investiga una presunta maniobra de compensación fraudulenta de impuestos en perjuicio del Estado provincial.

La investigación, iniciada en 2014, sostiene que el esquema habría contado con la participación de funcionarios de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), de la Contaduría General, contadores particulares y contribuyentes.

Durante la audiencia, María Estrella Martínez de Yankelevich, Abelardo Daniel Gaggión, Gustavo Alejandro Gioria, Darío Fabián Barreto, Julio Schmukler y Carlos Raúl Castro reconocieron su participación en los hechos atribuidos, aceptaron la calificación legal, las penas acordadas, las multas y las reglas de conducta. Schmukler y Castro participaron de manera remota.

Los acuerdos fueron respaldados por los fiscales Patricia Yedro y Álvaro Piérola, junto con los representantes de la Fiscalía de Estado, Gustavo Acosta y Tulio Kamlofsky.

Las penas propuestas contemplan condenas de ejecución condicional, multas de entre 200.000 y 30,6 millones de pesos, además de la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos en los casos que corresponden, publicó APF.

Penas diferenciadas y una causa iniciada en 2014

Para Martínez de Yankelevich se solicitó una pena de tres años de prisión condicional, una multa de 30,6 millones de pesos, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y tareas comunitarias. Gaggión recibió la misma propuesta de pena, con una multa de 20 millones de pesos, mientras que Barreto afronta una multa de 30,6 millones.

En el caso de Gioria, la Fiscalía acordó una condena de dos años y seis meses de prisión condicional, una multa de 10 millones de pesos y la correspondiente inhabilitación. Schmukler aceptó tres años de prisión condicional y una multa de 10 millones de pesos, aunque solicitó reemplazar las tareas comunitarias por una donación mensual de 40.000 pesos debido a su edad.

Para Castro se adoptó un criterio diferente por registrar antecedentes penales. La Fiscalía acordó solicitar la unificación de la condena con una pena previa dictada en 2014 por estafa, manteniendo una condena única de tres años de prisión condicional y una multa de 200.000 pesos.

La propuesta de las multas

Durante la audiencia, todas las defensas pidieron que las multas puedan abonarse en diez cuotas mensuales consecutivas, planteo que no recibió objeciones de las partes acusadoras.

La causa fue elevada a juicio en abril de 2021 por la entonces jueza Marina Barbagelata, a partir de denuncias presentadas por Marcelo Casaretto, a las que luego se acumularon otras impulsadas por los exlegisladores María Emma Bargagna y Jorge Monge. Desde entonces, varios imputados resolvieron su situación procesal mediante distintas salidas alternativas, mientras el expediente continúa avanzando respecto de los restantes acusados.