Wenceslao Mansilla es un reconocido deportista de la ciudad de Paraná que hace años la viene remando desde el boxeo. En 2019 tuvo la posibilidad de invertir en un terreno en Sauce Montrull. Lo que nunca imaginó es que ese sueño de la casa propia se iba a convertir en una pesadilla que aún hoy está lejos de terminar. El lote de 450 metros cuadrados que adquirió por 350.000 pesos en Villa Adelina tenía dueño. Y si bien intervino una escribana en los trámites, ese dato no salió a la luz hasta que el dueño se presentó para advertirle al boxeador que estaba comenzando a construir en un lugar que tenía propietario y había sido estafado.

El acusado es Hugo Aguirres, quien es representado por Héctor Toloy. Ayer ante la jueza Paola Firpo reconoció el delito que le endilgó el fiscal Martín Wasinger que es Estelionato, que consiste en fingir que el bien ajeno que se vende es propiedad del autor.

El querellante Sergio Avero, en patrocinio de Mansilla, aceptó el acuerdo celebrado que quedó a consideración de la jueza Firpo.

La transacción se realizó el 3 de diciembre de 2019 ante la escribana pública María Elena Bruno, quien será llevada a Mediación por la querella, que entiende que la notaria cometió omisiones en lo que concierne a su tarea.

Mansilla viene reclamando la devolución del dinero por parte de Aguirres, quien dijo haberse sentido amenazado por el pugilista. Sin embargo, no hay ninguna acusación al respecto.

Una vez que la causa se cierre en el fuero Penal será el ámbito Civil y Comercial el lugar para continuar con la discusión. Mansilla reclama la devolución con intereses del dinero invertido, pero según contó el abogado Avero el acusado practicó una insolvencia simulada inscribiendo sus bienes a nombre de terceros. De esta forma Aguirres evita pagar y hacerse cargo del delito que cometió.

Sobre la escribana Bruno, el querellante deslizó que se advierte una falta de profesionalismo, ya que hubiese podido asesorar al comprador sobre la necesidad de pedir informes sobre dominios y gravamen o realizar las consultas en el Registro de la Propiedad.

En el debate a Aguirres le costó reconocer el delito que cometió. Algo que según se desprende de la investigación no era la primera vez que lo hacía. La jueza le aclaró a Aguirres que el reconocimiento del delito es lo principal de un proceso abreviado.

Entre las normas de conducta que se establecieron en la firma del acuerdo está la realización de tareas comunitarias durante dos años en una entidad de bien público que fije la Oficina de Medios Alternativos (OMA).