La próxima semana será determinante para el futuro judicial de Leonardo Airaldi, ya que el juicio entrará en una nueva etapa con la declaración de los efectivos de la Policía Federal que llevaron adelante la investigación por presunto narcotráfico iniciada en agosto de 2022 en Santa Fe. El juicio concluirá en julio.

Estos testimonios son considerados piezas clave, pues detallarán cómo se vinculó al productor agropecuario con el almacenamiento de casi 30 kilos de cocaína hallados en la localidad de Puerto Gaboto

Para intentar evitar este avance, la defensa técnica de Airaldi, a cargo de la abogada Mariana Barbitta, planteó el viernes la nulidad de la requisitoria de elevación a juicio (REJ) de dicha causa. Sin embargo, tras un debate que se extendió por dos horas, el Tribunal Oral Federal (TOF) rechazó de plano la pretensión defensiva, despejando el camino para que los uniformados comparezcan ante los jueces el martes.

La estrategia de la defensa

La abogada Barbitta centró su planteo en que la pieza acusatoria de la causa Santa Fe carecía de una descripción “clara, precisa y circunstanciada de los hechos”, tal como exige el artículo 347 del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN).

Según su argumento, no se explicitó cuál fue la maniobra conjunta entre Airaldi y el puestero Diego “Pete” Torres para “codominar” el almacenamiento de la droga en el domicilio de este último

La defensa sostuvo además que el requerimiento presentaba defectos graves en la calificación legal y vulneraba principios fundamentales como la inocencia y el derecho de defensa.

Con esta base, solicitó la nulidad total de la acusación en ese tramo del proceso, buscando que la causa “termine acá” antes de que los investigadores policiales brinden sus pruebas.

A este pedido se opuso el fiscal general José Ignacio Candioti, quien calificó el planteo de “confuso” y carente de “justificación razonable”.

El fiscal remarcó que la defensa no había objetado la elevación a juicio cuando la causa ingresó originalmente al tribunal de Santa Fe, ni tampoco lo hizo durante el planteamiento de las cuestiones preliminares previstas por la ley.

Finalmente, el Tribunal Oral Federal compartió la visión del Ministerio Público Fiscal y fundamentó su rechazo en cuatro puntos determinantes:

• Extemporaneidad: el momento procesal para cuestionar la elevación a juicio ya había pasado (precluido).
• Objetivo de separación: los jueces señalaron que el planteo de nulidad “encubre o enmascara” el objetivo de separar las dos causas que ya han sido acumuladas, una decisión que incluso fue confirmada por la Cámara de Casación.
• Plazos legales: recordaron que, según el artículo 170 del CPPN, las nulidades de la instrucción deben plantearse durante esa etapa o al citar a juicio, lo cual no sucedió.
• Autosuficiencia: sentenciaron que el requerimiento de elevación a juicio es “autosuficiente” y cumple con todos los recaudos legales, calificando el planteo defensivo como falto de “consistencia y asidero”.

Tras resolver este incidente, la audiencia del viernes se retomó con la declaración de tres testigos.

Con la validez del proceso ratificada, toda la atención se traslada ahora a la jornada del martes, cuando los policías federales que investigaron la red de Airaldi en 2022 presten su testimonio fundamental ante el tribunal.

El debate se desarrolla desde marzo ante los jueces del Tribunal Oral Federal de Paraná, Noemí Berros, Emilce Rojas y José María Escobar Cello. En representación del Ministerio Público Fiscal intervienen el fiscal general José Ignacio Candioti, el fiscal auxiliar Juan Sebastián Podhainy, el titular de la Procunar, Diego Iglesias, y el fiscal coadyuvante Martín Uriona.

Junto a Airaldi también son juzgados Roberto Fabián Coronel, Juan Andrés Erbes, Marino Martínez, María Soledad Touzet, Sebastián Armocida, Joen Damián Schonfeld, Walter Gonzalo Olivero y Cristian Emanuel Sánchez.

El expediente santafesino se originó tras un operativo en agosto de 2022, cuando fueron secuestrados 29,491.81 kilos de cocaína en una vivienda de Puerto Gaboto, departamento San Jerónimo. La droga apareció oculta bajo una cama, en 28 paquetes, en la casa alquilada por un puestero rural.

La acusación sostiene que, aunque el hallazgo se concretó en una vivienda, la logística, propiedades rurales y canales de transporte pertenecen a Airaldi, quien presuntamente utilizaba su estancia en una isla del río Paraná, con posible pista de aterrizaje clandestina, para coordinar operaciones de narcotráfico.

En tanto, en la Justicia Federal de Paraná, desde 2019 tramitó una causa que investigó a Airaldi y otras 13 personas por integrar una organización dedicada al narcotráfico, acusándolos de financiación, provisión, distribución, almacenamiento y venta de estupefacientes.