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Proponen crear gabinetes psicológicos para prevenir la violencia de policías

El proyecto está desde 2017 en la Legislatura provincial. En los altos mandos de la fuerza hay resistencia a su implementación

Sábado 26 de Octubre de 2019

Una de las condiciones para ingresar a la Policía de Entre Ríos, tanto a la Escuela de Agentes como a la Escuela de Oficiales, es aprobar un test y una entrevista psicológica. Luego, nunca más, salvo situaciones extraordinarias, un policía será sometido a un control o asistencia sobre su salud mental, pese a tratarse de un trabajo de riesgo y a ser funcionarios públicos habilitados para portar armas de fuego.

En los últimos años se han registrado numerosos hechos de violencia protagonizados por uniformados, tanto durante procedimientos como en circunstancias personales y familiares. Por esto, se presentó en la Legislatura provincial un proyecto de Ley de creación de gabinetes psicológicos, para examinar periódicamente a todos los policías, desde el jefe hasta el último agente. La idea central es tanto la prevención como la asistencia a aquellos policías que atraviesan momentos de mucho estrés.

Sin embargo, el proyecto que ingresó hace más de dos años, no ha tenido movimiento alguno en la Cámara de Senadores. Según se informó a UNO, algunos altos mandos de la Policía pusieron el grito en el cielo ante la posibilidad de tal legislación, lo que, por ahora, paralizó la posibilidad de contar con estos espacios que son utilizados en otras fuerzas del país y el mundo.

Estrés y violencia de género

“Se crean en el ámbito de la Policía de la Provincia, Gabinetes Psicológicos para diagnóstico de situación, evaluación y seguimiento permanente del personal policial en actividad”, sostiene el título de lo que sería una norma, en caso de que el proyecto fuera aprobado, según se observa en la página web de la Cámara de Senadores. El trámite del expediente N° 12080 - 12574 fue iniciado el 10 de mayo de 2017, tras la presentación del mismo por parte de la senadora por el departamento Feliciano, Miriam Liliana Espinoza.

En los fundamentos del proyecto, se lee que “en los últimos años, varios informes han resaltado hechos de extrema violencia” protagonizados por policías. Se argumenta que “en la mayoría de los casos, el policía desarrolla su profesión en un ámbito conflictivo y arriesgado”, y que “las intervenciones aparentemente resultan ser inofensivas, pero pueden complicarse hasta convertirse en situaciones críticas y peligrosas para sí mismos”.

A su vez, se menciona que “las herramientas de trabajo del policía (armas, esposas, etc.) pueden considerarse como factor de estrés”.

En otro punto de los fundamentos, el proyecto cita un informe del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) que puntualiza en la problemática de la violencia contra las mujeres. “El CELS señala que los estudios sobre violencia de género coinciden en la necesidad de profundizar en la investigación de esta problemática, cuantificar el fenómeno y precisar sus particularidades”, sostienen y citan el apartado elaborado por el Equipo de Seguridad Democrática y Violencia Institucional de dicho organismo: “Dentro de ese universo, la violencia hacia las mujeres por parte de integrantes de las fuerzas de seguridad por cuestiones de género tiene escaso abordaje. Los datos denotan casos de asesinatos, de discriminación hacia las mujeres policías en el interior de las fuerzas de seguridad y de acoso sexual”.

Diagnóstico y seguimiento

En el primer artículo del proyecto para la eventual Ley, se sostiene que se deberá “instaurar en forma obligatoria para todos los cuadros que componen la policía de la provincia, sin distinción de jerarquías, controles psicológicos que sirvan para prevenir y tratar la problemática del estrés que produce la labor policial”.

La necesidad de tal evaluación periódica para los policías se argumenta en la iniciativa en función de la importancia de que cuenten “con protección para poder minimizar consecuencias y efectos de la tarea cotidiana por sus características, ya que culminada su labor, sin importar situaciones a las que debió exponerse o intervenir por su función específica, se retira a su domicilio con toda la carga emocional adquirida”.

Los riesgos que el tránsito por la carrera policial sin ningún tipo de asistencia psicológica implica, es el de “exteriorizar esa carga y crear situaciones violentas en su entorno, esposa, pareja, novias etc, o con cualquier integrante de la sociedad”.

La legisladora provincial que presentó el proyecto considera importante la creación de gabinetes psicológicos “con el propósito de realizar un diagnóstico de situación, evaluación y el seguimiento permanente del personal policial en actividad, en todos los escalafones, con la finalidad de trabajar para prevenir situaciones violentas”.

Ayuda profesional

El uso legal de las pistolas que le otorga el estado a un policía, no obedece solamente a la formación técnica o la instrucción sobre el momento en que la Ley habilita su utilización. Las circunstancias en las que deben actuar afectan la decisión de “cuando debe proceder y controlar sus actos e impulsos”, sostiene el texto legislativo, así como “comprender el debido momento en que hará uso de su arma reglamentaria o aplicar la fuerza sobre un ciudadano, etc”. Por esto, se explica que “no es extraño entonces que el estrés haya aumentado en los hombres y mujeres que integran las filas policiales”.

Para poder prevenir y enfrentar esta problemática “lo primordial es fortalecer psicológica y físicamente al individuo, de modo que pueda resistir los inevitables embates diarios y que aprenda a disminuir el peso de sus problemas personales”, por lo que se debe “establecer la correspondiente ayuda profesional”, concluye la iniciativa.

Cómo se integrarían y dónde funcionarían

El proyecto estipula la creación de los gabinetes psicológicos “integrados por al menos tres profesionales cada uno, distribuidos en regiones de la provincia”. Las mismas serían: Región Paraná (comprende todo el Departamento); Región Norte (La Paz Federación, Feliciano y Federal); Región Sur (Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Rosario del Tala y Concepción del Uruguay); Región Este (Concordia, Colon, San Salvador y Villaguay); y Región Oeste (Gualeguay, Nogoyá, Diamante y Victoria (esta última como cabecera de zona).

Además de los controles periódicos para los policías, “el gabinete debe intervenir en forma inmediata cuando el personal policial haya atravesado situaciones extremas en razón de actos de servicios o cuando así lo disponga un profesional médico”.

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