Procesado pidió esperar libre el juicio pero no lo dejaron

José Amado/ De la Redacción de UNO
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En escasas oportunidades la Justicia Federal otorga la excarcelación a personas que están procesadas (todavía no juzgadas ni condenadas) por narcotráfico. En Entre Ríos, muchos son “mulas” a quienes los dueños del negocio ilegal les dieron unos pesos para transportar la carga desde el norte del país hacia los grandes centros urbanos de consumo del país. Tal es el caso de una pareja de jóvenes correntina que fue sorprendida con 59 kilos de marihuana en un colectivo, durante un control de Gendarmería Nacional en la ruta 12, en La Paz.

Ambos están procesados por Transporte de estupefacientes: la mujer está con prisión domiciliaria en su casa de la ciudad de Corrientes, y el muchacho está alojado en la cárcel de Paraná. Wenceslao Almirón, de 21 años, pidió la excarcelación y esperar en libertad el juicio que será el año que viene. Quiere trabajar para ayudar en la casa con el sustento de sus hijos mellizos nacidos en diciembre. Pero el Tribunal Federal considera que podría fugarse con la ayuda de los narcotraficantes que lo contactaron para llevar la droga con la que cayó detenido.

Viaje y detención

El procedimiento de la fuerza federal el 6 de junio del año pasado. Los gendarmes pararon dos colectivos que circulaban de norte a sur por la ruta nacional 12, a la altura de la ciudad de La Paz. El primero era de la empresa Flecha Bus que había salido de la capital de Formosa y tenía como destino a la provincia de Mendoza. Allí un joven correntino de 18 años fue detenido con 28 kilos de marihuana en una valija. El muchacho dijo que le encargaron llevarla hacia un lugar de la ciudad de Paraná.

Unas horas después, los agentes descubrieron otros 59 kilos de marihuana ocultos en dos bolsos en un colectivo de la empresa Tramat, que había partido desde la localidad formoseña de Clorinda, con destino a Rawson, en la provincia de Chubut. En el procedimiento fueron detenidos Almirón y su novia, acusados de despachar las valijas en Corrientes, aunque lo negaron.

Argumentos para la excarcelación

El defensor oficial Mario Franchi pidió efectuar un nuevo análisis acerca del mantenimiento de la prisión preventiva de Almirón ya que el paso del tiempo y el avance del proceso han provocado un cambio radical en las circunstancias que fueron tenidas en cuenta para restringirle la libertad.
Consideró que el proceso lleva más de un año de trámite y que la instrucción de la causa ha finalizado, por lo que es posible que el acusado cause problemas a la producción de pruebas.

En relación al arraigo, destacó que el informe socio ambiental arrojó que Almirón es conocido por sus vecinos y goza de buen concepto como una persona trabajadora, que su vivienda –asentada sobre un terreno fiscal desde 1986- es propia y que sus características dan cuenta de su condición humilde y de la falta de medios económicos como para emprender una eventual fuga a la acción de la Justicia. Además, el defensor sostuvo que no existen elementos que permitan conjeturar que el joven esté relacionado con alguna estructura de poder característica del narcotráfico, que le facilitara una ocasional evasión.

En este sentido, Franchi entendió que dado que Almirón lleva preso más de un año (tiempo que se le computaría con una eventual condena), fugarse le reportaría más problemas que beneficios.

Por todo esto, pidió que sea excarcelado y espere ser citado al juicio en su casa de la ciudad de Corrientes.

Para la Fiscalía se puede fugar

El fiscal general José Ignacio Candioti se opuso al pedido de la defensa. Si bien afirmó que la restricción de la libertad de un imputado durante la tramitación de una causa judicial es la excepción, ya que la regla es que, conforme el estado de inocencia de todo ciudadano, debe aguardar en libertad el dictado de una sentencia, en este caso existen el riego procesal de fuga.

Estima que la severidad de la pena que contempla la conducta delictiva que se le atribuye a Almirón (de cuatro a 15 años de prisión) implica la presunción de riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación.

Además, el fiscal sostuvo que no está acreditado alguna ocupación laboral del acusado, lo que da cuenta de la carencia de arraigo suficiente

Pobre, pero con contactos

Las vocales del Tribunal Oral Federal de Paraná, Noemí Berros y Lilia Carnero, entendieron que en principio y dado el avance de la causa, el peligro de entorpecimiento de la investigación resulta por lo menos irrelevante, aunque Almirón podría tener algún tipo de incidencia en los testigos que deben declarar en el juicio.

Al analizar el informe socio ambiental realizado por la Policía Federal (al que consideró “sumamente escueto”) el tribunal entendió que se demostró que el joven cuenta con buen concepto por parte de los dos vecinos entrevistados, tiene el secundario incompleto, no cuenta con una ocupación laboral estable y formalizada, habita una casa construida sobre un terreno fiscal, sin cloacas, sin agua potable, con piso de tierra, de ladrillo sin revocar, chapa y cartón negro y zinc. El grupo familiar está integrado por su madre –empleada doméstica y única aportante para el sostén familiar–, un hermano de 15 años y una sobrina de 13; se desconoce el paradero de su padre y tiene siete hermanos que no conviven en el lugar. Además, ahora es padre de mellizos.

Aunque este panorama demostraría que Almirón no cuenta con medios para sostener una fuga, las juezas entendieron que no actuó solo para el transporte de droga, por lo que quienes lo contactaron para este delito lo podrían ayudar a evadirse. “Es precisamente su humilde condición la que nos señala que no parece posible conjeturar la solitaria intervención de la pareja en el ilícito enrostrado, dada su envergadura económica (superior a los 100.000 pesos), lo que habilita a inferir que, con su libertad, puede procurarse la ayuda de otros para sostener su fuga y evitar así ser juzgado”, afirmaron en el fallo.

Por otro lado, sostuvieron que no se han superado los parámetros temporales durante la prisión preventiva. El tribunal ordenó que Almirón siga preso hasta el juicio que se realizará el 5 y 6 de marzo de 2015. Mientras tanto, le autorizarán los traslados para acercamiento familiar.

El eslabón más débil

Sea a nivel provincial, nacional o internacional, las personas que caen presas durante el traslado de droga de un lugar a otro son pobres. Muchas de las causas por narcotráfico en Entre Ríos dan cuenta de esta situación. Correntinos, misioneros, formoseños, chaqueños o bonaerenses, y también paraguayos, han conocido las cárceles de la provincia tras ser detenidos durante el transporte de droga, principalmente marihuana que sale del norte del país o de Paraguay hacia los grandes centros urbanos de consumo de estupefacientes. Como algunos han reconocido en juicios abreviados en el Tribunal Oral Federal de Paraná, ante una situación económica apremiante fueron tentados para realizar el viaje por tres, cuatro o cinco mil pesos. Conforman el eslabón más débil del narcotráfico: el menor rédito con el mayor riesgo.