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Prisión preventiva para los detenidos en el Paraná XVI por comercializar drogas

La Fiscalía detalló que la investigación que terminó con los allanamientos en varias viviendas el sábado comenzó el 1° de marzo.

Lunes 27 de Julio de 2020

Hay cuatro informes policiales que explican minuciosamente cómo un grupo de vecinos del barrio Paraná XVI de la capital provincial vendían organizadamente cocaína y marihuana al menudeo. Así comenzó a fundar el fiscal Ignacio Aramberry el pedido de prisión preventiva para los cuatro arrestados durante el fin de semana por la Policía de Entre Ríos.

El fiscal detalló que los imputados del delito de comercialización agravada que tiene una pena de cuatro a 15 años de prisión venían siendo investigados desde el 1° de marzo. Si bien ayer se acordó una prisión domiciliaria para los cuatro arrestados por 30 días, la misma no se pudo poner en vigencia porque no hay tobilleras electrónicas disponibles. De ese modo, la única que pudo retirarse a la casa de un familiar fue Fátima Silvina Franco, de 49 años. La mujer aprehendida junto a su pareja tiene una criatura a su cargo por eso se dispuso que el cumplimento de la medida se ponga en vigencia inmediatamente.

Para el resto de los acusados el juez de Garantías N° 2 Eduardo Ruhl dispuso que sean trasladados a la Unidad Penal N°1 de Paraná hasta que estén disponibles los elementos de monitoreo electrónicos.

De esa forma, Gustavo Álvarez, de 26 años, Juan Pablo Prado, de 39 y Daniel Suquilbide de 18 fueron derivados al penal.

Augusto Laferrier, abogado defensor de Álvarez, quien es considerado por la Fiscalía como el jefe, se opuso al encierro en el penal.

En ese sentido, el abogado atacó la postura fiscal sosteniendo que Álvarez no tenía ni droga, ni plata ni anotaciones en su casa. Además dijo que no tiene antecedentes penales. Si bien dijo entender que se tiene que aplicar una medida de coerción, la misma no puede ser en el penal. “Si no hay tobilleras disponibles, es el Estado el que se tiene que hacer cargo”, y aseguró que la prueba mostrada hasta el momento es muy endeble.

Por su parte el defensor oficial, Jorge Balbuena, que representa al resto de los imputados aceptó el planteo de la Fiscalía.

Cuidar la investigación

El fiscal relató en la audiencia que aún hay una persona que tiene que ser detenida que se llama Claudio Padilla. Además dijo que falta entrevistar a los testigos de los procedimientos. Y explicó para justificar el pedido de encierro que hay peligros de entorpecimiento. En ese sentido contó que durante el allanamiento en la casa de Prado y Franco trataron de retirar droga oculta en el calzado de un niño, pero justo se cayó el calzado y después el menor se quejó. También relató que los habitantes de las viviendas donde se vendía droga amenazaron a los policías que investigaban.

El juez Ruhl coincidió con el planteo realizado por el fiscal Aramberry sobre la modalidad de cumplimiento de los arrestos preventivos.

Consumo personal

El imputado Álvarez declaró ayer por consejo de su abogado Laferrier. Dijo que lo que secuestraron en su casa es para consumo personal porque consume cocaína”. Además sostuvo: “A los otros implicados los conozco del barrio”, y aclaró: “El vehículo secuestrado no mío, sino de mi mamá”.

Aseguró que no tiene diálogos con los otros implicados y afirmó que a Prado lo conoce porque es vecino. “ Yo soy ayudante albañil y pintor. Hace cuatro meses que no trabajo”, finalizó.

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