Secciones
Homicidio

Pidieron destrabar la causa del homicidio de Gabriel Gusmán e indagar a los policías

La querella requirió al procurador general avanzar al siguiente paso para poder llevar a juicio a los efectivos Rodrigo Molina y Diego Ibalo.

Martes 12 de Mayo de 2020

A más de un año y medio del asesinato de Gabriel Gusmán, los policías acusados del crimen aún no fueron citados a declaración de imputado. Tampoco se dictó el archivo de la causa ni el sobreseimiento de los uniformados. A raíz de esto, los abogados de la familia de la víctima presentaron ayer un escrito al procurador general de la Provincia, Jorge Amílcar Luciano García, porque consideran que se está configurando el “retardo de administración de justicia”, que vulnera los derechos de los familiares.

Gabriel Gusmán fue asesinado de un balazo en la cabeza el 25 de septiembre de 2018, durante un operativo policial realizado en el barrio Capibá de la capital entrerriana. Los efectivos sospechosos estuvieron detenidos algunas horas y luego fueron liberados; en ese momento fueron recibidos con aplausos por un grupo de uniformados y hubo una caravana de patrulleros como festejo.

La Fiscalía imputó a los efectivos policiales Diego Ibalo y Rodrigo Molina, pero todavía no resolvió si los citará a declaración indagatoria o si resolverá el archivo de la causa. Los organismos de Derechos Humanos de la provincia vienen denunciando que se trató de un caso de gatillo fácil. El lunes Gabriel hubiera cumplido 22 años.

Plazos vencidos

Los abogados querellantes José Iparraguirre y Ana Lucía Tejera, en su presentación, recordaron que en marzo de 2019, habiendo transcurrido siete meses del hecho, solicitaron a los fiscales intervinientes, Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull, que les tomaran indagatoria a Molina como autor materialmente responsable y a Ibalo como partícipe necesario, del delito de Homicidio agravado.

En consecuencia indicaron que “ya se han vencido” los plazos procesales y que incluso la Fiscalía interviniente no solicitó prórroga del plazo, “por lo que se estaría incurriendo en retardo de administración de justicia, y por ende vulnerando el derecho de la familia Gusmán, en este caso la querellante Alejandra Gusmán, al acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva contemplada los artículos 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional, en el art. 14 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, artículos 7, 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos”.

Más adelante, en la presentación a la que tuvo acceso UNO, expresaron que la causa atraviesa un “limbo judicial”, en el cual “se ven afectados no solamente los derechos de los familiares de la víctima, sino también la situación de los imputados que se encuentran en un estado de sospecha procesal constante y por lo tanto en clara vulneración de diversos derechos fundamentales”.

Finalmente citaron lo dicho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Walter Bulacio, el joven asesinado por la Policía Federal en 1991 tras ser detenido en una razzia en un recital de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. “Debe asegurarse en tiempo razonable, el derecho de la víctima o sus familiares a saber la verdad de lo sucedido y que se sancione a los eventuales responsables. Porque el derecho a la tutela judicial efectiva exige entonces a los jueces que dirijan el proceso de modo de evitar que dilaciones y entorpecimientos indebidos conduzcan a la impunidad, frustrando así la debida protección judicial de los derechos humanos”.

Versiones y posibilidades

Los dos policías están imputados por Homicidio, pero el delito contempla variantes que pueden llevar a Molina e Íbalo a la prisión perpetua, a una sanción de varios años cárcel, a una pena condicional o al sobreseimiento. Aún no se determinó si la acusación pública considera si se trató de un homicidio agravado, un homicidio en exceso de legítima defensa, o si resuelven archivar el caso por tratarse de un accionar policial acorde a lo permitido por la ley.

Las únicas posturas que están claras en la causa son de la querella (lo citado sobre que se trató de un caso de gatillo fácil) y la defensa, que entiende que se trató de un accionar legítimo de los policías en cumplimiento de su deber, quienes a su vez eran tiroteados por el fallecido.

Aquella mañana, los policías del 911 acudieron al barrio Capibá ante un llamado de una mujer por un tiroteo. En la persecución a Gusmán, lo balearon.

En esta nota

¿Te gustó la nota?

Dejanos tu comentario