“Nos parece muy importante que el lugar donde se vendía droga se pueda recuperar y poner presencia del Estado”, dijo a UNO Francisco Azcué, el fiscal que, junto a su par Daniela Montangie, y al jefe de Criminalística de la Policía de Concordia, José Rosatelli, investigaron y desbarataron la banda narco liderada por Lola González en noviembre del año pasado. Uno de los lugares allanados fue un búnker que la organización construyó sólo para la venta de drogas, en el barrio El Sapito. En el segundo juicio abreviado a la banda, cuya audiencia se realizó ayer, la Fiscalía propuso decomisar ese lugar y que el mismo se destine a el organismo público que los vecinos más necesiten y que, de esta manera, el Estado recupere presencia en los territorios que el narcotráfico ha copado en los últimos años.

Sobre esta causa, UNO ha informado que se trató de una investigación de más de un año que logró revelar la trama de narcos que se apoderan de los barrios El Sapito y José Hernández, y tenían a su merced a muchas personas, entre ellas niños y adolescentes, para sostener y defender sus negocios a fuerza de balazos. Los millones que deja la venta de droga les ha permitido dominar barrios, someter a sus vecinos, cooptar voluntades, sembrar temor y comprar las propiedades de los que se quieren ir. La pesquisa culminó con 30 allanamientos, 21 detenidos y secuestro de drogas.

El líder de la banda era Antonio Ariel González, alias Lola, quien actuaba con sus principales socios: Pablo Ojeda, Johana Gómez, Emanuel Pepón Luna, Maximiliano Bonasola, y Sergio Viru González.

A fines de diciembre, es decir en menos de dos meses desde los allanamientos, el jefe de la organización acordó una pena de cuatro años de prisión efectiva. Entre aquel acuerdo y el presentado ayer, ya van 15 personas que firmaron condenas, acorraladas por las pruebas (principalmente escuchas telefónicas), con penas de cuatro y tres años de prisión efectiva y tres años de prisión condicional, según el rol y la responsabilidad de cada uno en la banda. Queda resolver la situación de otros seis imputados, que son menores de edad (entre 16 y 17 años).

El uso de los menores para el fraccionamiento y la venta de drogas, y para el sicariato, fue uno de los aspectos más preocupantes que surgieron en esta investigación. Por ejemplo, había un niño de 13 años que acataba las órdenes de González para desplegar el negocio.

En la audiencia de ayer, donde se pidieron las condenas a la segunda tanda de acusados, se solicitó como es de costumbre el decomiso de dinero, celulares y vehículos secuestrados en los allanamientos. Por ejemplo, un auto WV Bora ya fue quedó a disposición de Toxicología.

“En este abreviado, el acuerdo es de decomisar también todo el dinero, los teléfonos y dos autos, y también uno de los búnkers que eran usados para vender cocaína. En pleno corazón del barrio El Sapito había una casa nueva, que estaba perfectamente acondicionada y pintada de azul. Cuando allanamos, no había nadie porque no era habitada, sino usada para vender drogas. Llegamos al acuerdo para que esa casa sea decomisada”, destacó Azcué.

El 8 de marzo, el juez de Garantías dictará sentencia y allí se sabrá si definitivamente esa construcción pasa a manos del Estado, y luego se deberá analizar qué organismo público funcionará en el postergado barrio de la ciudad de Concordia, según las necesidades de los vecinos, ya que podría ser desde una seccional policial para la seguridad, hasta un centro de salud para atender los problemas en general de la población y, en particular, la pandemia de adicciones que afecta a muchas personas.

El fiscal destacó el trabajo del comisario Rosatelli en la investigación: “En estas causas, si no hay personas confiables y eficientes, no se pueden hacer, se necesita gente de extrema confianza, que trabajen, de perfil bajo y que tengan constancia. La verdad que hizo un trabajo excelente”, subrayó Azcué.