Trata de personas
Lunes 31 de Diciembre de 2018

Paraná, entre las jurisdicciones con más sentencias por Trata del país

De las 271 sentencias que se lograron en Argentina, el Tribunal Oral de Paraná se ubicó cuarto en el ranking con 25 resoluciones en 10 años.

Un informe confeccionado por la Procuradoría de Trata y Explotación de las Personas (PROTEX), puso la lupa sobre los resultados de causas e investigaciones desde la sanción de la ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de personas y Asistencias a sus Víctimas y la creación de la fiscalía especializada, en 2008.

Desde entonces se lograron 271 sentencias, y entre las jurisdicciones involucradas, el Tribunal Oral Federal de Paraná logró 25 sentencias, ubicándose cuarta a nivel nacional, después de Mar del Plata con 33 sentencias; Córdoba con 32; Capital Federal y Comodoro Rivadavia 27; Mendoza y Paraná 25.

El listado contiene a otros 10 tribunales de distintas localidades argentinas. El trabajo se presentó a mediados de diciembre en el 10º Encuentro del Consejo Federal para la Lucha Contra la Trata, y allí se destacó que como consecuencia de estos procesos judiciales fueron condenadas 564 personas que perjudicaron al menos a 1.204 víctimas, señaló en el relevamiento la dependencia especializada. En el caso del TOF de Paraná, en la última década se registraron 25 sentencias –la mayoría condenatorias– y en más del 60% de los veredictos el delito de Trata se concretó en la primera fase con la captación "de la víctima mediante el engaño de falsas promesas de trabajo", según explicó a UNO el fiscal federal de la jurisdicción, José Candioti. Otro dato elocuente que surgió es que fueron más de 50 los condenados, siendo la mayor pena aplicada al proxeneta Carlos José Martínez en 2016, por el delito de violación y explotación sexual de una adolescente salteña en la plaza lindera a Casa de Gobierno: lo condenaron a 11 años de prisión.

La misma fuente detalló que por lo general las condenas fueron por explotación de sexual, seguidas por aquellas de índole laboral, repitiéndose el esquema de los procesos a nivel nacional. Por ejemplo, de las totalidad de los casos relevados por la PROTEX, el 77% incluía explotación sexual, mientras que el 19,9% fue de índole laboral, con un 3,2% no especificado. En la Justicia Federal de Paraná es donde se concentran la mayor cantidad de causas en toda la provincia (narcotráfico, Trata de personas, contrabando, de lesa humanidad y lavado de activos), ya que todavía no se encuentran habilitados los otros de los juzgados federales. El fiscal Candioti aportó que los procesos penales –donde la persona acusada está privada de la libertad– llegan a juicio oral en el término de dos años, que es el tiempo entre que se produce el rescate de la víctima y el dictado de la sentencia. Para dimensionar el mapa de la Trata y el negocio que se mueve a través de sus redes, la PROTEX reveló en el informe que sólo en el 38% de dichas sentencias (total de 271) se ordenó el decomiso de bienes utilizados como instrumentos o productos del delito: se identificaron 46 maquinarias, 38 rodados, 31 inmuebles y cerca de 450.000 pesos.

Por su parte, en el TOF de Paraná se establecieron pagos a las víctimas por parte de los condenados como reparación del daño causado. También en algunas sentencias se ordenó seguir investigando, como en el caso de ManzanaresCampoamor, quienes habían sido condenados en 2014 por la prostitución de menores, y que por nuevas imputaciones derivadas de testimoniales en el juicio, fueron nuevamente condenados con penas mayores. Un solo juicio En el transcurso de este año se celebró un solo juicio oral, que involucró a tres regentes de prostíbulos que funcionaban sobre la ruta nacional 14, a la altura de la ciudad de Chajarí. Las personas juzgadas fueron José Antonio Romero, alias Neio; Guadalupe Insaurralde, alias Chela y la brasileña Natividade Izildihna Leao, alias Izi. El debate oral se había realizado en 2012, donde los imputados habían resultado absueltos y por esa razón, el Ministerio Público Fiscal presentó un recurso de Casación, al que luego se le hizo lugar. Con un juez de la provincia de Santa Fe se dictó sentencia y se los condenó a la pena de cinco años de prisión. Este dato refleja que se vienen priorizando las causas por drogas. "Somos respetuosos del deseo de la víctima de declarar o no.

Algunas de ellas quieren volver a contar sus padecimientos y que lo necesitan, porque es la manera de que todos conozcan de su boca sus padecimientos, pero también hay otras víctimas que prefieren no volver a enfrentarse a los jueces y a la publicidad del debate. En ese caso lo que hay que hacer es posibilitar la reproducción en Cámara Gesell de los testimonios que ya prestaron apenas fueron rescatadas en la instrucción. No la revictimizemos llevándola a declarar nuevamente", dijo el fiscal Candioti.

Así planteó una de las pautas que se seguirán en lo que respecta a la protección de las mujeres afectadas por delitos considerados aberrantes –que han sido las principales perjudicadas en causas de explotación sexual en Entre Ríos– y que han recepcionado de buena manera los jueces de la jurisdicción. Entre los aspectos para resaltar de las sentencias, el funcionario destacó que "han reflejado todas las fases del delito de Trata. ¿Por qué me refiero a esto? Porque las características típicas del delito de Trata es tanto el traslado de la víctima, la recepción que puede ser en un prostíbulo, en un departamento. Y digo esto, porque ha mutado un poco el delito.

Con el cierre de los prostíbulos los tratantes empezaron a explotar sexualmente a las víctimas en departamentos o en quintas. El tratante logra captar a la víctima mediante el engaño", ilustró. Para el fiscal que el número de sentencias haya sido elevado responde "a un buen trabajo de la Justicia, a la actuación de las fuerzas de seguridad, tienen que haber intervenido los programas de atención a la víctima para darle contención y que pueda declarar libremente para contar todos sus padecimientos".

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