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Para la Fiscalía se probó que Varisco, Hernández y Bordeira financiaron el narcotráfico

Los fiscales ­adelantaron que van a solicitar condena para los 32 procesados. El lunes se conocerá los montos de penas a exigir.

Viernes 13 de Diciembre de 2019

Después de casi tres meses de debate, el juicio oral por las causas Narcoavioneta y Narcomunicipio que tuvo al exintendente de la ciudad de Paraná, Sergio Varisco, en el banquillo de los acusados, ingresó en su epílogo. Ayer la Fiscalía adelantó en sus alegatos que pedirá condena para los 32 procesados, y afirmó que, para fiscalía, Varisco, Pablo Hernández y Griselda Borderia aportaron dinero a la organización narco liderada por Daniel Tavi Celis y su hermano Miguel, más conocido como Titi.

Sentados junto al fiscal instructor Carlos García Escalada, el fiscal general José Ignacio Candioti y el fiscal adjunto Leandro Ardoy defendieron las investigaciones que culminaron, en mayo de 2017, con el secuestro de 317 kilos de marihuana en un campo de la familia Ghibaudo en Colonia Avellaneda, y en mayo de 2018, con la incautación de tres kilos de cocaína que estaban en la casa de Tavi donde vivía Luciana Lemos.

“La verdad, sin lugar a dudas es la organización más importante que hemos juzgado”, afirmó Candioti, al evidenciar la estructura con la que contaba la banda. Y describió: “Celis controlaba la Unidad Municipal N° 2, tenía campos y pistas clandestinas. Contaban con una logística muy importante”, y precisó: “Los imputados actuaban de manera articulada”.

Candioti relató al inicio cómo surgió esta causa, con el secuestro de más de 1.800 kilos de marihuana en una casa de calle Alemanes del Volga, en agosto de 2015, y que un llamado anónimo a la Policía Federal advirtió que la misma había sido dejada allí por un tal Cebolla en un camión municipal. A partir de allí se fue armando un entramado familiar y de conexiones que tenían a Celis en la cúspide. Cebolla Leguizamón es el padrastro del Tavi, pero además otras causas evidenciaban el negocio narco desarrollado por la familia: la hija de Leguizamón, fue condenada en 2015 por Facilitación de lugar para almacenar un cargamento de droga; y luego se sentenció a Norberto Perezlindo por más de una tonelada de marihuana hallada en la zona de El Brete.

La Policía Federal comenzó a hace un seguimiento a Daniel Celis y lo vieron dar órdenes a los empleados municipales.

El fiscal destacó la veracidad de los testimonios de los policías federales y la contundencia de las escuchas telefónicas. En ese sentido, realzó el trabajo de Carlos Frías, el perito desgrabador e interpretador de la Policía Federal. Es más, Candioti mencionó lo dicho por Frías acerca de la financiación de Varisco, Bordeira y Hernández a la organización narco. Sobre ese punto recordó cuando Frías relató que los Celis estaban quebrados y pudieron comenzar a traer droga desde Buenos Aires cuando comenzaron a recibir financiamiento municipal.

Según la descripción que realizó Ardoy, los tres funcionarios públicos le hacían llegar dinero a Celis a través de Lemos y del inspector de tránsito Alan Viola. Para el fiscal era notorio que había un “retiro (de dinero) del Estado para el avance de una organización de venta de estupefaciente a gran escala”. Ademas, Ardoy analizó y valoró el cuaderno con las anotaciones encontradas en la casa del Tavi que estaban en poder de Lemos. Y aprovechó para desmentir lo que dijo Celis en su defensa sobre que Lemos empezó a escribir el cuaderno porque supuestamente la estaban siguiendo.

“La División Lavado de Activos hizo un trabajo concluyente”, explicó Candioti y sostuvo que el contrainforme de los contadores municipales está incompleto porque ellos mismos reconocieron que no tenían toda la documentación. Valoró el testimonio de Alejandra María Guadalupe Riviere, la inspectora de Tránsito que contó con lujo de detalles de la relación que unió a Celis con Varisco.

Tanto Candioti como Ardoy fueron relatando y señalando la actividad que desplegó cada uno de los acusados según el rol de cada cual. También bucearon sobre lo que dijeron algunos de ellos y marcaron algunas contradicciones. Por ejemplo, Candioti atacó la inocencia que reclaman los hermanos Ghibaudo, quienes en más de una oportunidad dijeron que fueron víctimas de Luis Luiggi Céparo, que aparentemente los había contactado para la descarga de agronómicos en sus campos. “Omar Ghibaudo mandó mensajes a un contacto de Córdoba que decía ‘ya están los caballos en el corral’. A ese mismo número le mandó un mensaje Miguel Celis diciendo ‘el asado está listo’”. De esta forma la Fiscalía trata de derrumbar el presunto desconocimiento que tenían los Ghibuado sobre la actividad narco.

El fiscal sostuvo que el acuerdo político fue para financiar el narcotráfico. Es decir, que inicialmente hubo un acuerdo electoral y luego el pago de dinero a Celis, con el cual este rearmó su negocio narco desde la cárcel. Un punto en debate a lo largo del juicio fue, más allá de si le dieron o no dinero, si sabían en qué estaba metido Celis. No dudan los fiscales en que todos sabían la actividad del narcotraficante, a quien financiaron con recursos municipales.

El juicio continuará el lunes a las 9, cuando la Fiscalía dará a conocer los años de condena que solicitará para cada uno de los procesados. Luego será el turno de los abogados defensores, quienes alegarán, al menos, durante toda la semana.

Silva y Larrosa recibieron el arresto domiciliario

De los 33 procesados en las dos causas, 25 llegaron a juicio detenidos en las cárceles de Paraná. Pero a lo largo del debate se fueron realizando pedidos por parte de defensores al Tribunal Oral Federal, para la morigeración de las medidas cautelares, algunos de los cuales tuvieron respuestas positivas. Las últimas fueron las medidas adoptadas sobre dos procesados en la causa Narcoavioneta, Cristian Silva y Patricio Larrosa. Ahora quedan 19 encarcelados.

Ambos estaban presos desde el 29 de mayo de 2017, por lo que el defensor Augusto Lafferriere solicitó la excarcelación de ambos por no existir riesgos procesales, y también pidió el beneficio para Miguel Titi Celis. El fiscal José Candioti se opuso a lo solicitado.

El Tribunal entendió, respecto a Ceclis, que se puede fugar atento a sus contactos y la estructura que logró montar. Sobre Silvas y Larrosa, los jueces entendieron que para ellos también persisten los riesgos procesales, según el rol que les endilgan haber cumplido en la banda narco resulta razonable mantener la prisión preventiva, pero también “surge sensato morigerar las circunstancias” por lo cual les concedieron el arresto domiciliario.

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