“No se animan a decir que un abusador es irrecuperable”

José Amado/De la Redacción de UNO
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El miércoles por la noche los diputados nacionales aprobaron una ley que endurece el sistema de salidas transitorias y la libertad condicional para las personas condenadas por uno de los delitos más repudiados por la sociedad: el abuso sexual. También ordena que los violadores reciban un tratamiento para su reinserción social y así evitar la reincidencia.

Sin embargo, hay una cuestión sobre la que chocan la Justicia y los profesionales de la salud mental: ¿Son recuperables o curables los abusadores sexuales? ¿Es posible y efectivo un tratamiento para evitar que vuelvan a violar?

Dos opiniones grafican estas diferencias. El psiquiatra paranaense Luis Pirro, quien ha trabajado en numerosos casos, afirma: “Las personas con estas características de perversión no tienen una curación, porque al no sentir culpa ni remordimiento del hecho no rectifican su conducta, entonces no hay tratamiento psicológico que pueda dar vuelta una perversión”.

Por otro lado, el juez de Ejecución de Penas de Paraná Mario González Calderón dijo que, en sus años en esta función, “La mayoría de las personas que han salido en libertad por delitos sexuales, hasta ahora no han vuelto a reincidir. Por lo menos no tenemos denuncias de que hayan reincidido. Puede ser que no se denuncie, pero la persona es inocente hasta que se declare culpable y se comprueben los hechos”.

Por su parte, la sociedad (sobre todo los niños y las mujeres, y más que nada los de sectores sociales pobres) se siente desprotegida y temerosa ante aberrantes casos de violaciones y muertes. Los diputados apuraron el mencionado proyecto luego del caso de Tatiana Kolodziez, la joven violada y asesinada en Chaco por un remisero que estaba bajo libertad condicional con una condena por abuso sexual. En Paraná un hombre que cumplía una condena por violación ahora es juzgado por haber matado a dos mujeres poco después de que la Justicia le otorgara la libertad condicional (el martes será la sentencia). El jueves por la noche, en la ciudad de Santa Elena, los vecinos estallaron e intentaron linchar a un hombre que habría manoseado a una niña de 10 años.

El tratamiento
La nueva ley sostiene que se implementará un tratamiento para la reinserción social de los condenados por delitos contra la integridad sexual con el fin de reducir la reincidencia, que se llevará a cabo a través de un equipo especializado del servicio penitenciario para todos los internos hasta el cumplimiento de la pena.

Para Pirro esto es imposible: “El verdadero psicópata, el verdadero perverso, no tiene vuelta atrás y la persona reincide en su conducta. Los jueces piden tratamientos psicológicos, pero no hay psicólogo ni psiquiatra en el mundo, ni existe un psicofármaco que pueda dar vuelta esta situación”.

El psiquiatra Carlos Berbara, director del Hospital Escuela Salud Mental, se encuentra muchas veces ante pedidos de la Justicia para diagnosticar y tratar a abusadores sexuales: “Nos tenemos que poner de acuerdo con los equipos de salud mental que tiene la Justicia, para elaborar de la manera más concreta posible el diagnóstico y a partir de ahí trabajar. En los casos en que la perversión o la psicopatía está instalada, por más pedido que haya de la Justicia para el tratamiento es verdaderamente difícil ver una reversión del cuadro. Realmente tienden a repetir la conducta hacia la cronicidad”.

Berbara sostiene también que puede haber algunas excepciones: “Donde haya una cuestión traumática vinculada a un acto aislado, quizás de impulsividad, o de agresiones a terceros en la conducta sexual, quizá exista la posibilidad de realizar otro diagnóstico y sí es más factible el abordaje terapéutico”.

Contradicciones con las garantías
También en la Justicia marcan contradicciones de la nueva ley. El juez González Calderón sostiene: “La Ley 24.660 regula un régimen progresivo de la pena, se le da la oportunidad a las personas privadas de la libertad que siguiendo etapas pueda recuperar la libertad para reinsertarse en la sociedad. Si tenemos el fundamento del espíritu de la ley no podemos hacer actos contrarios a eso. En principio, todas las personas que están condenadas son iguales. Sobre aquellas personas que están por delitos más complicados se tratará de hacer un procedimiento especial”. Y luego agrega: “En la sociedad nos tenemos que poner de acuerdo sobre lo que queremos, porque reformamos las leyes y en realidad la mayoría de las reformas pecan por inconstitucionalidad”.

Apuntan a la Justicia
En las instituciones hay una férrea resistencia a abordar el problema de manera seria. En Entre Ríos no se hacen estadísticas que muestren un panorama de la situación. Para el psiquiatra Pirro “la Justicia no puede, no se anima a decir que una persona es irrecuperable, porque es un término muy duro, es muy difícil de entender desde el punto de vista humano”.

Dos años después de la sanción de la ley provincial que ordena la creación de un registro de abusadores sexuales, aún no se ha reglamentado. La Asociación de Víctimas de Delitos de Entre Ríos (Vidaer) ha impulsado esta ley, y su referente, Carla Cusimano, afirma hoy que la implementación del Registro de Defensa de la Integridad Sexual “es tarea del Poder Ejecutivo, pero es muy resistida por el Superior Tribunal de Justicia. La prueba está a la vista. Es un obstáculo con el que nos encontramos, ellos creen que el registro es una caza de brujas, nosotros no pretendemos eso”.

El registro, explicó Cusimano, “constaría de los datos personales del abusador, una muestra de ADN para poder cotejarla con abusos o violaciones no resueltos, la foto del condenado, que esté a cargo del STJ, informando a las fuerzas de seguridad. Eventualmente pueden tener acceso al mismo las organizaciones civiles que justifiquen la necesidad de conocer determinado dato de alguno de los casos”.

Separados
En los últimos años la cantidad de casos de abusos sexuales judicializados ha aumentado. Un ejemplo es que en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná hace dos meses han tenido que abrir un nuevo pabellón para los condenados por estos delitos. Según explicó el director de la cárcel, Marcelo Sánchez, ahora dos de los 25 pabellones son para estos internos. En uno hay 25 y en otro 16, es decir que en total son 41 de los 310 presos.

La separación de los condenados por violaciones es “una tradición dentro del establecimiento carcelario -explicó Sánchez-, como autoridad penitenciaria disponemos y organizamos los pabellones para evitar algunos conflictos que se puedan dar”, ya que “el delito de abuso contra la integridad sexual es muy rechazado en la población penal”.

Datos
* La ley modificada ordena un tratamiento para la reinserción social de las personas condenadas por violación con el fin de reducir la reincidencia.
* El mismo será llevado a cabo por un equipo especializado del servicio penitenciario.
* Si el juez concede algún beneficio anticipado al interno, este seguirá siendo asistido por el equipo hasta recuperar su libertad definitiva.
* Para los casos de libertad condicional y libertad asistida, corresponderá colocar un dispositivo electrónico de control.

“Educación sexual con perspectiva de género”
En una cosa coinciden todos: la necesidad de prevención. El psiquiatra Luis Pirro, por ejemplo, afirma la necesidad de mayor salud mental para la población; el juez de Ejecución Penal Mario González Calderón sostiene: “Es un problema del que tratamos de atacar el fin, y tenemos que ver el principio de las cosas. Hay que observar el apoyo en la niñez, que es donde se producen todos los males psicológicos que luego traen los problemas”.

La dirigente social y referente del feminismo en la provincia, Lucy Grimalt, afirmó respecto del endurecimiento de las penas y condiciones de cumplimiento de las mismas para los abusadores: “Que haya una sanción punitiva tiene que ver con deslegitimar este tipo de actos, que la sociedad deje en claro que esto no está permitido en nuestro contrato social; y es reparador para las víctimas porque es muy importante reconstruirse nuevamente a partir de que su relato es creíble, que su palabra tiene valor y no la del violador. Es muy importante ir desnaturalizando las violencias contra las mujeres”.

Por otro lado, Grimalt sostuvo: “No vemos que agravar las penas esté surtiendo un efecto preventivo, porque lo que está faltando es claramente trabajar mucho más a fondo en modificar los patrones de conducta sociales en cuanto al lugar que ocupamos las mujeres, de ir erradicando las violencias que sufrimos. Tiene que ver con una educación sexual con perspectiva de género. Si nosotros vamos a educar a las niñas y los niños en otro lugar, sin los estereotipos donde el rol de las mujeres es dar placer sexual al varón, ahí realmente vamos a estar previniendo”.

En este sentido, la exdiputada agregó: “Hay que modificarlo con educación, analizar a las relaciones de género y modificarlas para llegar a un plano de igualdad”.