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Triple Crimen de Bajada Grande

Los hermanos Siboldi se quedan en barrio Paracao

Así lo determinó la jueza de Garantías Marina Barbagelata. La medida es resistida por los vecinos del barrio que planean medidas.

Lunes 16 de Septiembre de 2019

Así lo determinó la jueza Marina Barbagelata. La medida es resistida por los vecinos del barrio que planean medidas

La jueza de Garantías Marina Barbagelata ratificó la medida de prisión domiciliaria de los hermanos Alexis y Brian Siboldi en barrio Paracao, en el marco de la causa por el Triple Crimen de Bajada Grande, ocurrido el 25 de mayo.

Este lunes, la magistrada recibió a un grupo de vecinos del barrio preocupados por la seguridad de la zona habida cuenta de las amenazas de ajuste de cuentas que recibieron los detenidos.

La medida restrictiva de cumplimiento en Paraná fue tomada tras el rechazo popular por los ciudadanos de María Grande y Viale.

Este domingo, vecinos del barrio habían realizado una concentración frente a la Comisaría 13ª en rechazo a la medida que, consideran, llevará intranquilidad e inseguridad a la zona.

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El Petitorio

Los vecinos presentaron ante las autoridades los reclamos que son encabezados directamente con el pedido concreto de traslado de la prisión domiciliaria de los hermanos Siboldi hacia otro punto de la ciudad.

En el escrito, se exige al presidente del Superior Tribunal de Justicia Emilio Castrillón y a la jueza de Garantías Marina Barbagelata tomar cartas en el asunto y resolver el planteo.

Además, se reclamó:

Que venimos por el presente a solicitar el inmediato traslado de los hermanos Alexis y Brian Siboldi del domicilio ubicado en calles Altos del Paraná y Pedro Balcar a diferente lugar; por los motivos que a continuación se detallan y que V.S./U.D. no puede dejar de observar.

II- FUNDAMENTOS DEL PETITORIO

INTRODUCCIÓN:

En relación a vuestra función de "decir el derecho" en respeto de las garantías propias de la constitución y los tratados internacionales, resulta patente que en el presente vuestro decisorio ha violentado los derechos de los ciudadanos, quienes son aquellos que con vuestro designio pagan vuestros sueldos, y votan las leyes que ustedes aplican, conforme su sano entender; sin ser los firmantes partes en decisorio judicial oportuno, pero siendo las mismas una parte interesada la cual no puede dejar de oírse, y que oportunamente instrumentará todas las acciones atinadas a conseguir una decisión que haga justicia a los ciudadanos que solicitan la presente.

A) Es patente el hecho que tal como es de público y notorio conocimiento, los imputados han sido trasladados en reiteradas oportunidades a diferentes lugares de la Provincia, motivo por el cual han existido numerosas marchas en contra de dicho decisorio, tanto en Viale como asimismo en María Grande; motivo por el cual dichos sujetos se encuentran finalmente ubicados en el lugar referido; atento ello y una noción que es ineludible para todos nosotros, la que nos indica que todas las personas somos iguales en derecho frente a la ley, es que estos ciudadanos piden no ser tenidos por menos frente a los reclamos antes realizados; en este sentido es que la naturaleza óntica de la persona, recogida en el Artículo 16° de la Constitución Nacional nos indica que todas las personas son iguales, rezando dicho artículo Todos sus habitantes son iguales ante la ley"; no justificándose así, que dichos imputados hayan sido trasladados a este lugar, toda vez que estos ciudadanos muestran su desconcierto y su contrariedad con dicho decisorio, y no existe de modo óntico ningún tipo de diferencia entre los ciudadanos de dichas localidades y estos humildes ciudadanos.

B) Asimismo y debido a la probabilidad cierta de vindicta por parte de los familiares de los victimarios es que cada uno de los habitantes de esta zona viven atemorizados ante la eventualidad de nuevos hechos de sangre, que su solo presencia irroga en el vecindario; siendo el mismo un vecindario caracterizado por la tranquilidad y la paz, el que con la presencia de dichas personas se ha visto transgredido.

C) Asimismo, es patente el hecho que dichos sujetos están cumpliendo su reclusión al cuidado de una anciana por todos conocida, la que tiene más de 90 años edad y la cual de ningún modo puede garantir la indemnidad de las personas a su cargo en domicilio, como asimismo el cumplimiento de dicha prisión.

D) Asimismo es patente el hecho que a menos de 10 metros del lugar indicado para el cumplimiento de la prisión preventiva reside de modo habitual y desde hace más de dos años (..) un policía federal quien tuvo que retirarse recientemente debido a amenazas las cuales están siendo investigadas tanto en la Justicia Federal como asimismo en la provincial en los expedientes: Legajo obrante ante el JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA Nº 1 DE LA CIUDAD DE PARANA, POR ANTE LA SECRETARIA EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL Nº 2 A CARGO DEL DR. JUAN ANDRES CHAULET; y legajo de investigación obrante ante la Fiscal Santana; en la justicia federal y provincial respectivamente. Legajos los cuales se inician a raíz de una reciente amenaza de muerte, en la que se identifica al denunciante claramente y desde el anonimato, intimándolo a que abandone sus tareas investigativas, todas las cuales han estado orientadas al descubrimiento de los delitos complejos en la brigada de investigaciones de la PFA; tarea realizada desde hace más de 25 años, oportunidad en la cual ha podido investigar a los integrantes de dicha familia en reiteradas oportunidades por diversas cuestiones relacionadas con dichos delitos; ciudadano el cual tiene temores fundados ya que vive a menos de diez metros de dicho domicilio.

E) Asimismo todos los vecinos abajo firmantes sabemos (es de público conocimiento), que los mismos han estado involucrados en los homicidios mientras su padre cumplía también un arresto domiciliario, lo cual evidentemente, no es una garantía para nuestra seguridad. Por otra parte, su presencia allí también atenta sobre nuestra tranquilidad ya que somos todas personas trabajadoras, que pagamos nuestros impuestos como zona residencial y queremos lo mejor para nuestros hijos y no estamos acostumbrados a estas formas de vida.

F) También es de público conocimiento que estas personas han estado involucradas a la venta de drogas y su padre ha estado preso por este motivo y bajo ningún punto de vista permitiremos que se instalen en nuestro barrio; por tal motivo exigimos que se hagan valer nuestros derechos (como sucedió con los vecinos de Viale y María Grande, Artículo 16° de la Constitución Nacional).

G) Asimismo, sabemos de acuerdo a lo comentado por el comisario general Antoniow, que desde la Comisaría hay a disposición una guardia de 24 horas quedando así desprovistos para la eventual necesidad de los efectivos en otros delitos ocurridos en la zona, lo cual genera un despropósito y un despilfarro de recursos públicos, los cuales pagamos con nuestro bolsillo y que no estamos dispuestos a solventar.

Asimismo, sabemos que esta guardia está destinada a controlar que estas personas estén en el domicilio; pero no al control de quienes ingresan y eso nos deja intranquilos, ya que es claramente apreciable, que en un lapso corto de tiempo han ingresado a dicho domicilio más de 20 personas, con bebidas alcohólicas en sus manos, lo cual evidentemente no se condice con la condición propia de prisión preventiva.

Por todo ello, los abajo firmantes y en especial respeto al deseo de tener la contención necesaria a los fines de tener una vida digna, en medio de tanta incertidumbre, solicitamos que, con la mayor brevedad posible, tome los recaudos a los fines de trasladar a dichas personas a diferente lugar del elegido, toda vez que dicha decisión no ha tomado en cuenta los derechos de quienes peticionan en la presente, y de muchos otros los cuales por su minoría de edad no han podido firmar, pero que con su corazón apoyan dicha decisión.

Asimismo, esta parte pone en vuestro conocimiento que pondrá en juego todas las herramientas legales otorgadas por las normas subjetivas y objetivas de nuestra nación, como asimismo el funcionamiento de los tratados internacionales de derechos

(Artículo 75° inciso 22 de la Constitución Nacional) los cuales son directamente operativos y no son normas programáticas, todo ello a los fines de conseguir el respeto por el derecho a la igualdad, la paz y la armonía que peticionamos.

Concluyendo los peticionantes que vuestro decisorio ha sido un error a todas luces, toda vez que se han pisoteado los derechos de los ciudadanos de dicho barrio, los cuales por el presente reivindican sus intenciones de justicia efectiva y real.

Proveer de conformidad, será Justicia".

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