Un hombre y una joven fueron detenidos hace poco más de dos meses con un cargamento de más de 36 kilos de cocaína de máxima pureza, cuando ingresaban a Entre Ríos por la ruta nacional 14. La pareja, que reúne todos los estereotipos de “mulas” del narcotráfico habían pedido revisar su situación procesal y de prisión preventiva. Recientemente la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná confirmó el procesamiento de la pareja por el delito de Transporte de estupefacientes.

Oriundos de San José y Puerto Esperanza, provincia de Misiones, Luis B. y Jésica C. viajaban en un auto Peugeot 306 por la ruta 14 desde el noreste argentino, atravesaron la provincia de Corrientes e ingresaban a Entre Ríos. Los policías del Puesto Caminero Paso Cerrito detuvieron la marcha del vehículo para un control rutinario. Tras solicitar la documentación al conductor, advirtieron situaciones anómalas y sospechosas, por las cuales decidieron llevar hasta el lugar al perro detector de drogas para que olfatee el vehículo, y no tardó en marcar la posible presencia de sustancias en el mismo.

Al revisar más detalladamente el auto, con la autorización del Juzgado Federal de Concordia a cargo de Analía Ramponi, los policías encontraron 35 ladrillos ocultos en distintas partes del auto, los cuales fueron analizados y peritados por el personal de Toxicología, en cuyo informes anotaron que se trataba de 36 kilos de cocaína.

La jueza dictó el procesamiento y prisión preventiva para los dos ocupantes del auto, mientras que a la joven Jésica le otorgó el arresto domiciliario, teniendo en cuenta que tiene una hija de apenas un año.

Ambos son asistidos por la Defensoría Pública Oficial de la Nación, lo cual marca un primer indicio de que no se está frente a grandes narcos que suelen pagar abultados honorarios a abogados particulares. Los planteos defensivos llegaron a la instancia de apelación, en la cual Noelia Quiroga sostuvo, respecto de Jésica C., que nunca tuvo conocimiento de que el auto en el que se trasladaba e iba como acompañante llevaba droga, tal como la misma acusada declaró el momento de la indagatoria, al tiempo que subrayó que se trata de una mujer muy joven, de escasa instrucción y bajos recursos económicos.

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Del informe socio ambiental surgió que la chica no cuenta con empleo y percibe un ingreso mensual de 23.000 pesos por el subsidio estatal Asignación Universal por Hijo, para (intentar) sustentar económicamente a su hija.

La defensa solicitó directamente el sobreseimiento de la joven, o subsidiariamente una falta de mérito o la imputación por una participación secundaria en el delito, “al encontrarnos frente a una actividad meramente fungible” por parte de la acusada.

Cabe remarcar que el Ministerio Público Pupilar intervino en la causa teniendo en cuenta que se vieron afectados los derechos de la menor de un año hija de la imputada, y dictaminó en favor de la libertad de la madre en virtud del “Interés Superior del Niño/a” y el principio de intrascendencia de la pena, es decir, que la sanción a una persona no debe afectar a terceros, en este caso la medida cautelar sobre la madre no puede afectar a su hija. Además, la abogada Davite que representó al Ministerio Pupilar, refirió además del impacto que le ocasionó a la beba el encierro de su madre, “las condiciones de hacinamiento en las que se encuentra”.

Respecto de Luis B., también e pidió su excarcelación o prisión domiciliaria con permiso para salida laboral: se trata de un albañil, con un ingreso mensual aproximado de apenas 40.000 a 50.000 pesos, que debe cuidar a su abuelo discapacitado de 84 años, así como trabajar debido a que es único sostén familiar, con un hijo de 10 años.

El fiscal Carlos Álvarez había dicho respecto de la joven que no se debe modificar la prisión domiciliaria, teniendo en cuenta que se domicilia cerca de la frontera, y que asumió el traslado de estupefaciente desde el límite noreste del país hacia su egreso con el límite este a la República Oriental del Uruguay, mientras que aún restan saber vicisitudes vinculadas a su vida, a su quehacer, al celular, y a la información de testigos.

Acerca de su participación en el hecho, la Fiscalía consideró que “tuvo el codominio funcional del hecho”, mediante el “reparto de tareas”, por lo cual no se debe modificar el procesamiento.

En tanto, acerca del hombre, consideró que también debe confirmarse el procesamiento y la prisión preventiva valorando la gravedad del hecho y que era el conductor del auto en el que llevaban los 36 kilos de cocaína.

Al momento de resolver, los camaristas Beatriz Aranguren, Mateo José Busaniche y Cintia Graciela Gómez, entendieron que las pruebas que llevaron al procesamiento de Jésica C. sobre su presunta participación en el hecho “resultan suficientes” para confirmar la medida de la jueza federal.

Y agregaron que “si bien deberá profundizarse la investigación a fin de indagar sobre el concreto rol de cada uno de los involucrados y la existencia de otros eslabones en la cadena de tráfico ilícito”, advierten que la intervención de la joven en el transporte de droga, sería importante.

Más aún respecto del hombre, sobre quien también rechazaron los pedidos de la defensa.

La resolución de la jueza Ramponi fue confirmada, mientras e aguarda por nuevas medidas de investigación o bien la remisión de la causa a juicio.