Jefe narco de Nogoyá se proveía en Paraná y guardaba dinero en el banco

La investigadora relató que López le compraba la cocaína a Roberto Sterz, y que su amigo Mariano Alfaro le guardaba el dinero en un banco.
27 de febrero 2020 · 16:56hs

El juicio a nueve personas acusadas de integrar una banda narco de Nogoyá, comenzó a dejar varias sorpresas. Por un lado, en la jornada de ayer, se ventiló que el líder de la organización se proveía de la cocaína en Paraná, y se la compraba a familiares de Roberto Sterz, condenado, entre otras causas, por la cocina de cocaína que instaló en un campo del Acceso Norte. Por otro, se detalló cómo se guardaba el dinero fruto de las ganancias de la venta de drogas, a través de un comerciante, en operaciones que rozan el lavado de activos.

Los acusados son Sebastián López (organizador, con dos condenas por venta de drogas), su mano derecha Mariano Giménez, su hermano Marcos Giménez, el comerciante Mariano Alfaro, Pablo Salcedo, José Luis Gómez, Washington José Graizzaro, Juan Legras y Pablo Balbuena.

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La testigo principal fue la comisaria de Toxicología de Nogoyá, Vanesa Olivera, quien detalló el inicio y el transcurso de la investigación, denominada “La Chacra”, que tuvo a su cargo.

“Nosotros iniciamos la investigación en abril de 2017 porque detectamos un lugar donde se podrían comercializar estupefacientes. En un primer momento fue contra Sebastián López y Mariano Giménez, fueron un par de semanas de estado de sospecha con trabajos de calle, vigilancias y filmaciones. Se pudo obtener el número telefónico de López y se solicitó la intervención para profundizar la investigación. Nos llevó a otros partícipes en la presunta comercialización de estupefacientes. Fueron surgiendo el hermano de Giménez, Marcos, y Pablo Salcedo”, contó Olivera.

“Después –siguió la comisaria en su relato– llegamos a ver dónde López se proveía de estupefaciente. En un principio hablaba con un hombre de Paraná, a quien identificamos como Leandro. Con él coordinaba cuando visitaba a su pareja detenida, y decía que iba a pasar por El Emporio de la Electricidad, propiedad de Roberto Sterz. Hablaba con Leandro U. (yerno de Sterz)”.

Según pudieron reconstruir, el mecanismo de las transacciones era así: López coordinaba con Urquiza, este le decía que lo iba a contactar con el Gordito, que era Diego S., quien se encargaba de hacer las entregas. En esos momentos, se dan comunicaciones donde Sterz le dice a su hija Guadalupe “va a venir el hombre a buscar las cuatro camperas”. López se comunicaba con Giménez, este contactaba a Pechocho G. (lo llamaban “el fletero”), que iba a buscar la droga a Paraná. Una de las entregas que pudieron constatar, se efectuó en la estación de servicios ubicada en la ruta nacional 12 y Newbery, y otra en el santuario del Gauchito Gil, por la ruta nacional 18.

Después surgió un problema –según recordó Olivera–, porque los paquetes de droga estaban abiertos, lo que originó un conflicto entre Leandro U., Diego S. y López. Diego S., que también entregaba la droga de Sterz a otros clientes (por ejemplo a gente de Concordia), y recaudaba el dinero, terminó pagando una deuda y se abrió. Allí fue cuando López buscó otro proveedor y encontró a un tal Becha G..

La comisaria de Toxicología relató: “En una vigilancia se filma una camioneta en la casa de López, se hace un seguimiento y llegan a la estación de servicios de la ruta 12, y López va a un local de comidas rápidas que se llama Puerto Madero, atendido por C.. A partir de ahí empieza a surgir Becha, como que Cardozo lo contactó a Godoy para que hable con López, pero después surgió que era Alfaro el que hablaba de la Becha, que le decían también el Bolita”.

Cabe destacar que ni Leandro U., ni Pechocho G., ni Diego S., ni Becha, están imputados en esta causa, por eso no se consignan sus apellidos.

Acerca de los demás acusados, Olivera sostuvo que Graizzaro, Taborda, Cabrera, Marcos y Mariano Giménez y Balbuena, eran vendedores, mientras que Legras y Gómez aportaban sus domicilios donde López y Giménez citaban a los clientes.

Todavía restan varias audiencias del juicio, con más declaraciones testimoniales, previo a los alegatos del fiscal general José Ignacio Candioti, y los defensores Boris Cohen, Pablo Minetti, Noelia Quiroga (oficial), Augusto Laferriere, Iván Vernengo, Damián Petenatti, Corina Beisel, Claudio Berón y Esteban Cejas.

¿Consumía, guardaba la plata o era el financista?

La discusión en torno al rol de Mariano Alfaro pasará por si era un consumidor cliente de López o, como sostiene la Fiscalía, quien le guardaba el dinero al narco. El imputado, de 46 años, tiene dos locales de venta de celulares de la empresa Personal, en Nogoyá y Villaguay. En una escucha telefónica, López le pide que le entregue 180.000 pesos, porque aparentemente tenía que pagarle a un proveedor. Según la hipótesis de la investigación, al jefe de la banda narco le habían entrado a robar a su casa, en 2017, por lo que buscó un lugar más seguro para el dinero de las ganancias de la venta de droga, y se lo daba a Alfaro.

“En una oportunidad, López necesitaba algo de 180.000 pesos y lo llama a Alfaro, quien le dice que andaba de viaje, que tiene la plata en el banco y le tenía que avisar con tiempo”, contó la comisaria Olivera. Algunos llaman lavado de activos a introducir dinero de origen ilícito en una entidad bancaria.

También recordó una comunicación donde López le pide una cifra, Alfaro le dice que no llega (“me puedo estirar hasta 30”), coordinaron y López pasó por su casa.

El Tribunal le preguntó a Olivera si Alfaro podría haber sido financiador de López, o solo guardador del dinero. Según las conclusiones de la investigadora, era lo segundo, y dio las razones del robo que había ocurrido en su casa y las escuchas donde se entendería ese rol.

Pero además, en una escucha surgió que fue Alfaro quien le pagó en una ocasión al proveedor Becha Godoy, y en la misma conversación le aclaró a López que no eran 180.000 pesos, sino 170.000, y que la diferencia era la comisión para el dueño del local Puerto Madero. Es decir que Alfaro habría tenido mayor protagonismo en la actividad delictiva.

Se destacó que las cifras que manejaban eran compatibles con el costo del kilo de cocaína en aquella época, en coincidencia con lo surgido en el juicio a la banda de Daniel Celis.

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