La jueza de Garantías Carola Bacaluzzo decidirá en los próximos días si acepta o no el pedido de sobreseimiento que instó la fiscalía para el exintendente de Villa Urquiza, Alberto José Gastiazoro, y el empleado municipal, Arnoldo Seferino Schmaedke. Ambos fueron judicalizados por una denuncia que se motivó por el supuesto mal proceder en dos licitaciones públicas realizadas en 2017 y 2018. Sin embargo, la Investigación Penal Preparatoria (IPP) realizada por el fiscal Ignacio Aramberry no logró acreditar que el exintendente peronista haya intentado beneficiar al empleado o algún familiar en las licitaciones de las cantinas del camping de la localidad turística.

Gastiazoro fue acusado de la figura de Negociaciones incompatibles porque supuestamente se habría interesado por dos licitaciones para beneficiar a un empleado municipal y a un familiar. El denunciante fue un oferente que entendió que a pesar de ofrecer más dinero no recibió la adjudicación.

Durante el proceso se probó que no hubo interés del exintendente y que tampoco era familiar de los interesados en explotar la cantina. La División Delitos Económicos logró probar que era mentira que exista un lazo de familiaridad con uno de los concursantes.

José Barbagelata Xavier, defensor técnico del exintendente, acompañó el planteo realizado por el Ministerio Público.

A Gastiazoro se le atribuye que en su condición de presidente municipal de Villa Urquiza se interesó indebidamente en que la licitación Nº 001/17, dispuesta mediante Decreto Nº 045/17 PMVU, de fecha 8 de septiembre de 2017, tendiente a otorgar la concesión de permiso precario de uso del Puesto Nº4 ubicado en el Camping Municipal, le sea adjudicada a Schmaedke, y pese a que éste se desempeñaba como encargado del área de Rentas de ese mismo municipio. Finalmente, el 20 de octubre de 2017, emitió el decreto Nº053/17 PMVU, efectivizando la adjudicación en favor de Schmaedke, infringiendo lo dispuesto en el artículo 161, in fine, de la Ley Nº 10.082.

En la segunda imputación contra Gastiazoro se lo acusa de interesarse indebidamente en la licitación Nº 001/18, dispuesta mediante Decreto Nº 063/18 PMVU, de fecha 10 de septiembre de 2018, tendiente a otorgar la concesión de permiso precario de uso del Puesto Nº4 ubicado en el Camping Municipal, le sea adjudicada a Schmaedke, y pese a que éste se desempeñaba como encargado del área de Rentas de ese mismo municipio. Finalmente, el día 21 de octubre de 2018, emitió el Decreto Nº078/18 PMVU, efectivizando la adjudicación en favor del antes nombrado, infringiendo lo dispuesto en el artículo 161, in fine, de la Ley Nº 10.082”, conducta descripta como Negociaciones incompatibles con la función pública en concurso ideal con abuso de autoridad en calidad de autor (dos hechos) en concurso real.

Durante el proceso no se puedo acreditar el interés de Gastiazoro por beneficiar al empleado. Es más, la defensa aportó datos de la Comisión de Compra de la Municipalidad que recomendó la adjudicación al vecino de Villa Urquiza.

En esta localidad turística de la costa del Paraná hay una ordenanza que prevé que en caso de una licitación tendrá prioridad el inversor local.

Si bien en el proceso no se habló de motivaciones políticas, el denunciante era del partido político contrario al exintendente y había sido beneficiado en otras licitaciones con la explotación de esas cantinas. El Tribunal de Cuentas tampoco cuestionó la licitaciones. Lo único que diferenció a Schmaedke de los otros licitantes es su condición de agente municipal.