Sábado 19 de Septiembre de 2020
En calle Ituzaingó y Courreges hay un extenso mural de la Red Puentes MP La Dignidad que, entre otras imágenes, tiene el rostro de Gabriel Gusmán: sonrisa, mirada achinada y gorra hacia atrás. Al lado, dice: “Asesinado por la Policía”, el 25 de septiembre de 2018, y afirma: “No fue enfrentamiento, fue gatillo fácil”. Esto es lo central que plantea la familia de la víctima para pedir justicia y condena a los policías que le dispararon, Rodrigo Molina y Diego Íbalo, aunque también es el punto más controversial en la causa. Paradas frente a ese mural, Alejandra y Maira, madre y hermana de Gabriel, hablaron con UNO y afirmaron: “Lo ejecutaron de un tiro en la nuca, por la espalda. Gabriel obedeció la voz de alto, él era respetuoso con la Ley. El patrullero no tenía ni un rasguño, ni un daño, y dicen que mi hermano les disparó cuatro veces, cuando se iba corriendo”.
El viernes se cumplen dos años del homicidio ocurrido en el barrio Capibá de Paraná. La causa tiene dos posturas antagónicas: la familia de Gusmán, como querellante, afirma que fue una ejecución por la espalda; la defensa de los dos policías del 911 sostiene que se trató de un uso legítimo de la fuerza ante una persona en fuga que les disparaba. La Fiscalía tiene muchas dudas, lo que explica que aún no hayan citado a declarar como imputados a los efectivos. Mientras aguarda el resultado de una pericia que, después de una larguísima espera, comenzó a hacer Gendarmería, el Ministerio Público parece estar más cerca de abonar una legítima defensa de los policías, o quizás un exceso de ese accionar. Igual, todavía no está todo dicho.
Más allá de las particularidades del caso y la complejidad de las pruebas, se pone en discusión si los policías tenían otras opciones que dispararle a Gusmán, y cuáles son las circunstancias en las que el Estado puede tirar a matar, cuando la vida es lo primero que debe proteger.
Recueros y amenaza
El mural con el pedido de Justicia por Gabriel Gusmán fue pintado el año pasado. En abril, apareció con una mancha roja en el lugar por donde salió el proyectil que terminó con la vida del joven de 20 años. “A eso no lo sabe cualquiera que pasa por casualidad y lo pinta, seguro fue la Policía”, asegura Maira, y su madre agrega: “Para nosotros fue una amenaza”.
Mientras la causa se paralizaba, la familia de la víctima se movilizaba, tanto en Tribunales como en actividades en otros lugares, y siempre estuvieron muy activos en mantener la publicidad del caso en las redes sociales.
“Ahora es el aniversario del asesinato, pero para nosotros es llorar todos los días. No pasa un día sin que nos acordemos de Gabi ni que hablemos de él en cada reunión familiar. Él descansa en paz, pero no vamos a parar hasta que la causa avance y se haga justicia”, asegura la hermana del joven. Y, en este sentido, Alejandra pidió: “Queremos que los fiscales Ramírez Montrull y Badano muevan la causa, que no la archiven”.
Pese al dolor de no tener una respuesta institucional ante la demora de la investigación, aseguran que no estuvieron solos: “Estuvimos acompañados por el MP La Dignidad, MST, CCC, La Poderosa, y muchas otras organizaciones sociales”, contaron.
Además, Maira pidió “que la Policía deje de molestar a los chicos que por cualquier cosa los paran en la calle, los ponen contra los patrulleros, les pegan en las piernas. Cada vez que los veo siendo maltratados, lo veo a Gabriel”.
Pericia y testigos
En la hipótesis de la Fiscalía, hay dos puntos comprobados. 1)El contexto: había un conflicto entre dos grupos en el barrio, con balaceras a diario, por lo que había apostado un patrullero. Gabriel fue a tirotear a unas personas (la banda del Topi Alem), cuando una mujer llamó al 911 y el móvil 1021 con Molina e Íbalo que estaba cerca fue y encontró a Gusmán. 2) Persecución y enfrentamiento: Gabriel se ve sorprendido por el patrullero y le dispara a la Policía mientras corre por un amplio descampado. Cuando recibe el balazo y cae muerto, aún tenía el revólver.
Lo que busca determinar la acusación pública es si los disparos policiales estaban justificados en ese momento. Sostienen que la Policía está habilitada a repeler una agresión. El asunto sería determinar si, en el momento que le dispararon, Gusmán ya había dejado de atacarlos. Para ello, se necesita la pericia que tanto ha demorado y comenzó hace unos 10 días.
Se trata de un nuevo croquis del lugar, para determinar la posición del cuerpo de la víctima al momento de recibir el disparo, la ubicación de los dos policías y calcular quién de los dos tenía el ángulo de tiro que finalmente impactó en Gusmán.
El fiscal Ramírez Montrull dijo a UNO: “Desde que la ordenamos, hemos hecho seis o siete oficios a Gendarmería pidiendo por la pericia. Cambiaron de perito en el medio por una cuestión de traslado del que estaba antes, después tuvo que asumir el cargo otro perito que, por el Covid, estaba con posibilidades restringidas por los horarios de trabajo. Se tomaron las medidas antopométrias de los policías (mediciones de cuerpos y extremidades para los cálculos) y también se cuenta con el informe autópsico y la planimetría. Estamos esperando el informe de Gendarmería que es muy importante, es fundamental para evaluar las testimoniales, que son muchas y contrarias en las versiones”.
Acerca de la prueba testimonial, el fiscal especificó: “Hay tres grupos de testigos: los que estaban enfrentados a Gusmán, los que no tienen ninguna relación con él, que es donde mas enfocamos porque son los más imparciales o menos afectados, y los del grupo de Gusmán. En base a eso hemos evaluado y solicitamos el informe de Gendarmería para ver si se condicen”.
Hay más de 20 testigos, con muchas disparidades en sus relatos sobre el episodio fatal.
Entre dos extremos
“La cuestión de fondo es si estamos frente a un Homicidio calificado o una Legítima defensa. No hay dudas que la muerte se da por un disparo de arma de fuego calibre 9 milímetros que pertenece a la Policía”, dijo a UNO el defensor de Íbalo y Molina, Daniel Rosatelli, quien también aguarda por la pericia encomendada a Gendarmería, aunque sostiene que “no será tan sencillo arribar a una conclusión objetiva en base a la prueba”.
El abogado sostiene que hay suficientes elementos que legitiman la actuación de los policías, al tiempo que remarcó: “Un dato importante dentro de la causa es una pericia comparativa. El arma secuestrada en el lugar, que en un primer momento se hablaba que se había plantado, fue cotejada de manera visual por Criminalística de la Policía, con intervención de Gendarmería, con una foto de Gusmán publicada en Facebook portando el arma”.
Mientras aguardan por la decisión de la Fiscalía en la causa, los dos imputados están hoy prestando servicio en la cocina del 911. El defensor afirma que también ellos esperan alguna resolución para saber qué será de su futuro.
Ir a juicio
En distintas oportunidades, los abogados querellantes Lucía Tejera y José Iparraguirre, han manifestado que se trata de un caso de gatillo fácil: sostienen que Gabriel se había detenido obedeciendo la voz de alto y levantó las manos, no obstante le dispararon por la espalda. Han remarcado que no hay testigos que refiera que Gusmán les disparó a los policías antes de recibir el balazo en la nuca, y en este sentido apuntan que hay testigos que contradicen la versión del enfrentamiento.
Los letrados han cuestionado a la Fiscalía por las demoras en las definiciones en la causa. Insisten en el llamado a la declaración de imputados de los policías. El objetivo de la querella es poder ir a un juicio oral y público donde se pueda debatir si existieron o no una causa que exima a Molina e Íbalo de responsabilidad en el homicidio.