Javier Aragón / De la Redacción de UNO
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Falta de medios en la Justicia Federal para atacar a narcos
En los hornos de la cooperativa Coceramic se incineraron ayer cerca de 400 kilos de marihuana que habían sido incautados en los últimos seis meses en las causas judiciales que se tramitan en la Justicia Federal de la capital entrerriana. El procedimiento, que fue ordenado por el juez federal de esta capital Leandro Ríos, sirvió para destruir la droga secuestrada, como también conocer las severas falencias con que se cuenta en el organismo para poder combatir los denominados delitos federales.
El magistrado agradeció a la firma paranaense por prestar las instalaciones y permitir de modo seguro,práctico y eficaz destruir la mercadería incautada.
Destrucción de la droga
Sobre la droga secuestrada contó a UNO que “estas causas son parte de investigaciones muy amplias que se están llevando adelante y que tienen como objetivo desbaratar las bandas que operan en escalas significativas y de grandes dimensiones”.
El magistrado, que tuvo un paso importante por la Justicia entrerriana, y que ganó su cargo en un severo concurso, hizo saber que “hoy este tipo de bandas operan con mucha astucia y por ello es muy difícil encontrar grandes cantidades, pero con el trabajo conjunto de las fuerzas federales, nacionales y de la policía entrerriana se están realizando varios operativos con los resultados por todos conocidos con numerosos detenidos y el secuestro de una importante cantidad de kilogramos de estupefacientes”.
Severas limitaciones
Ríos, al referenciar sobre los contratiempos que padecen en los tribunales de calle 25 de Mayo, en Paraná, contó: “Hoy tenemos una carencia significativa en el plano operativo para poder enfrentar con mayor eficacia a las bandas narcos, por decir tenemos que recurrir a la buena voluntad de una cooperativa de trabajadores para poder eliminar la droga en los hornos, ya que no tenemos un lugar debidamente acondicionado para poder destruir lo que se secuestra, ni hablar de la cocaína que requiere un proceso aún más complejo”.
“Con los pocos elementos que tenemos, agudizamos el ingenio para trabajar y enfrentar este desafío que requiere la sociedad”, remarcó para insistir: “Lamentablemente tenemos limitaciones operativas tecnológicas y hasta de personal humano que lleva a limitar la tarea en el Juzgado Federal y abordar debidamente el complejo tema del narcotráfico”.
Faltan penales
El reclamo de Ríos no quedó enmarcado en estas cuestiones, fue más allá e informó: “Otro problema más que tenemos en la región, y que se suma a los anteriores, es la falta de una unidad penal para delitos federales. No hay en todo el territorio entrerriano y tampoco en Santa Fe, con lo que esto determina”.
Recordó que “hay convenios con las provincias, pero la realidad marca que las unidades penales están cerca del límite por contar una gran mayoría de detenidos, procesados o condenados por causas de narcotráfico y tráfico de estupefacientes”.
Pese a esto, el juez Federal de Paraná se mostró esperanzado en poder mejorar las actuales condiciones laborales. “Con todos estos problemas estamos al día con las causas y con las resoluciones y con las investigaciones, sin embargo uno pide que si se nos dotaran de los medios que son más que necesarios, esta lucha contra los narcos sería más completa”.
En este marco, la Asociación de Funcionarios y Magistrados del Poder Judicial de la Nación hace un tiempo atrás había reclamado al Poder Ejecutivo nacional y al Consejo de la Magistratura acelerar la cobertura de las vacantes en los distintos juzgados federales de la Argentina.
“Hay jueces federales que solo tienen dos empleados por lo que es muy complejo poder trabajar y llegar a organizar una verdadera estrategia de lucha contra las bandas narcos”, había mencionado un funcionario judicial que aguarda que el gobierno destine los fondos necesarios para que esta realidad comience a cambiar.
Hoy en Paraná la Justicia Federal no cuenta con una Alcaidía adecuada para la detención y alojamiento de los acusados. Tampoco cuenta con una cámara Gesell donde las víctimas de trata de personas o de otro tipo de delitos, puedan ser constatadas sus declaraciones frente a personal especializado.
A la falta de un penal federal, de un laboratorio para el estudio de las pruebas recolectadas y la falta de mayor personal, es que los miembros de la Justicia de calle 25 de Mayo, de modo permanente mantienen los reclamos de mejoras al Poder Ejecutivo, Legislativo y a la Corte Suprema de Justicia.
Unidos en el reclamo
Los jueces Federales, por estos tiempos han cambiado la actitud del bajo perfil frente a los constantes ataques de funcionarios y legisladores nacionales que los culpan del crecimiento de las bandas narcos. Hace pocos meses los jueces del fuero Federal del norte del país se reunieron para acordar una serie de acciones destinadas a profundizar la lucha contra el narcotráfico y otros delitos de frontera, como la trata de personas, el contrabando y el lavado de dinero.
El juez Federal de Orán, Raúl Reynoso fue el anfitrión del encuentro y uno de los principales temas que discutieron los jueces fue la “desfederalización de la lucha contra el narcotráfico”.
Cada uno de los jueces, en este encuentro, plasmó la realidad sobre la lucha que llevan adelante en sus jurisdicciones contra la droga.
Reynoso informó: “Hicimos una declaración netamente judicial pero hacemos requerimientos a los otros poderes del Estado porque necesitamos colaboración para llevar adelante esta lucha contra el narcotráfico”.
También destacó el magistrado federal que convocaron a la población a “formular denuncias en forma anónima” sobre lugares de venta de droga o de actividades ligadas al narcotráfico.
Del encuentro, que fue convocado por las cámaras federales de Salta y Tucumán, tomaron parte jueces del fuero federal de Catamarca, Chaco, Formosa, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán.
El acta de la reunión indicó que el objetivo principal fue encarar “políticas judiciales tendientes a promover la asistencia y/o sanción punitiva de acciones aisladas o actividades organizadas que generen o consoliden situaciones de riesgo actual o potencial para los individuos de estas regiones y del país”.
Los delitos analizados fueron el consumo, transporte y/o venta de estupefacientes, la trata de personas, el contrabando y el lavado de dinero.
“Es preocupación de los aquí firmantes extremar los recursos propios y solicitar la cooperación de los demás organismos del Estado Nacional y Provincial para ahondar y profundizar las investigaciones respecto de los mencionados delitos”, expresaron.
En este sentido, los magistrados agregaron que “las organizaciones criminales observadas sepan que el Poder Judicial de la Nación aquí representado no tiene intención de retroceder y que la idea de avanzar en la lucha contra el narcotráfico es decisión tomada”.
En este marco, los jueces acordaron una serie de acciones necesarias “para contribuir de manera conjunta, activa y responsable a erradicar los flagelos que causa la comisión de dichos delitos” y para colaborar en “lograr la paz social”.
Pedirán que se cubran los cargos de jueces titulares vacantes e indicaron que buscarán extremar “los mecanismos de comunicación entre los juzgados federales”, para facilitar los procedimientos destinados a la lucha contra los delitos mencionados.