El Poder Ejecutivo provincial decretó la sanción de cesantía para el agente de planta permanente Marcelo Fabián Insaurralde, quien se desempeñaba al frente de la delegación del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas en la ciudad de Federal. La medida, que implica su expulsión definitiva de la administración pública provincial, se fundamenta en la comprobación fehaciente de múltiples faltas e irregularidades gravísimas que vulneraron de manera directa el Marco de Regulación del Empleo Público de Entre Ríos, establecido en la Ley N° 9755.

La resolución -la 3164/2026- del Gobierno dio por concluido el procedimiento instruido mediante el Decreto N° 276/2025 del Ministerio de Seguridad y Justicia, ratificando las conclusiones de la Comisión Asesora de Disciplina de la Fiscalía de Estado y de la Dirección General de Asuntos Jurídicos. Dichos organismos determinaron que la conducta de Insaurralde se encuadra en las causales expulsivas estipuladas por el Artículo 71°, Inciso c) de la norma provincial.

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El escándalo en Federal

El escándalo administrativo en la delegación de Federal comenzó a salir a la luz a partir de denuncias vertidas por ciudadanos a comienzos de 2024. Entre los episodios investigados sobresale la denuncia de una vecina que, al intentar tramitar un nuevo DNI en febrero de 2024, fue obligada a abonar $6.000 en efectivo sin recibir comprobante. La atención y el cobro ilegal fueron concretados por Maximiliano Lagos, un particular ajeno a la planta del organismo.

Las inspecciones posteriores realizadas en la sede registral de calle Paraná 434 confirmaron un patrón de exacciones irregulares. Según testimonios recogidos en el expediente sumarial, Insaurralde presentaba a Lagos como parte del personal de la oficina. Bajo esa fachada, Lagos confeccionaba documentación, percibía dinero en efectivo de los contribuyentes y luego entregaba lo recaudado a Insaurralde en su despacho, donde este firmaba los trámites.

Las normativas vigentes prohíben estrictamente el cobro de dinero en efectivo dentro de las dependencias del Registro Civil, exigiendo que todo pago se efectúe por vías electrónicas o mediante boletas abonadas en bocas de cobro habilitadas. Pese a ello, el exfuncionario aducía que los valores percibidos en mano cubrían "gastos operativos" o que Lagos acudía luego a abonar los sellados para mayor "comodidad" del público. Asimismo, las auditorías constataron cobros indebidos por supuestos "trámites exprés" o urgentes —tarifas inexistentes en la reglamentación— y la solicitud de giros postales a nombre personal de Insaurralde enviados por ciudadanos de otras provincias.

Las anomalías sumarias abarcaron también maniobras sobre los libros de actas oficiales. Auditorías dirigidas por la Dirección General del Registro Civil detectaron la falsificación de anotaciones marginales. Por ejemplo, en un libro de defunción constaba una rectificación marginal con números de Resolución y protocolo inexistentes en el Archivo de Paraná. De modo similar, en el acta de nacimiento de un niño se modificó el apellido de forma arbitraria en Federal sin resolución respaldatoria ni asiento en el archivo central.

En el sumario, Insaurralde se abstuvo de declarar en su indagatoria del 10 de abril de 2025. El examinado registraba además sanciones previas: un apercibimiento en 2019 por no rendir diariamente la caja y una suspensión de 10 días en octubre de 2024 por la presencia irregular de Lagos en la oficina.

Causa penal

En forma paralela, desde el 29 de noviembre de 2024 tramita en la Unidad Fiscal de Federal, conducida por la fiscal Eugenia Molina, una causa penal caratulada "Insaurralde Facundo Marcelo y otros / Malversación de caudales públicos, Incumplimiento de los deberes de funcionario público y fraude a la administración pública provincial", Legajo N° 14413, originada por denuncia de la entonces Directora General del organismo, Liliana Mabel Fugaza.

En dicho expediente penal, la Jefatura Departamental Federal allanó la oficina registral y secuestró formalmente una impresora tickera marca Epson TM-U950 para peritar los comprobantes entregados a los usuarios. La cesantía del Gobierno pone fin a su vínculo con el Estado mientras la Justicia avanza en la causa penal.