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Estafa de Waigel: la Justicia federal también la investiga

La AFIP los denunció por “Insolvencia fraudulenta” al traspasar bienes entre familiares con el fin de no cumplir con obligaciones tributarias y previsionales por casi 5 millones de pesos.  

Domingo 18 de Noviembre de 2012

Javier Aragón / De la redacción de UNO

Los integrantes de la quebrada empresa Waigel de Crespo siguen acumulando causas en su contra tras las maniobras irregulares que se detectaron para provocar la crisis económica y financiera con el fin de no cumplir con las obligaciones salariales y de acreedores por casi 40 millones de pesos. De modo paralelo, se conoció que la AFIP también los denunció en la Justicia federal por el delito de Insolvencia fraudulenta, que son acciones ilegales de traspaso de bienes entre familiares directos con el fin de evitar el pago de los tributos.


Mientras la Justicia Civil de Paraná controla la ejecución del remate de una parte de los bienes judicializados ordenado para la semana pasada, se avanza en el Juzgado de Instrucción Nº 7, a cargo de Elvio Garzón, la investigación por la quiebra fraudulenta donde ocho integrantes del directorio de la firma Waigel fueron imputados, e incluso en el arranque de la causa detenidos y derivados a la Alcaidía.

En la mira
Los problemas no desaparecen para la familia Waigel, por el contrario, es como que todos los días se les suma una nueva causa judicial, además del desprestigio y la condena social que sufren en Crespo y en la región.


UNO accedió de modo exclusivo a la denuncia impulsada por los abogados de la Administración Federal de Ingresos Público (AFIP), donde alertan de maniobras dolosas ejecutadas en especial por Miguel Artemio Waigel y parte de sus familiares directos. A criterio del organismo recaudador y de la Fiscalía de la Justicia federal de Paraná, se está frente a una clara maniobra de Insolvencia fraudulenta.
La investigación de la AFIP se inició luego de que Miguel Artemio Waigel CUIT 20-05937737-0 y otros miembros de la familia iniciaran acciones de las que fueron responsables.


En la causa que se ventila en el Juzgado federal de Paraná, se hizo saber que el 22 de noviembre de 2006 se allanó la firma y se impuso de la investigación de la AFIP a Miguel Artemio Waigel. Estaba siendo fiscalizado, pero así y todo se detectaron actos preparatorios de desapoderamiento mediante la transferencia a accionistas de varios inmuebles.


Ocurrido esto, se descubrió que el 25 de agosto de 2009 la apertura del concurso preventivo de la persona jurídica mencionada, siendo acreedor el fisco nacional de la suma de 4.714.921,80 pesos y que forman parte de la sindicatura de los contadores Cerini, que a posteriori permitieron la causa penal en la Justicia provincial.
En lo que se investiga en la Justicia federal, de la verificación en los sistemas informáticos de la AFIP, se detectó que los compradores familiares y parientes directos no poseían la capacidad económica para adquirir los inmuebles.


Por ello llamó la atención que algunos se encontraban inscriptos como monotributistas en la categoría más baja, u otros que no poseían inmuebles registrables, ni movimientos bancarios, e incluso uno se inscribió en fecha cercana a las maniobras en el impuesto a las Ganancias, donde declaró una adquisición.

Simulacro de traspasos
Para los abogados de la AFIP, como para el fiscal de la Justicia federal de Paraná, la maniobra de los Waigel, en especial de Miguel Artemio, habría consistido en simular el traspaso de bienes mediante un negocio oneroso de compraventa, usando idénticas e interpósitas personas y la intervención de los mismos escribanos. Todas las operaciones de transferencia de dominio habrían sido realizadas con la intervención de dos escribanos de la capital entrerriana.


En las actas públicas se detectaron las maniobras de transferencias de determinados inmuebles, revocándose luego el negocio simulado en agosto de 2009.
Se acusó que Miguel Artemio avanzó con las medidas prohibidas a partir del 16 de julio de 2007, y pese a tener conocimiento de la deuda fiscal, avanzó con el desapoderamiento de 16 inmuebles, buscando encubrir las maniobras aludidas concursando la firma en el mismo año.


En la investigación de la AFIP se determinó, al igual que en la Justicia provincial, que se provocó el vaciamiento de la firma ya que no habían cancelado ninguna de las obligaciones fiscales, tributarias y provisionales infringiendo de esta manera la Ley Penal Tributaria.


Para el organismo y la Fiscalía, Miguel Artemio Waigel, pese a conocer el tenor de las deudas, inició el concurso preventivo un mes más tarde al desapoderamiento de los bienes inmuebles, a efectos de crear una incapacidad patrimonial para hacer frente a dicha deuda.


“La dilapidación de la cantidad de bienes que resultan significativos, si tenemos en cuenta el patrimonio de la firma, valiéndose de interpósitas personas con incapacidades económicas para comprar bienes inmuebles, debe ser entendida como una Insolvencia fiscal fraudulenta”, se hizo notar en la denuncia impulsada.
Esta figura penal es aquella que reprime a quien mediante conductas ilícitas tendientes a disminuir su patrimonio frustra el cobro de obligaciones exigidas por el fisco nacional.
Con la documentación se impulsó la investigación de la Justicia federal, que dispuso el 19 de mayo de 2011 el formal requerimiento de instrucción de sumario, a cargo en ese entonces por el fiscal federal subrogante José Candioti.


En esta causa, desde la Justicia federal, no solo se cree que Miguel Artemio Waigel es responsable de las maniobras como titular del directorio de la firma, luego quebrada, sino que se apuntalan las sospechas al resto de los ejecutores de las maniobras por considerarlos partícipes necesarios.


Para las autoridades judiciales no fue un dato menor que algunos de los sospechados, en especial Daniel Campos y Silvina Vargas, que eran cónyuges, fueran destinatarios de las transferencias para las cuales no tenían capacidad económica suficiente, tanto es así que se habrían dado de alta en impuestos.
Y en esa línea, se marcó: “No deberá perderse de vista la relación familiar existente entre Campos, Vargas y Miguel Artemio Waigel, que eran consuegros, lo que coadyuvaría de manera evidente a concretar la maniobra fraudulenta que se investiga”.


De esta manera, la autoridad judicial que en su momento le dictó la falta de mérito aguarda nuevas pericias para avanzar con la causa, sabiendo de antemano que en la Justicia provincial hay pruebas que también le servirán para comprometerlos procesalmente.
El Juzgado federal encontró acreditada la maniobra, pero necesita el resultado de las pericias que estarán para esta semana para apuntalar las sospechas denunciadas por la AFIP.

El primer remate de bienes
Del lunes 12 al jueves 15 tuvo lugar la primera etapa de los esperados remates de bienes de la empresa Miguel Waigel y Cía SA, la cual está comenzando a transitar la liquidación de sus bienes dentro del proceso civil de quiebra. En cada jornada decenas de compradores se dieron cita en las instalaciones de Club Unión para pujar la adquisición de los 870 lotes, consistentes en las más diversas mercaderías, mobiliarios, electrodomésticos y demás. Si bien ya existían en la causa algunos fondos, la recaudación obtenida a través de esta subasta constituye la primera base sólida a favor de los acreedores.


El Observador informó que totalizaron 892.795,20, pesos, monto en el que está incluido el IVA, el porcentaje de comisión de los martilleros y el impuesto al Sello abonado por los compradores. En consecuencia y deducidas esas retenciones, hasta el momento se recaudó para la masa de acreedores 676.360,22 pesos, quienes llegado el momento cobrarán de acuerdo al orden de privilegio establecido por ley.


En tanto, se estima que la segunda parte del proceso tendrá el remate de bienes inmuebles, vehículos y bienes económicos que tendrían un valor aproximado a los 5 millones de pesos.
Desde la Justicia Civil se indicó que lo que se recaude será distribuido primero entre los acreedores de deudas salariales o laborales; en segundo término el Estado, tanto AFIP como otros organismos de la administración, y finalmente se dispone el pago de los distintos acreedores que fueron involucrados en el proceso judicial.

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