“Éramos más de 400 y solo hubo 18 imputados”

Luis Alberto Gómez es uno de los 18 policías acusados por los delitos de sedición, privación ilegítima de la libertad, daño calificado, peculado de bienes y lesiones leves reiteradas, quienes estuvieron en el banquillo de los acusados luego de 54 maratónicas audiencias realizadas en la Sala de Audiencias del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia. 

Tras el fin del debate, mañana se conocerá el anticipo del fallo de una causa que tuvo en vilo a la sociedad y que acaparó la atención por el tenor de los hechos que se estaban denunciando.  La revuelta del 8 y 9 de diciembre de 2013 dejó como saldo luctuoso tres muertos en la Capital del Citrus y efectos colaterales por la seguidilla de saqueos que alteró el orden social en la localidad. Luis Gómez atiende el teléfono en su casa de Concordia y acepta hablar con UNO, aunque aclara que por la presencia de una de sus hijas no podrá contar en su real dimensión todo lo que vivió desde que quedó imputado. “Estamos acá injustamente, porque los que roban, los que asaltan, tienen prioridad”, se defendió quien cumplía funciones como Sargento Ayudante. Lo primero que se le viene a la mente es su estadía, primero en la Unidad Penal de Federal y luego en la cárcel de Paraná. Recordó que su primera experiencia tras las rejas no fue la mejor, “porque estuve en una cárcel común, donde defecábamos y comíamos todos en el mismo lugar. Era una cárcel de máxima seguridad y estuvimos juzgados como los máximos delincuentes del mundo”.

Justamente Gómez y 16 de sus compañeros estuvieron alojados Unidad Penal Nº 8 de Federal, en sectores especialmente acondicionados porque se superaba la capacidad de alojamiento. El acusado sostuvo que debieron intervenir organismos de Derechos Humanos “porque dormíamos, orinábamos y defecábamos en el mismo lugar”.

De repente se excusa de no poder seguir hablando porque tiene enfrente a su hija y no quiere que escuche todo lo que tuvo que vivir. “No me gusta hablar delante de los chicos, me da mucha impotencia. Solo por reclamar un salario digno, que benefició a 11.000 policías y sus familias, 18 de ellos fuimos presos y detenidos, marginados entre la sociedad. Y violaron todos los derechos  de inocencia”, enfatizó en relación al objetivo que persiguió el reclamo.

Dijo que fue un reclamo salarial  

Tal como lo viene sosteniendo su abogado defensor desde el comienzo, Gómez remarcó que la movilización de policías en diciembre de 2014 perseguía únicamente un reclamo salarial. Defendió esa postura con el argumento de que “18 policías no pueden tomar la ciudad de Concordia, qué se espera para el ciudadano si esta es la seguridad de Concordia”.

Sobre la decisión del Tribunal, a un día de conocerse el adelanto de sentencia, Gómez explicó: “Que se haga justicia, confío en la justicia de Dios que es la única y si mañana  somos juzgados que sea la justicia verdadera”.

Acerca de las dos jornadas en que se produjeron movilizaciones  y protestas frente a la Jefatura Departamental de Concordia, el imputado dijo que en ningún momento incumplió una orden de un superior. “Si usted va con su familia, con su hijo, con su hija, a tomar mate, me parece que deja mucho que desear el motivo por el cual nos juzgaron”, planteó.

En deuda con sus hijas 

Luis Gómez, que no puede ocultar su nerviosismo, tiene claro que le debe una explicación a sus hijas por el hecho de “haber conocido una cárcel”. Reveló que una de sus hijas “está sufriendo diariamente en la escuela la burla” de sus compañeros. El policía sostiene que no le desea a ningún padre lo que tuvo que pasar él, como por ejemplo que a su hija “se la revise, se la desvista, se la desnude” como sucedió en las cárceles donde estuvo. “Es indignante lo que hicieron con nuestros hijos”. Al repasar su trayectoria en la fuerza, Gómez manifestó que ascendió hasta el rango de suboficial principal, “con calificaciones excelentes y felicitaciones” en su legajo. 

Aunque dejó de lado su carrera para hacer una evaluación del devenir de la investigación, el desarrollo de la instrucción y el juicio que culminó la semana pasada. “Deja mucho que desear esta investigación que hicieron. Éramos más de 400 personas y somos 18 imputados; me deja mucho qué pensar, qué es lo que estaban haciendo los muchachos que estaban de guardia y qué es lo que hicieron”, subrayó. 

Para disipar dudas -el mismo interlocutor- puso de manifiesto: “Acá nadie juzga a nadie, sino que todos estábamos por el mismo objetivo. ¿Pero por qué fuimos 18 y los otros no? ¿Cuál es la respuesta que nos tendrían que dar, o quien la tendría que dar?”.

“Fue una eternidad el encierro en la cárcel, un día de cárcel son cinco años de vida”.

En el final de su relato adelantó que estará presente cuando se difunda el veredicto y volvió a insistir en su inocencia. “Hablo por mí, sinceramente no vi nada de lo que se me acusa, sí vi a los compañeros tocando redoblantes, como yo lo hice, proferir gritos, cantar, pero de lo que se me acusa no vi a ningunos de los compañeros que haya cometido algún delito o instigado a cometer algún delito”, expresó.

Alegatos

Con los alegatos concluyó el juicio a los 18 policías acusados por sedición y otros delitos en Concordia. Por su lado, la Fiscalía representada por Mario Guerrero solicitó una la pena de entre cinco y siete años para los funcionarios. En tanto, para uno de ellos se pidió la absolución. El detalle de cada una de las penas solicitadas es el siguiente: siete años de prisión para el oficial Carlos Zaragoza; seis años y seis meses de prisión para otros ocho imputados: Leandro Coutinho, Diego Diferding, Juan Manuel Rosas, Daniel Chávez, José María Biderbos, Juan Pedro Lacuadra, Alfredo Imaz y Luis Alberto Gómez; cinco años de prisión para los restantes ocho: Hugo Troncoso, Luis Alberto Paredes, José Orlando Troncoso, Andrés Paredes, Carlos Rosas, Luis Roberto Carlino, Fabián Valdéz y Ricardo Paredes. En tanto, se pidió la absolución para Esteban Cendra, al entender que no fue un partícipe voluntario en la toma de la Jefatura Departamental de Policías.

En sus alegatos los abogados defensores Juan José Bukténica, Gonzalo Cantallops, Alejandro Giorgio, Edelmiro Díaz Vélez, César Bonato y Oscar Bacigalupe, plantearon que  no se registró una toma de la Jefatura, sino una ocupación parcial y temporal de la misma. Por ejemplo, el abogado Alejandro Giorgio entendió que 17 policías no pueden tener el control de una Jefatura, y cuestionó la decisión del fiscal Guerrero de no imputar a algunas personas que habrían tenido participación efectiva en los hechos. A su turno, Juan José Buktenica indicó que un grupo de funcionarios policiales de franco con sus familias se movilizaron espontáneamente pidiendo mejoras laborales. Luego de esto llegaron a firmar un acta con mejoras salariales, y posteriormente se los señala como sediciosos y terminan en un penal. Con esta estrategia intentan lograr la absolución de sus defendidos.

El Tribunal está integrado por Jorge Alberto Barbagelata Xavier (presidente del Tribunal), Silvina Isabel Gallo y Darío Gustavo Perroud.

El adelanto  de sentencia

El Tribunal de Juicio fijó para mañana a las 8.30 la audiencia para dar a conocer el veredicto en el juicio contra 18 policías acusados de sedición agravada por su condición de funcionarios públicos, instigación a cometer delitos y privación ilegítima de la libertad durante la revuelta policial de diciembre de 2013 en la ciudad de Concordia. 

Con este acto llegará a su fin un proceso que obligó a convocar a más de 800 testigos, que demandó numerosas y extensas audiencias, y que debió suspenderse cuando el gobernador entrerriano Sergio Urribarri expuso sus razones para no declarar. 

Por el estrado desfilaron las más altas autoridades del Ejecutivo provincial, entre ellas el senador provincial Enrique Cresto y el actual intendente de Concordia y candidato a gobernador por el Frente por el Victoria, Gustavo Bordet.