A través de video conferencia declara este miércoles el exgoberndor Sergio Urribarri, en la causa que lo tiene como sospechoso de enriquecimiento ilícito. Una vez que el exfuncionario se defienda, los fiscales podrán pedir su imputación si no le creen. Además en los próximos días declaran los dos supuestos testaferros del exembajador en Israel y Chipre.

El exgobernador Sergio Urribarri está acusado de un incremento patrimonial de 9 millones de dólares, según surge de una pericia contable realizada por la contadora Romina V. Stepanic Pouey y el contador de parte Cristián Dumé.

Si bien los abogados defensores Raúl Enrique Barrandeguy y Miguel Ángel Cullen presentaron un recurso de Casación contra la sentencia dictada por el vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones Gervasio Pablo Labriola, que no hizo lugar al planteo de sobreseimiento por extinción de la acción penal por prescripción en la causa abierta en 2015, el llamado a indagatoria no se frenó.

Es más en los próximos días declararán quienes son considerados los testaferros de Urribarri, el empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros y de Rubén Ángel Martínez.

Cardona Herreros lo representan los abogados Ignacio Díaz y José Raúl Velázquez; en tanto que la representación legal de Martínez está a cargo de Candelario Pérez y de Tomás Vírgala.

Según la pericia contable, Urribarri se enriqueció entre 1 de enero de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2015, periodo en el que se desempeñó como funcionario Gobernador y luego Diputado de la provincia de Entre Ríos.

En esos años, según el Ministerio Público Fiscal, incrementó de manera desproporcionada su patrimonio, en relación a los ingresos percibidos, por un monto de 11.546.772,05 de pesos, 7.245.441,02 de dólares y 16.300,00 de euros, conforme surge del informe pericial contable de Romina V. Stepanic Pouey y Cristián Dumé y de la evidencia colectada en el legajo.

Tanto el fiscal Gonzalo Badano como su colega Patricia Yedro, indicaron en las audiencias que se realizaron ante el pedido de las defensas para que se cierre la causa por prescripción, que el volumen de prueba recolectada en la causa es superior a cualquier otra investigación.