El Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), informó que este mediodía se presentó en la Oficina Anticorrupción, luego de la denuncia formulada por el senador provincial Raymundo Kisser (Cambiemos-Paraná).

Desde el organismo provincial se hizo saber que a "raíz de las versiones periodísticas de una presentación del senador Kisser en relación a viviendas construidas en el Programa Techo Digno, nos presentamos este mediodía por medio de los Dres Daniel Lambarri y Jorge López, para ponernos a disposición y remitir toda la documental y/o información que pudiera resultarle útil".

"El senador en su presentación habría pedido una medida cautelar para suspender la entrega de las 300 viviendas previstas para hoy. Hasta el momento no hemos recibido ninguna resolución judicial que haya hecho lugar a ese requerimiento. Por lo tanto, SE Ratifica la entrega de las 300 viviendas previstas para esta jornada".

La denuncia inicial

En las últimas horas se conoció que Kisser se presentó en la Justicia bajo el patrocinio del abogado Rubén Pagliotto reclamando una profunda investigación respecto de la construcción de 800 viviendas en el Área Paraná, es decir las correspondientes a las 250 viviendas en San Benito, 250 Viviendas en Colonia Avellaneda y 300 viviendas en la parte este de esta capital.

El legislador pidió investigar la responsabilidad que tuvieron, eventualmente, entre otros, "ex titulares del IAPV, Oscar Marelli y Alfredo Francolini y/o quienes integraron en esas gestiones el directorio del organismo y/o quienes tuvieron a su cargo los controles como inspectores de las mismas y/o gerentes técnicos que hayan tomado intervención directa y que sus decisiones hayan sido dirimentes, sin perjuicio de los actuales directivos del IAPV", así como los titulares de las empresas constructoras intervinientes" en cualquiera de los tres grupos habitacionales y directivos de la Mutual Modelo y/o cualquier otra persona jurídica o humana.

"Esto es importante, para advertir las serias, graves e inexcusables desprolijidades e irregularidades en que se incurrió en la ejecución/construcción de las 800 viviendas, en los tres lugares señalados al inicio de esta denuncia", señaló, y agregó: "El IAPV, como Ente Organizador de Planes de Viviendas, no puede ni debe permitir la construcción de Viviendas, máxime cuando son sociales, en cualquier lugar y de cualquier manera".

La noticia difundida en Análisis, da cuenta que "En mi modesta opinión, estas obligaciones mínimas, elementales, no se cumplieron en el caso concreto que motiva esta denuncia. Todo quedó en manos de la Empresa o Empresas privadas que resultaron adjudicatarias en la construcción de estas viviendas, pero además, se dio intervención exclusiva y excluyente a una pseudo inmobiliaria y/o financiera", planteó.

"No hay dudas que desapareció (ex profeso y con deliberada intencionalidad) el rol activo, presente, que debe tener el IAPV", reforzó: "Más aún: se trata de un ente público con fines sociales y no comerciales, lo que en este caso –lamentablemente- fue muy distinto y sin lugar a dudas, visto desde afuera, se parece mucho más a un negocio privado, con fines de lucro, que a una acción estatal destinada a satisfacer demandas sociales vinculadas a soluciones habitacionales".