El Gobierno de Entre Ríos dispuso, mediante decreto, el inicio de un sumario administrativo a Diego Iván Zapata, quien se desempeñaba en el Hospital “San Roque” de Rosario del Tala como enfermero. El agente también fue concejal de la localidad y fue noticia al ser condenado a 13 años de prisión por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante y promoción a la corrupción de menores.

El proceso fue iniciado luego de que el agente solicitara una reubicación laboral en el Hospital “Luis A. Ellerman”, también de Rosario del Tala. En su solicitud, Zapata informó que se encontraba bajo prisión preventiva en el marco de una investigación judicial por abuso sexual, pero que contaba con permiso para salidas laborales.

Sin embargo, la situación del agente se agravó al tomarse conocimiento —a través de publicaciones periodísticas y posteriores comunicaciones judiciales— que la condena en su contra había quedado firme.

A Zapata se lo encontró culpable de haber captados a sus víctimas adolescentes, de 15 y 17 años, en un salón bailable de Tala. Una de las tantas noches de boliches, el hombre les ofrecía bebidas alcohólicas, las cuales mezclaba con medicamentos que producen somnolencia, y luego abusaba de ellos.

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La sentencia fue confirmada por distintas instancias judiciales: el 22 de agosto de 2023 fue condenado por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay; dicho fallo fue confirmado la Sala II de la Cámara de Casación Penal el 12 de marzo de 2024; luego, la Sala N° 1 en lo Penal del Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso de queja interpuesto; y finalmente, el recurso extraordinario federal (para ir a la Corte Suprema) fue denegado el 21 de noviembre de 2024, dejando firme la condena.

Sumario para expulsarlo del Estado

Frente a la gravedad del caso, el Ministerio de Salud de Entre Ríos confirmó que Zapata había percibido haberes al 50% entre julio de 2022 y enero de 2023, momento en el cual se suspendieron sus pagos salariales, situación que se mantiene hasta la fecha.

El sumario administrativo, fechado el 8 de julio y publicado en el Boletín Oficial el 4 de agosto, se fundamenta en lo dispuesto por el Artículo 71° Inciso f) de la Ley 9755, que establece la cesantía para aquellos agentes que hayan cometido delitos dolosos no relacionados con la administración pública, cuando estos afecten el prestigio de la función.

Así las cosas, con intervención de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud, el ministro Daniel Blanzaco resolvió formalmente el inicio del sumario, paso previo para disponer la cesantía definitiva del agente del sistema de salud pública.