Policiales
Martes 22 de Enero de 2019

Denuncian a un actual edil y candidato a intendente por engancharse de la luz

La conexión irregular del actual del dirigente político de Granadero Baigorria, fue comprobada por inspectores del municipio y la Empresa Provincial de la Energía (EPE).

Una denuncia anónima por robo doméstico de energía eléctrica recalentó la previa de la campaña política en Granadero Baigorria. Desde la municipalidad se elevó un reclamo a la Empresa Provincial de la Energía (EPE) sobre la conexión clandestina en una vivienda que, según trascendió, pertenece al concejal del Creo, Guillermo Da Ponte.

La presentación, que fue acompañada por una serie de fotografías que muestran la adulteración del medidor de la vivienda, fue hecha por el secretario general de Transporte de Granadero Baigorria, Sergio Hernández, y del inspector general del mismo municipio, Pedro Díaz. La dirección de la casa en cuestión es Corrientes 1568, del barrio El Paraíso, en la vecina ciudad.


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El informe realizado por el municipio baigorriense.
El informe realizado por el municipio baigorriense.

"Las inspecciones se realizan, pero el resultado de las mismas no se publican. Tampoco se revela quién hace la denuncia ni a quién, puesto que las denuncias por fraude (energético) son anónimas", precisaron fuentes de la EPE en relación con el caso. De hecho, no corroboraron ni la presentación de la denuncia ni las identidades de su autor ni de los presuntos infractores.

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Sin embargo, las autoridades municipales de Baigorria, en base a sus propios relevamientos, aseguraron que pudieron comprobar que la vivienda estaba "colgada" de la luz. Frente a esta situación, la empresa proveedora del servicio eléctrico presentará la denuncia en el Ministerio Público de la Acusación (MPA). Se aclaró, por otra parte, que el delito de fraude es excarcelable.

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Los medidores adulterados.
Los medidores adulterados.
Fuentes consultadas por La Capital destacaron que la denuncia anónima no es más que una operación política que lo único que busca es desprestigiar a Da Ponte. Vale recordar que el edil, en 2012, inició acciones legales para ocupar la banca que había dejado vacante Mario Rosales, quien por entonces pasó de ser concejal a intendente interino ante la asunción de Alejandro Ramos como secretario de Transporte del gobierno de Cristina Kirchner.

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