Policiales
Martes 05 de Junio de 2018

Declaran inconstitucional el aumento "inadmisible" de las multas por narcotráfico

El Tribunal Oral Federal cuestionó que la norma "arroja resultados inadmisibles a futuro tanto jurídicos como económicos y sociales"

Además de una pena de prisión, quienes delinquen en el narcotráfico tienen una pena pecuniaria. Es decir, una multa. Hasta hace poco, el monto mínimo era de 2.500 pesos, y con la sanción de una nueva ley la sanción económica más baja es de 135.000 pesos. Por varias cuestiones que analizó el Tribunal Oral Federal de Paraná, esta Ley Nº 27.302 que modifica ese punto de la ley de estupefacientes, es inconstitucional. Por ejemplo, porque no tiene en cuenta la situación del condenado (la mayoría son eslabones bajos del negocio narco, de muy escasos recursos), o porque es desproporcional respecto de otros delitos.
El juez Roberto López Arango dictó la inconstitucionalidad de oficio del mínimo de la escala de multa, en un caso que fue recientemente juzgado, en el cual dos hombres fueron condenados a prisión por el cultivo de marihuana en un campo del Departamento Islas.
"Es fácil de advertir que el monto mínimo posible de por sí deviene en una cifra difícil de afrontar para la mayoría de los ciudadanos", afirmó, por lo cual planteó sobre si la pena "resulta compatible con la garantía del debido proceso legal".
"No solo actualizaron valores afectados por la inflación, sino que los aumentaron de manera desproporcionada, sin un criterio lógico. Es más, la actualización no sigue parámetros inflacionarios, ni actualización de haberes previsionales o referidos al salario mínimo vital y móvil, sino que está librado a la discrecionalidad de un funcionario del Poder Ejecutivo, con base al proceso de modernización, mejoramiento de infraestructura y fortalecimiento e incorporación de nuevos recursos tecnológicos y humanos que lleva adelante el Registro Nacional de Precursores Químicos y de acuerdo a los requerimientos, complejidad y costo de la operación registral que cada uno demanda, según se expresa en los considerandos del acto administrativo. Es decir, la pena de multa no respeta ninguna relación con los fines de cualquier pena conforme a los preceptos constitucionales y supranacionales. Especialmente digo referido al mínimo por cuanto su monto elevado impide al magistrado adecuarlo a la situación económica del condenado como exige el Código Penal".
Entre los puntos analizados, se sostiene que "al momento de mensurar la multa se tendrán en cuenta las condiciones personales del imputado, la conducta posterior al delito y especialmente su condición económica". Pero ahora, "el mínimo establecido es de 112.500 pesos, que deviene irrazonable y desproporcionado, en la medida que impide al juzgador mensurar conforme a los principios establecidos cuál es el monto correcto acorde a la culpabilidad por el hecho".
Luego, el juez comparó esta multa con otras, por lo que sostuvo que la nueva ley carece de coherencia: "La norma es desproporcional si la comparamos por ejemplo con la multa que se impone a un juez que incurre en prevaricato, que lleva una sanción pecuniaria que va de 3.000 pesos como mínimo a 65.000 pesos como máximo".
"Del mismo modo –continuó– para la que debería imponerse a un juez que prolongare indebidamente la prisión preventiva o la dictara cuando no procediera, que puede establecerse entre 2.500 y 30.000 pesos, ello así por cuanto se trata de un delito pluriofensivo, ya que afecta la administración de justicia y un derecho personalísimo como la libertad y de manera efectiva. En cambio la pena mínima para el delito que tratamos que es de potencial afectación del bien jurídico se fija en una cifra tres veces y media superior al máximo de la anterior".
"Otro ejemplo digno de comparar –agregó el magistrado– es el de los relacionados a acciones contra la salud pública (envenenamiento de agua, etc), en algún caso con resultado de muerte, que prevé una escala de multa de un mínimo de 10.000 a un máximo de 200.000 pesos".
"En orden a las consecuencias, vemos que si el imputado no satisface la multa, y es imposible cobrarla de sus bienes e ingresos, o que lo haga en cuotas, puede sufrir un recargo de encarcelamiento de hasta un año y medio más. Situación muy probable en el caso de los imputados de autos, especialmente el caso de ZB, un jornalero de nacionalidad paraguaya de 57 años, con escasa instrucción y sin bienes personales", analizó el magistrado.
Como conclusión, López Arango sostuvo que "el mínimo de multa (...) resulta inconsistente, incoherente y arroja resultados inadmisibles a futuro tanto jurídicos como económicos y sociales".

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