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Declara un perito en el megajuicio a Sergio Urribarri

En el megajuicio contra el exgobernador Sergio Urribarri, exfuncionarios, empresarios, familiares y particulares. En esta jornada declara un perito

Lunes 08 de Noviembre de 2021

El megajuicio contra Sergio Urribarri por supuestos hechos corrupción cometidos durante sus gestiones se reanuda este lunes con más testigos. Además del exgobernador están en el banquillo de los acusados el empleado legislativo y cuñado del exmandatario Juan Pablo Aguilera y los exministros Pedro Báez y Hugo Marsó entre otros imputados.

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El primer testigo es el perito Guillermo Fritz, integrante del Gabinete de Informática del Ministerio Público Fiscal (MPF) quien intervino en el legajo “Sueño entrerriano” que trata de la contratación de las empresas que adjudican a Juan Pablo Aguilera, conocida como “causa de las imprentas” o “causa de la vaca”,

Para esta jornada, estaba previsto que declare Damián Zurla, integrante de la firma “Todo Avíos” de Buenos Aires, en el marco del legajo conocido como “sueño entrerriano”, pero Fiscalía desistió del testimonio.

Más testigos

El juicio continuará el martes con la testimonial de Carlos Vitagliano, presidente de la empresa “Visual Ilusion S.A.”; y con la declaración del bioingeniero, perito del Superior Tribunal de Justicia, Juan Rossi, que realizó “un cotejo comparativo entre las imágenes relativas a la campaña política de Urribarri como precandidato a presidente, y de las contrataciones pagadas por el gobierno provincial entre las cuales se encuentran los videos publicados en la Cumbre del Mercosur y las imágenes de las instalaciones del parador de Mar del Plata. En el mismo sentido se espera el testimonio de Eduardo Reales, fotógrafo y perito de parte.

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Causas acumuladas

El tribunal está compuesto por José María Chemez, carolina Castagno y Elvio Garzón. La audiencia comenzó el 27 de septiembre pasado y no se sabe bien cuándo concluirá, debido a la complejidad de los delitos investigados, a la profusa prueba documental que se va exponiendo en el debate y a la cantidad de testigos previstos. En el debate intervienen, además de los fiscales, los defensores Raúl Barrandeguy; Candelario Pérez; Marcos Rodríguez Allende; Emilio Fouces; José Velázquez; Ignacio Díaz; Juan Méndez y Miguel Cullen.

Los delitos acusados son Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y defraudación a la administración pública. Los fiscales calculan un desfalco que supera los 7 millones de dólares.

El megajuicio acumula cinco legajos por presunta corrupción en el gobierno de Entre Ríos, bajo los mandatos del exgobernador Sergio Urribarri -quien está exceptuado de participar de la audiencia para cumplir con sus tareas en las embajadas de Israel y Chipre, donde vive actualmente con su esposa Ana Lía Aguilera.

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El primero de los legajos investigados en el Ministerio Público Fiscal -representado en este debate por la fiscal Anticorrupción Cecilia Goyeneche, y los fiscales Patricia Yedro, Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull- se conoce como “causa de la vaca” o “causa delas imprentas”. Tiene como imputados al exgobernador Urribarri; el ex ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez; a Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador y empleado del Senado; a Alejandro y Luciana Almada; a Maximiliano Sena; a Emiliano Giacopuzzi -los cuatro como directivos de las empresas Tep y Next-; a Gustavo Tamay como responsable de certificación de publicidad en la vía pública del exMinisterio de Cultura y Comunicación; y a Corina Cargnel, contadora de las empresas.

Se ventila también el legajo conocido como “sueño entrerriano” que acumula tres expedientes: la causa Cumbre del Mercosur; Parador Playero en Mar del Plata; y Solicitada. Los imputados son Urribarri; Báez; Gustavo Javier Tórtul; Aguilera; Cargnel; el exministro de Turismo; Hugo Marsó; y Gerardo Caruso. La hipótesis acusatoria sostiene que a través de gastos del Gobierno de Entre Ríos se financió la campaña presidencial del exgobernador Urribarri.

El último legajo del megajuicio es el conocido como “Global Means”, a partir del cual se investigó la adjudicación de publicidad en 18 medios gráficos del país a una empresa que, cuando recibió el beneficio, no estaba constituida como tal y tampoco aparecía en el registro de proveedores del Estado.

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