La jueza del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Carolina Castagno, respaldó parcialmente la resolución de su colega de Garantías, Marina Barbagelata, en el marco de la causa conocida como Contratos Truchos.

Castagno hizo lugar de manera parcial al recurso presentado por la defensa de María Alejandra Camissasa, esposa de Jorge De Breuil, uno de los imputados en la investigación. La magistrada revocó los embargos preventivos sobre las cuentas bancarias de la mujer, pero mantuvo la medida sobre el 50% de los bienes que posee en cotitularidad y a título gratuito con su esposo.

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La decisión se fundamentó en la existencia de evidencia que, con el grado de probabilidad requerido para esta etapa del proceso, permitiría sostener que esos bienes podrían haber sido adquiridos con fondos provenientes de los hechos investigados.

Contratos truchos: los planteos de la defensa

Camissasa no será acusada penalmente por el Ministerio Público Fiscal (MPF) ni será demandada civilmente por la Fiscalía de Estado. Sin embargo, su defensa había apelado la resolución de Barbagelata al considerar que no había valorado todos sus planteos y que presentaba un supuesto sesgo de género.

Castagno descartó ese argumento y sostuvo que las medidas cautelares no fueron adoptadas porque Camissasa sea “la esposa de un imputado”, sino porque existe evidencia de cargo vinculada con los bienes alcanzados por la medida.

La defensa también cuestionó la legitimidad del MPF para solicitar medidas cautelares patrimoniales vinculadas con un eventual decomiso. Planteó que esa atribución correspondía a la Fiscalía de Estado, que ya había anticipado que no promoverá una demanda de recupero contra Camissasa.

La jueza entendió que los agravios planteados no se verificaban y sostuvo que los distintos cuestionamientos fueron abordados y respondidos durante las etapas previas del trámite.

Bienes bajo investigación

Castagno recordó que las medidas cautelares alcanzaron los bienes y los ingresos depositados en cuentas bancarias que tendrían relación con los hechos investigados, pero no los haberes jubilatorios de Camissasa.

La magistrada también señaló que un exceso en el alcance de la medida bancaria fue atribuido al Banco Central y destacó que Barbagelata actuó “de inmediato” ante el planteo realizado por la defensa y corrigió la situación.

Asimismo, consideró que la inhibición general de bienes dispuesta en mayo de 2019 cumplió con los requisitos legales y descartó que haya existido arbitrariedad.

La resolución se refiere a bienes que podrían ser objeto de decomiso en caso de que así lo determine el juicio. No implica un pronunciamiento sobre la responsabilidad penal de los involucrados.

La investigación de la causa Contratos Truchos busca determinar la responsabilidad de funcionarios, exfuncionarios y particulares en una presunta maniobra de sustracción de fondos públicos mediante contratos de locación de obra en las cámaras de Senadores y Diputados de Entre Ríos.

Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, los fondos obtenidos ilegalmente habrían sido canalizados, entre otras vías, hacia inversiones inmobiliarias y ganaderas. En ese marco, Fiscalía señaló que existe evidencia documental sobre la adquisición de cuatro propiedades en el fideicomiso PH Alsina, algunas de ellas en cotitularidad con otros imputados.