Confirmaron la condena a 10 años al municipal Uriel Ramos

Una diferencia entre trabajadores municipales de Paraná, en el marco de un conflicto gremial, terminó con una mujer asesinada y un hombre herido. Uriel Ramos, de 26 años, fue condenado a 10 años de prisión por matar de un tiro en la cabeza a Carina Walter y balear a Adrián Villalba. Ayer los defensores y la querella realizaron diversos planteos contra la condena ante el Superior Tribunal de Justicia, unos con el fin de para aumentar la pena y otros para disminuirla. Finalmente, en coincidencia con la Fiscalía, la Sala Penal del máximo tribunal entrerriano, integrada por Claudia Mizawak, Carlos Chiara Díaz y Bernardo Salduna, rechazó todos los planteos y confirmó la sentencia de la Sala II de la Cámara del Crimen de Paraná, que integraron Ricardo Bonazzola, Marcela Badano y Alejandro Grippo, según informó el sitio TestigoFalso.com.
 

El hecho ocurrió en el barrio Paraná XVI, en el marco de una disputa por los contratos en la Unidad Municipal Nº 2, el 8 de junio de 2012 por la mañana. Ramos fue condenado pro el Homicidio simple en perjuicio de Walter y por Tentativa de Homicidio en el caso de la agresión a Villalba.

“Villalba lo fue a buscar”
 

La defensa de Ramos, a cargo de Boris Cohen y Miguel Ángel Cullen, recusó el fallo porque entendió que la Sala II no dio lugar a la existencia de la figura de legítima defensa. Cullen sostuvo que el fallo adolece de “fallas argumentativas que vulneraron el derecho de defensa”, y agregó que “la verdad jurídica que construye el tribunal no se condice con los hechos”. También da por comprobado que el conflicto se desató por una interna sindical en el gremio municipal, puesto que el tribunal desechó la versión de Villalba sobre que fue a buscarlo a Ramos para “dialogar” para dirimir los problemas que tenían en el sindicato, ya que entendió que buscó a su contrincante con un arma.
 

Además argumentó que los protagonistas del hecho “estaban inmersos en un conflicto de extrema gravedad público y notorio”, de altísima violencia, en el que el Estado no hizo nada, miró para otro lado y actuó como mero espectador”. También señaló que Villalba era considerado “un sujeto de altísima peligrosidad, que ya había tenido problemas con el hermano del imputado, que fue armado a buscar a Ramos”.
 

El defensor consideró que Ramos, que estaba al frente de una cuadrilla, fue al barrio Paraná XVI a trabajar cumpliendo órdenes, no fue una provocación. Descartó la figura de un “duelo irregular” y consideró que si hubiese sido así, también Villalba debió ser imputado. Finalmente dejaron reserva para acudir a tribunales nacionales.

“Conflicto personal”
 

La querella a cargo de Matías Argüello de la Vega atacó el fallo en forma parcial, atendiendo al monto de la pena que consideró insuficiente y solicitó que se lo condene a 16 años, tal como se pidió en el juicio. El abogado desestimó que los hechos se hayan desencadenado por una interna gremial, “sucedió por un conflicto estrictamente personal entre Ramos y Villalba, una enemistad personal, familiar. De ninguna manera sucedió dentro de un conflicto gremial”. Por ello entendió que “el Estado municipal no debía estar presente porque ni siquiera las personas que se debían sentir afectadas lo solicitaron”.
 

El querellante cuestionó que el fallo no tuvo en cuenta que los delitos son graves y que el imputado portaba un arma de grueso calibre, que las víctimas cuidaban de nueve hijos, que no se valoró el daño que el accionar de Ramos pudo ocasionar a terceros: la pena a 10 años “no se ajusta a los hechos que se vivieron y a las circunstancias”, afirmó.

“Hampones” en los sindicatos
 

El procurador general del Ministerio Público Fiscal, Jorge García, consideró que la sentencia “no tiene defectos”, rechazó los recursos de amabas partes y solicitó que se confirme el fallo. Atacó los argumentos de la defensa y la querella porque tomaron las partes de la sentencia que les eran útiles a sus fines y desecharon las que no.
 

García cuestionó duramente el accionar de ciertas dirigencias sindicales municipales al manifestar que “la sociedad es rehén de hampones que están subidos al gremio municipal”, y opinó que “la clase dirigente en una República debe retomar el control de la discusión política”. En este caso, afirmó, subyace una problema de la clase política con los dirigentes de sindicatos que actúan armados ilegalmente.
 

El procurador descartó la legítima defensa porque Ramos reconoció que compró un arma en el Volcadero para dirimir los conflictos que se presentaban por los contratos que tenía cada uno, por el dinero que se lleva el sindicato y sobre quiénes se adherían al paro y quiénes no. También recordó que “el principal imputado” en una causa originada por los disturbios que causó un violento paro del sindicato municipal es el diputado Hugo Vázquez, de quien sostuvo “se acoge a sus fueros para no acudir a la Justicia a dar las explicaciones correspondientes”. Y mencionó el poder que tienen “los sindicatos dirigidos por hampones”.
 

El procurador entendió que a Villaba lo “primerearon” puesto que este fue solo a “patotear” a Ramos, al punto que “no disparó, ni siquiera llegó a sacar el arma”. Así, descartó que haya existido la posibilidad inminente de un ataque: “No hay defensa preventiva en el Derecho Penal, como lo indican los testigos no hubo agresión por parte de Villalba, era una agresión futura”.