Confían que el cura Justo José Ilarraz será llevado a juicio

Los querellantes de las siete víctimas que denunciaron abusos contra su integridad sexual en el Seminario Arquidiocesano de Paraná confirmaron que los defensores del cura Justo José Ilarraz, único imputado y que fuera procesado en esta causa antes del inicio de la feria judicial, aún no elevaron el recurso de apelación que estipula esta instancia del proceso. Si bien estiman en que esta medida se concretará antes del viernes, cuando se vence el plazo vigente en el anterior código penal, los abogados confían que el auto de procesamiento dictada por la jueza Paola Firpo, a cargo del Juzgado de Transición N°2, será “ratificado y confirmado”. Para uno de los querellantes, Marcos Rodríguez Allende, se trata de “una resolución ajustada a derecho, dado que los elementos probatorios existentes en el expediente son suficientes para requerir la elevación a juicio”.

El letrado adelantó a UNO que una vez resuelta esta etapa, en la cual primero es necesario que se pronuncie el Tribunal de Juicio y Apelaciones. Sobre los tiempos que demandará esta decisión, Rodríguez Allende indicó que “puede ser entre 1 y 2 meses. Luego seguramente vamos a tener una audiencia, donde cada una de las partes expondrá su posición”.

Recurso extraordinario

Paralelamente se está tramitando en la Justicia entrerriana el recurso extraordinario federal interpuesto por la defensa de Ilarraz ante el Superior Tribunal de Justicia para llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Al respecto Rodríguez Allende evaluó: “El STJ debe admitir en su formato esta apelación, pero lo cierto es que no se ha probado la gravedad jurídica necesaria para ser elevada a la Corte. Seguramente en esa instancia se rechazará el pedido, con lo cual quedará zanjada esta discusión”.

A Ilarraz, que pese al procesamiento mantiene su estado de libertad, se le impuso un embargo de 500 pesos. La jueza también notificó del procesamiento al fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull, quien tendrá que resolver si pide que vaya a juicio oral, y a las partes involucradas en la denuncia por los abusos que habría perpetrado entre 1985 y 1993 con estudiantes adolescentes que cursaban sus estudios secundarios.