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Violencia institucional

Caso Gabriel Gusmán: reclamaron que se desarchive la causa

Los querellantes exigieron que se resuelva el pedido hecho en noviembre, sobre el cual no hay respuesta, y se impute a los policías acusados de matar a Gusmán.

Viernes 12 de Marzo de 2021

Los abogados que representan a la familia de Gabriel Gusmán, el joven asesinado por la Policía en el barrio Capibá de Paraná el 25 de septiembre de 2018, presentaron este viernes un pedido de "pronto despacho" para que el Ministerio Púbico Fiscal se expida sobre la revisión del archivo dispuesto oportunamente en la causa. El procurador general, Jorge Amilcar Luciano García, tiene tres días para expedirse.

Según el escrito, al que tuvo acceso UNO, los querellantes sostienen que en la Investigación Penal Preparatoria se reunieron sobradas evidencias para sospechar de la participación de los policías en el homicidio de Gusmán. Por lo tanto, solicitaron que se disponga el desarchivo de la causa con la designación de un nuevo fiscal para instruirla.

El pronto despacho fue solicitado por los abogados José Iparraguirre y Ana Lucía Tejera, en el marco del legajo Nº 10.710 “Actuaciones de Oficio S/Homicidio simple" que tiene como denunciados a los policías Oscar Molina y Diego Íbalo. La causa está archivada desde noviembre de 2020, por decisión de los fiscales Francisco Ramírez Montrull y Gonzalo Badano, quienes no hicieron lugar al pedido de los querellantes de citar a prestar declaración de imputados a ambos integrantes de la fuerza de seguridad.

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Entre los fundamentos, los abogados querellantes recordaron que el 10 de noviembre de 2020 requirieron al Fiscal Coordinador la revisión de la decisión de archivo de los fiscales de primera instancia, disponiendo la continuidad del proceso con la toma de declaración a Ibalo y Molina. Sin embargo, desde dicha fecha la Fiscalía no se ha expedido sobre la solicitud.

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La familia de Gusmán insiste en el pedido de investigar el accionar de los policías que intervinieron en el homicidio.

La familia de Gusmán insiste en el pedido de investigar el accionar de los policías que intervinieron en el homicidio.

"Es evidente que el plazo transcurrido de cuatro meses es excesivo", sostuvieron Tejera e Iparraguirre. "Al entender de esta querella particular, en el presente proceso penal se estaría incurriendo en retardo de administración de justicia, y por ende vulnerando el derecho de la familia Gusmán, en este caso de la querellante Alejandra Gusmán, al acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva contemplada los artículos 18 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, en el artículo 14 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, artículos 7, 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos", dice el escrito.

Agregaron además, citando el caso "Bulacio", que la "razonabilidad del plazo es un aspecto fundamental en la consideración del debido proceso, lo que conlleva a un control de constitucionalidad y convencionalidad ineludible para quien impulsa la acción por parte del Estado, y cuya función no se agota en un debido proceso que garantice la defensa en juicio", sino también en "asegurar en tiempo razonable, el derecho de la víctima o sus familiares a saber la verdad de lo sucedido y que se sancione a los eventuales responsables".

Al entender de los abogados de la familia de Gabriel Gusmán, se han colectado en la Investigación Penal Preparatoria "sobradas evidencias" para acreditar la materialidad del delito y sospechar suficientemente de la participación de los agentes Íbalo y Molina en el homicidio agravado del joven Gabriel Gusmán.

"Dado el tiempo transcurrido –más de dos años– se vuelve imperioso que se le tome declaración de imputados a los funcionarios Oscar Rodrigo Molina como autor materialmente responsable y a Diego Sebastián Íbalo como partícipe necesario del delito de homicidio agravado en perjuicio de Gabriel Nicolás Gusmán, tipificando el hecho en los artículos 80 inciso 9 y 41 bis del Código Penal", añadieron.

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