José Amado
De la Redacción de UNO
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Buscan reunir a dos familias para pacificar el Gaucho Rivero
La violencia entre dos familias del barrio Gaucho Rivero parece no tener fin. Luego del homicidio de un pibe el año pasado, la destrucción de las casas de los acusados y la condena de prisión a cuatro personas hace un mes, los enfrentamientos recrudecieron. La sanción penal generó más violencia en lugar de calmar los ánimos. El hermano de la víctima del asesinato, que tenía una restricción para acercarse a los imputados, fue baleado y detuvieron a otros tres jóvenes.
Ahora, los abogados defensores pedirán a la fiscalía que solicite una mediación penal para terminar con el problema de raíz. Es decir, que las dos familias se sienten en la mesa y acuerden pautas de convivencia, con la ayuda de los organismos judiciales, provinciales y municipales correspondientes.
Días después de que Héctor y Gerardo Godoy, Sandro Toledo y Jesús Santana fueran sentenciados a prisión por el Homicidio en riña de Miguel González, en el barrio del oeste de Paraná hubo más piedrazos, tiroteos y heridos. En uno de los hechos, el hermano del pibe asesinado, de 15 años (que tenía una orden de restricción de acercamiento que no habría respetado) recibió un balazo en el mentón. Por esto quedaron detenidos tres jóvenes, uno menor de edad. Uno de ellos es Emanuel Santana, hermano de quienes cumplen la pena (que no está firme) por el homicidio de González.
La semana pasada, antes del inicio de la feria judicial, el juez de instrucción Nº 2, Mauricio Mayer, les tomó declaración indagatoria a Emanuel Santana, Héctor Veláquez y al menor, por el delito de Homicidio en grado de tentativa. La víctima en su declaración testimonial habría señalado a Velázquez como el autor del disparo que lo hirió, en tanto que los otros dos habrían estado cerca pero tuvieron una participación aislada.
“Poner los puntos sobre la mesa”
El abogado Mario Figueroa, defensor de Santana y del menor, solicitó la ampliación de la declaración indagatoria para aclarar esta situación y pedir el sobreseimiento, o en todo caso la falta de mérito. La misma fue otorgada y se realizará el 5 de agosto.
“Cuando se aclare cuál es la situación procesal y participación de mis defendidos, buscaremos llegar a pactar normas de convivencia”, informó a UNO Figueroa, sea mediante una mediación o una conciliación.
Actualmente en este caso no se puede implementar porque el Código Procesal Penal de la provincia permite estos institutos para las causas que no sean de hechos graves, tales como lesiones leves o amenazas, y no para los casos como una tentativa de homicidio, que contempla penas más altas. Por eso hay que aguardar previamente la resolución del juez Mayer al respecto, y que el fiscal también haga la solicitud de la instancia judicial de diálogo entre las partes.
La idea será reunir a “las dos familias completas, poner los puntos sobre la mesa. Es mi punto de vista, llegar a un arreglo, conciliación o solución alternativa antes de que se aplique la ley penal”, explicó Figueroa, lo cual también “es una decisión del Ministerio Público Fiscal. Por parte de mi defensa estamos absolutamente dispuestos a dialogar y llegar a una solución favorable para las dos familias”, aseguró el defensor.
Además, recordó que la violencia en el barrio no se da solamente desde un sector hacia el otro, sino que se ejerce mutuamente. Ejemplo de ello, dijo el abogado, es que la noche anterior al hecho del tiro en el mentón del adolescente, éste había baleado la casa de los acusados. Por ello “la intención es que esto se termine”, expresó Figueroa.
Compromiso de todos
En tal acuerdo, ambas familias enfrentadas deberían fijar normas de convivencia en el barrio y finalizar con los hechos de violencia. Para esto también será necesaria la intervención de las autoridades judiciales, provinciales y municipales de los organismos que correspondan, como por ejemplo el Centro de Mediación Municipal o el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia, los cuales deberán tomar conocimiento de la situación, adoptar las medidas necesarias para que la negociación tenga éxito, y se pueda cumplir con las pautas de conducta que cada cual acepte.
Solución voluntaria con diálogo
El artículo 211 del Código Procesal Penal de Entre Ríos establece la conciliación como instancia previa al proceso judicial y la utilización de técnicas que permitan recomponer situaciones, reconciliar a las partes, o arribar a una justa reparación del daño causado. Esto con principios como la voluntariedad, confidencialidad, la firma de un convenio entre las partes en conflicto, celeridad en la tramitación, entro otros.
En el ámbito de la Defensoría del Pueblo de Paraná funciona el Centro de Mediación, que define a ésta como “una manera de abordar, resolver y transformar conflictos de forma pacífica (...) La coordinación del encuentro está a cargo de los mediadores, quienes tienen la misión de facilitar la comunicación y estimular la creatividad de los participantes para generar alternativas nuevas a los problemas cotidianos”.
El servicio, que es extrajudicial, voluntario y confidencial, se otorga para todos los vecinos de la ciudad de manera gratuita. Se puede acudir a calle Monte Caseros 159 de la capital entrerriana o a los teléfonos al 4211029, 4202322 y 0800 777 1112.