El Fiscal de Estado de la provincia, Julio Rodríguez Signes, comunicó que el gobierno provincial asumirá gran parte del costo de la nueva autopsia que se le realizará al cuerpo de Ariel Goyeneche, cuyo valor asciende a 2.620.000 pesos. El hombre, de 36 años, falleció el 12 de febrero de 2024, por asfixia, tras ser detenido y mientras era trasladado a la comisaría segunda de Paraná.

En relación con este hecho, tres policías están imputados por homicidio en exceso del cumplimiento del deber. Los involucrados son Lisandro Romero y David Vázquez, quienes cuentan con la defensa de los abogados Iván Vernengo y Damián Petenatti, y Alan Vázquez, defendido por Eduardo Gerard.

En junio de 2024 se conoció la autopsia provincial que señaló que el joven murió por “asfixia mecánica por compresión extrínseca a nivel toraco abdominal”. Ese informe fue clave para que el fiscal Santiago Alfieri sostuviera que el “accionar policial causó la muerte al excederse en los términos”, y que Goyeneche “era orgánicamente sano”.

Nueva autopsia

Sin embargo, las defensas de los policías exigieron que se realice una segunda autopsia a cargo de los médicos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En noviembre de 2024, los abogados defensores lograron que el juez Elvio Garzón dispusiera la intervención de los peritos forenses del máximo tribunal nacional.

Tras ello comenzó otra discusión: quién pagaría el costo de la nueva autopsia. El 14 de febrero de este año el juez Garzón trató el asunto y resolvió que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) pague el 60% de la pericia, mientras que el Ministerio Público Fiscal tendría que abonar el 10%, y los policías imputados, un 30% repartido en tres partes iguales. Sin embargo, la resolución fue rechazada por el STJ, que apeló la decisión y solicitó la intervención de la Fiscalía de Estado.

Días atrás, el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, explicó a UNO que el Superior Tribunal no debía hacerse cargo del pago de la pericia, dado que no es parte en el proceso penal y la resolución no está suficientemente fundamentada. Además, detalló que la Provincia podría tener interés en la realización de la pericia y que por ello se consultó al ministro de Seguridad sobre si asumirá el pago del 60% del monto.

"Lo que está en juego es un proceso penal, pero no descartamos que exista uno de responsabilidad que le incumbe a la Provincia y podría servir. Si la pericia la van a hacer los médicos forenses de la Corte Suprema, dado el costo que no es muy alto, a nosotros nos puede interesar”, había explicado el Fiscal de Estado.

Finalmente, esta semana la Fiscalía de Estado presentó un escrito ante el juez Garzón en el que comunicó la respuesta por la positiva: el gobierno se hará cargo de la mayor parte de la nueva autopsia.

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El hecho

La muerte de Goyeneche, padre de una niña de 12, ocurrió el lunes 12 de febrero frente a la Comisaría segunda de Paraná, en el centro de la capital entrerriana. Todo comenzó esa madrugada cuando un vecino alertó al 911 que un hombre caminaba por los techos de calle Piedrabuena, y dos policías llegaron al lugar.

El hombre declaró que Goyeneche descendió del techo de una casa y “sin resistencia” –según constó en el parte policial– aceptó ser esposado. Goyeneche fue trasladado a la comisaría por el supuesto delito de invasión a la propiedad privada, a pesar de que notaron que se encontraba “exaltado” y no fue atendido por el médico policial.

Incluso existe un protocolo establecido por el Ministerio de Seguridad de la Nación (Resolución 843/2022) que determina “solicitar la atención inmediata del equipo de salud” como “prioridad”. Gracias a las cámaras de seguridad de la zona se estableció que Ariel estaba en buenas condiciones de salud, por lo que Alfieri detectó “excesos” en el accionar policial.

Según señaló el fiscal en la primera etapa de la investigación, a Goyeneche “lo mantienen media hora adentro del patrullero para trasladarlo menos de una cuadra. Recién a las 5:50 lo bajan del auto y reducen entre el cordón cuneta y la vereda”.