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Allanaron el hospital de La Paz por una denuncia de aborto

La esposa de un jefe de un área del hospital 9 de Julio es investigada por la Justicia por realizar abortos clandestinos en la ciudad. Una mujer estuvo grave por hemorragias en una práctica

Martes 25 de Noviembre de 2014

Una mujer que decidió interrumpir su embarazo en la ciudad de La Paz, corrió riesgo de vida por una hemorragia. El hecho fue denunciado por su hermana, por lo que la Justicia y la Policía allanaron dos lugares: un domicilio particular y el área de Maternidad del hospital 9 de Julio, donde se secuestraron elementos probatorios que incriminan a una mujer, que es la pareja del supervisor de un área del nosocomio.


Según informaron a UNO fuentes cercanas a la causa, la semana pasada, una joven de 26 años se presentó ante las autoridades policiales de La Paz, para denunciar que su hermana de 24 estaba internada en el hospital de la localidad, donde debió recibir transfusiones sanguíneas por la pérdida de sangre que había sufrido en un aborto. Además, dio el nombre de la mujer que le realizó la práctica por la cual estuvo con riesgo de vida, así como el domicilio de una amiga, que fue el lugar donde se llevó a cabo la interrupción del embarazo. La denunciante contó la historia que llevó a su hermana a tomar tal decisión: tiene dos hijos y temía por la reacción de su familia ante un nuevo embarazo.


De manera inmediata, la Policía puso el hecho en conocimiento del fiscal en turno, y se autorizaron varios allanamientos. El primero fue en la casa donde se habría llevado a cabo el aborto, donde se encontró: cuatro guantes de látex, siete guantes de nailon, medicamentos antiinflamatorios y antibióticos, una gasa, una toalla, una sábana y prendas de vestir con sangre, una pinza de depilar, una tijera y dos ecografías.


La segunda requisa ordenada por las autoridades judiciales fue en la Maternidad del hospital 9 de Julio, que se realizó con la presencia del director del nosocomio, donde se secuestró la historia clínica de la paciente. Por último, los uniformados se dirigieron a un último domicilio en el que se incautaron otros elementos de interés para la investigación.

 

 

Medio millón por año

 

Los riesgos en la vida de mujeres que interrumpen embarazos, y a su vez el negocio de quienes practican abortos en la clandestinidad, son las dos caras de la ilegalidad de los mismos en Argentina. Recientemente el Congreso de la Nación volvió a discutir un proyecto para la despenalización del aborto que divide aguas en la sociedad, pero nuevamente no logró un dictamen favorable en comisión.


El Código Penal argentino, en su artículo 85, establece que “el que causare un aborto será reprimido: 1º Con reclusión o prisión de tres a diez años, si obrare sin consentimiento de la mujer. Esta pena podrá elevarse hasta quince años, si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer. 2º Con reclusión o prisión de uno a cuatro años, si obrare con consentimiento de la mujer”.


La única excepción a esta norma es: “Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto”


El mencionado proyecto de ley fue impulsado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que expresó: “La despenalización y legalización del aborto es un tema de justicia social, porque el aborto clandestino mal hecho, sin condiciones sanitarias adecuadas, pone en peligro la vida y la salud de las adolescentes y las mujeres más pobres. Condena a la muerte a cientos de mujeres por año en nuestro país, siendo la primera causa de Mortalidad Materna en Argentina”.


En el comunicado con numerosas firmas y adhesiones, sostienen que “la criminalización del aborto no impide su práctica, como lo demuestra la realización de alrededor de medio millón de abortos por año. La legalización no obliga a nadie a practicarlo, por el contrario, garantiza condiciones sanitarias dignas, seguras y gratuitas para todas las mujeres que deciden interrumpir un embarazo. Así como reconoce la plena autoridad, la capacidad y el derecho de las mujeres para resolver el dilema de un embarazo no deseado y no ser sometidas a una maternidad forzada”.

 

 

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