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Ahora investigan a Barrientos por hechos de “gravedad institucional”

El Procurador General de la provincia dio a conocer la posición del Ministerio Público en la causa por el crimen de Matías Giménez. Se lo investiga por delitos de instigación al falso testimonio, atentado a la autoridad calificada, intimidación pública e incitación a la violencia colectiva.

Jueves 29 de Noviembre de 2012

El Procurador General del Poder Judicial de la provincia de Entre Ríos, Jorge Amílcar Luciano García, se pronunció en relación a hechos “de inusitada irregularidad procesal” vinculados a la causa donde se investiga la responsabilidad de Gustavo “Petaco” Barrientos en el crimen de Matías Giménez, ocurrido hace dos semanas en la ciudad de Paraná.

En este marco el funcionario judicial aseguró que “instruyó al agente fiscal en turno para que requiera la instrucción formal por los delitos de instigación al falso testimonio, instigación a la falsa denuncia, atentado a la autoridad calificada, intimidación pública o incitación a la violencia colectiva”.

En los hechos denunciados se menciona además la participación de “su letrado, defensor y a allegados presuntamente pertenecientes a la hinchada de un club local”.

Entre las irregularidades detectadas se “ha constatado que un testigo de cargo de la causa penal, ha sufrido coacciones para que cambie su exposición original realizada en sede policial, favoreciendo de esa manera a Barrientos. Incluso, este testigo, fue llevado a una escribanía donde se le hizo firmar una nueva versión falsa de los hechos”.

“Como si esto no fuese suficiente, se le hizo firmar a este testigo, -de escasos conocimientos técnico-jurídicos-, una denuncia de habeas corpus en la que afirma falsamente ser perseguido por autoridades policiales y del Ministerio Público Fiscal para perjudicar al acusado ya referido. Además, existe una probabilidad rayana en la certeza de que la impresora empleada en la denuncia de Habeas Corpus es la misma de los escritos de la defensa de Barrientos en la presente causa”, se agrega en un comunicado.

En el escrito se concluye que “como Ministerio Público Fiscal somos absolutamente respetuosos del mas amplio alcance del derecho de defensa en el proceso, pero éste, como toda actividad partiva, tiene el límite de la legalidad, es decir no puede anudarse al colectivo ilícito quebrantando lo que se han llamado "normas de resguardo", es decir aquellas que garantizan que la afectación a las normas penales que fijan prohibiciones y mandatos enfáticos, puedan investigarse, enjuiciarse y eventualmente sancionarse penalmente”.

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