Un policía que fue filmado con un celular por un automovilista mientras negociaba el pago de una coima para evitar una multa por infracción de tránsito, evitó el juicio oral y público y acordó con la Fiscalía una pena condicional en un juicio abreviado. El episodio ocurrió en 2009, cuando el sargento Sergio Fabián Echeverría cumplía funciones en el puesto de control del túnel subfluvial. El mismo transportista que lo filmó y le pagó radicó la denuncia en la Justicia.
Aceptó prisión condicional el policía que cobró una coima
El delito que le imputan a Echeverría es Exacción ilegal agravado por ser un funcionario público (concusión), por el hecho ocurrido el 20 de agosto de 2009. Aquel día, un comerciante atravesó el túnel subfluvial de Santa Fe a Paraná en su vehículo transportando mercadería, y su marcha fue detenida por un policía con campera amarilla y gorra azul, uniforme característico del personal policial de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial.
El conductor, entonces dueño de dietéticas en ambas ciudades, puso el celular en la función de filmación, colocó la cámara enfocando al policía y grabó toda la conversación.
Según se puede ver y oír en el video, que aún está en Internet, el sargento le recriminó al automovilista tener mal los remitos de la mercadería que transportaba y le ofreció un importante descuento en la multa, incluso cambiando el tipo de infracción para evitar problemas con AFIP: “Podés abonar acá, se te hace un descuento del 25%. Te sale 399,07 -pesos-, porque se te hace por 170 litros, no el total de 300 litros de combustible, a precio de nafta súper. Yo pongo por falta de documentación exigible o por cualquier otro artículo”, de lo contrario tenía que dar intervención a la DGI. “Entonces evitamos todo ese quilombo”, agregó.
El conductor le dijo: “Pero no llego a toda esa plata. A 400 mangos no llego ni a palos”. “Fijate a cuánto llegás, yo voy a hablar con el jefe”, sugirió el policía. “A lo sumo 100 mangos puedo tener, tengo que buscar guita al negocio, tengo que pagar cosas”, ofreció el comerciante. El uniformado le explicó que no podía hacerlo por 100, ya que la multa mínima era de 117 pesos, por falta de uso del cinturón o falta del matafuegos.
Finalmente, el transportista, hurgando en su billetera, sacó 120 pesos: “Llevale esto -al jefe-, a ver qué te dice”, propuso. El agente estiró el brazo, tomó el dinero mirando hacia alrededor y le preguntó, por las dudas: “¿Vos querés comprobante por esto?”. “No, yo quiero zafar nomás”, respondió el conductor. “Bueno dejá, yo te hago zafar. Andá nomás yo le voy a decir que está todo bien, quedate tranquilo”, finalizó el policía.
Las denuncias
El video fue presentado por el comerciante en Canal 11 y luego alcanzó gran difusión mediática. El director de Seguridad Vial, Gustavo Maslein, denunció al sargento Echeverría en la Fiscalía, y se dispuso desde la jefatura de Policía provincial desplazar a toda la guardia que el martes se encontraba trabajando en ese puesto de control.
Al día siguiente, el comerciante que filmó el episodio radicó la denuncia en la Justicia, y además remarcó que había recibido en su celular varias llamadas telefónicas donde lo amenazaban y amedrentaban para que retirara la denuncia en Tribunales.
El acuerdo
El juicio tenía fecha para setiembre de 2012, en la Sala 2 de la Cámara del Crimen de Paraná. El acusado, que reside en Rosario del Tala y es defendido por el abogado Marcos Rodríguez Allende, se había excusado por presentar “un cuadro de profunda depresión”. Luego de constatarse por los médicos de la Justicia sus condiciones para ser juzgado, negoció la pena de un año y seis meses de prisión condicional con el fiscal de Cámara Rafael Cotorruelo. Se fijó una nueva fecha para ayer, pero por problemas de comunicación Echeverría no se presentó. Por lo tanto la audiencia de juicio abreviado quedó reprogramada para el lunes, donde las partes presentarán el acuerdo ante el tribunal.
Una pena moderada
El artículo 266 del Código Penal argentino sostiene en el capítulo Exacciones ilegales: “Será reprimido con prisión de uno a cuatro años e inhabilitación especial de uno a cinco años, el funcionario público que, abusando de su cargo, solicitare, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente, una contribución, un derecho o una dádiva o cobrase mayores derechos que los que corresponden”. El 268 eleva la pena a dos a seis años cuando esto sea “en provecho propio”.
Teniendo en cuenta que el caso del sargento Echeverría se encuadró en el primer artículo mencionado, la pena de un año y medio de prisión es poco más de la mínima que establece la ley para este delito.