Con una importante inversión, que incluye obra pública proyectada por el área de Planeamiento y realizada con recursos propios, adquisición de tecnología en seguridad y un software que permite una mejor gestión de los elementos depositados, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) desarrolló un plan de modernización del área encargada de gestionar los elementos secuestrados en causas judiciales.
A través de Anmac, la Justicia entrerriana destruirá más de 1.200 armas incautadas
El Poder Judicial reestructuró y modernizó el área de efectos secuestrados
15 de agosto 2017 · 15:35hs
UNO/Juan Ignacio Pereira
Foto UNO/Juan Ignacio Pereira
Foto UNO/Mateo Oviedo
Para la sistematización y manejo de los depósitos se seleccionó un nuevo equipo de personal, se planificaron actividades de capacitación y vinculación institucional con otros tribunales provinciales y la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac, exRenar). En el último acuerdo, el STJ recorrió las instalaciones remodeladas y aprobó el decomiso y entrega al Anmac de casi 1.300 armas de fuego para su destrucción.
Remodelación
A partir del gran crecimiento del número de armas y otros efectos que comenzaron a desbordar los depósitos, se hizo necesario contar con espacios más amplios y seguros, como así también, generar un sistema de gestión de los elementos secuestrados más ágil y profesional.
En ese marco, en 2015 se firmó un convenio con el Ministerio de Justicia de la Nación para agilizar el intercambio de información, mediante un acceso más rápido a los datos de los Registros Nacional de Armas (Renar) y se estableció contacto con las autoridades nacionales para sistematizar la entrega de armas a ese organismo para su destrucción. Para ello, el STJ solicitó al área correspondiente un plan de saneamiento del depósito de armas, con informes periódicos de los avances.
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En enero de 2016 surgió una investigación penal del Ministerio Público Fiscal por la sustracción de armas de fuego de la Sección Depósito de Efectos Secuestrados, que aún está en marcha con personas condenadas e imputadas, entre ellas, agentes del Poder Judicial, como así también, un sumario administrativo dispuesto para determinar responsabilidades.
Mientras tanto, el Alto Cuerpo siguió adelante con el plan de modernización del área, con mejoras en diferentes aspectos.
Como primer paso, a fines de junio de 2016 el STJ designó un nuevo equipo de trabajo, a cargo del Licenciado en Criminalística Héctor Peralta, que colaboró con la Fiscalía y el personal de Robos y Hurtos de la Policía que llevan adelante la investigación penal, brindando información existente en el área.
Al mismo tiempo, se encargó al área de Planificación el diseño de una obra de adaptación de las instalaciones, siguiendo las sugerencias del personal especializado, en cuanto a la adecuación de espacios para lograr la concentración de los depósitos, con específicos requerimientos de seguridad.
El área de Efectos Secuestrados centralizará los elementos bajo su custodia en dos locales: uno de amplias dimensiones, ubicado en la planta baja del edificio de Tribunales de calle Laprida 251 de Paraná (en el mismo sector que utilizaba la dependencia, pero de mayor superficie), y otro sector ubicado en el subsuelo del mismo edificio. Ambos espacios cuentan con un solo ingreso (puerta única), con características especiales de seguridad con apertura biométrica, cámaras de vigilancia y un sistema de alarma. Las obras se realizaron con fondos del presupuesto del Poder Judicial. Los sistemas implementados cumplen con las exigencias de las normativas nacionales de seguridad, y de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC, ex Renar), para las instalaciones que poseen materiales controlados, como armas de fuego y municiones.
Para acondicionar los espacios, el nuevo personal encaró una tarea de ordenamiento y limpieza, que incluyó el traslado de motos y bicicletas a un depósito de la Policía de Entre Ríos en La Picada. Con ello se logró un aumento considerable de superficie utilizable y la capacidad operativa del Depósito.
Además, se reordenaron los efectos secuestrados en sectores individualizados con indicadores, etiquetas rotuladas, selladas previamente, y con precintos numerados, junto a la cadena de custodia, con el objetivo de garantizar la identificación e inviolabilidad de cada objeto. Todo ello, en vistas a preparar las instalaciones y los objetos para iniciar una nueva gestión sistemática y ágil de los materiales depositados, para lo cual se trabajó coordinadamente con las secretarías de Superintendencia del STJ, y las áreas de Planeamiento, Archivo, Intendencia y Compras, para efectivizar las mejoras edilicias.
El nuevo personal del área se ha perfeccionado con los técnicos de Informática de Tribunales, para incorporar un software de gestión que es utilizado por todo el Poder Judicial, a fin de que las Fiscalías y Juzgados puedan realizar un seguimiento de los efectos secuestrados, correspondientes a cada legajo de investigación.
En tanto, el nuevo equipo de trabajo elabora un protocolo de actuación para la gestión de las armas de fuego y demás elementos incautados. El personal realizó cursos de perfeccionamiento en el manejo de programas informáticos, y se vinculó institucionalmente con sus pares de la provincia de Córdoba, para observar las modalidades de guarda y destrucción, y las normativas vigentes, en pos de aprovechar la experiencia de aquella jurisdicción.
Destrucción
Luego del reordenamiento y modernización, la Sección Depósito y Efectos Secuestrados realizó una propuesta para la destrucción de armas de fuego y municiones en conjunto con ANMAC, que significa un menor costo para el Poder Judicial por el traslado y desnaturalización de los elementos por parte del organismo nacional, como así también más seguro, dado que implica un control cruzado y exhaustivo de la entrega y recepción del material. El área detalló que existen 1236 armas de fuego preparadas para ser enviadas a la Agencia Nacional.
En el Acuerdo General Nº 21/17 del 8 de agosto último, el Alto Cuerpo recorrió las instalaciones de la Sección Depósito y Efectos Secuestrados para observar la finalización de las obras y el funcionamiento de los diferentes dispositivos de seguridad instalados, y aprobó la propuesta de entrega de las armas al ANMAC para su destrucción.