Polémica por los juzgados de Paz entre el STJ y los senadores
Pretenden modificar la Ley Nº 8.069 para que se reconozca y se incorpore a los secretarios de esos estrados a la categoría de magistrados y funcionarios judiciales. Este año se debería resolver.

Jueves 03 de Enero de 2013

En el cierre de 2012 hubo un cortocircuito entre los senadores entrerrianos y el Superior Tribunal de Justicia (STJ) en torno de la modificación de la Ley Nº 8.069 para que se reconozca y se incorpore a los secretarios de los juzgados de Paz a la categoría de magistrados y funcionarios judiciales. Al parecer, un malentendido sobre la autoría del proyecto fue el desencadenante de un faltazo que molestó a los legisladores. Pero todo indica que este año volverá la tranquilidad.
 

La iniciativa del exdiputado provincial José María Miser, que tiene media sanción en esa cámara, propone regularizar una problemática que tiene algunos años. Según se cuenta en los pasillos del Senado, Miser promovió el proyecto porque muchos secretarios de los juzgados de Paz fueron nombrados en la última gestión de Sergio Montiel. Por un error de tipeo en un medio periodístico alguien le adjudicó la autoría de la iniciativa al STJ, algo que habría molestado a los vocales. Otra cosa que se conoció en estos días fue que en mayo de 2012 los senadores conocieron sobre el proyecto. En ese mes el STJ pidió la primera audiencia para hablar sobre el tema.

Desencuentro
El martes 18, a las 9, los senadores esperaron en vano la llegada de la presidenta del STJ, Leonor Pañeda, para hablar del proyecto, que muchos erróneamente le adjudicaban. Llamaron por teléfono a Tribunales, pero nadie contestó.
 

Durante 2012 el STJ solicitó dos reuniones: una en mayo y otra en octubre. El Senado convocó a la presidenta recién a fin de año. Los legisladores se mostraron molestos por el faltazo y en algunas radios criticaron la actitud de la presidenta del Superior Tribunal. Sin embargo, ayer UNO pudo conocer que todo estaría más que bien durante los próximos meses. El tema de los juzgados de Paz estaría ligado a lo presupuestario, ya que la aprobación de la modificación implicaría un incremento en los haberes de los secretarios. Pero en caso de existir dinero, habría senadores que propondrían la creación de tres Cámaras de Apelaciones.

No es autor ni impulsa el proyecto
El Superior Tribunal de Justicia informó a través de un comunicado que no es autor ni impulsa el proyecto de ley que modificaría la Ley Nº 8.069 en cuanto refiere a la situación de revista de los secretarios de juzgados de Paz. Leonor Pañeda hizo conocer que “en modo alguno ha impulsado o propiciado el Proyecto de Ley que pretende modificar la Ley Nº 8.069 -Ley Orgánica del Poder Judicial-, ya que el Alto Cuerpo desconoce los términos de dicho Proyecto y no ha tenido intervención alguna en su redacción ni gestión. Es por ello que el Superior Tribunal de Justicia, en reunión de Acuerdo General, instruyó a su Presidenta para que solicite una reunión con la Comisión del Senado que trata dicha iniciativa, con el fin de tomar conocimiento en forma oficial de sus términos y alcances, y así poder dar la opinión del STJ en relación a un Proyecto que modificaría la estructura orgánica del Poder Judicial”.

El proyecto de ley 8.069
La modificación de la ley, autoría de Miser, establece que en el artículo 2 el siguiente porcentual remunerativo para los secretarios de juzgados de Paz, conforme a la categoría del Juzgado: a) Un secretario de 1ª categoría pasaría a cobrar un 52,5% de la remuneración del vocal del STJ; b) El de 2ª categoría, un 44%; c) El de 3ª categoría, un 40% .
 

En su artículo tercero aporta otro beneficio: “Los secretarios de los juzgados de Paz gozarán de los mismos beneficios que el resto de los funcionarios y magistrados incluidos en la categoría”. El Presupuesto 2013 aprobado en la Legislatura fija como salario para un vocal 31.409 pesos con 46 centavos.

Lesa humanidad: 2012 dejó 400 represores condenados
A lo largo y ancho de la Argentina se realizaron juicios por delitos cometidos durante la última dictadura militar. El 2012 dejó 400 represores condenados. Entre los juicios se destaca el proceso por el que la Justicia reconoció la existencia de un plan sistemático de robo de bebés, además de registrarse la primera condena a un funcionario civil.
 

Los últimos fallos de 2012 fueron el jueves 27 de diciembre. Ese día se conocieron tres sentencias en Rosario, Corrientes y Entre Ríos, donde los exjefes de los regimientos de Ejército de Concordia, Naldo Miguel Dasso, y de Gualeguaychú, Juan Miguel Valentino, fueron condenados a prisión perpetua en el juicio por la “megacausa Harguindeguy”, en referencia al exministro del Interior de la dictadura Albano Harguindeguy, quien estaba imputado pero falleció mientras se desarrollaba el proceso.
 

Entre las sentencias más destacadas están las que recibió el dictador Jorge Rafael Videla el 5 de julio. Ese día la Justicia argentina reconoció la existencia de un plan sistemático de robo de bebés a mujeres secuestradas durante la última dictadura, al condenar a 50 años de reclusión, la máxima sanción prevista en la legislación nacional, al exdictador, y aplicó severas penas de hasta 40 años a otros represores.
 

También hubo penas por la Masacre de Trelew, perpetrada el 22 de agosto de 1972, durante la dictadura de Alejandro Lanusse, y considerada por el tribunal como un “crimen de lesa humanidad”.
 

En La Rioja, el 7 de diciembre, fueron condenados a prisión perpetua en cárcel común los represores Luciano Benjamín Menéndez, quien suma una nueva condena; Luis Fernando Estrella y Domingo Benito Vera, por los asesinatos de los sacerdotes Carlos Murias y Gabriel Longueville, que trabajaban con el también asesinado exobispo de La Rioja, Enrique Angelelli.